La UTE Camping de Zaragoza ha sido la encargada de gestionar y explotar el camping de la capital aragonesa desde 2010. Su contrato finalizó el pasado 26 de febrero de 2020.
Actualmente, más de dos años después, el Ayuntamiento de Zaragoza aún no ha sacado a concurso el nuevo contrato. De hecho, acaban de anunciar (el 31 de mayo de 2022) que se han finalizado los pliegos técnicos y administrativos y que están a la espera de su próxima publicación.
Óscar Andrés, gerente de la contratista –que ha llevado el caso a los tribunales–, asegura a AraInfo que se sienten “atados a esas instalaciones, cautivos. Yo no me puedo ir de aquí sin incurrir en problemas jurídicos. La ley dice que las instalaciones se tienen que atender, pero también que no se pueden producir prórrogas tácitas encubiertas”.
Finaliza la concesión y llega el coronavirus
Para comprender mejor la situación actual, conviene hacer un repaso de los hechos. En febrero de 2020 terminó la concesión a la UTE mencionada: esta consistía en que la empresa pagaba un canon fijo cercano a los 50.000 euros al año, más un variable que consistía en un porcentaje de los ingresos. Andrés apunta que solían facturar unos 850.000 euros anuales y el variable ascendía a alrededor de 10.000 euros.
Cuando finalizó la relación contractual, recuerda el gestor, nadie les dijo nada, así que siguieron gestionando el espacio y tratando de concertar una reunión con el Ayuntamiento de Zaragoza, que no lograron.
El 14 de marzo de 2020, ya en plena pandemia del coronavirus, continuaban sin tener noticias municipales. Mandaron un mail, al que ha tenido acceso este medio, en el que de nuevo solicitaban un encuentro con los responsables y advertían de que estaban valorando la opción de realizar un ERE.
Además, subrayaban la complejidad que tiene abandonar unas instalaciones como las del camping: “Hay clientes con contratos temporales, pero todavía en vigor, a los que habría que desalojar, y que se quedarían en la calle. También habría que trazar algún plan para garantizar la seguridad de las instalaciones”.
Tampoco recibieron respuesta.
La empresa pide una compensación por la gestión del Camping de Zaragoza
En la empresa, recuerda Andrés, eran 16 empleados. En un momento tan crítico como el del COVID-19 tuvieron que hacer un ERTE: “Nos quedamos con el personal mínimo para mantener las instalaciones y por eso se ha sostenido esto, si no, hubiéramos ido a un concurso de acreedores”, asevera.
Ante el silencio atronador de la Administración, en enero de 2021 enviaron una factura al Ayuntamiento de Zaragoza por valor de 134.309,29 euros, correspondiente a “la gestión y mantenimiento del Camping Municipal Ciudad de Zaragoza del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2020”.
Se incluían conceptos como ‘Conservación, reparación y mantenimiento de espacios destinados a equipamientos, zonas verdes, zonas deportivas o espacios comunes’.
Dicha factura no ha sido abonada por el Consistorio. Desde el mismo afirman que el Ayuntamiento “rechazó valorar desde el inicio esta solicitud de compensación económica, porque la empresa no aportó, y sigue sin aportar, las facturas y justificantes que den fe de esos gastos”.
La adjudicataria interpuso un recurso judicial en el Contencioso Administrativo para reclamar esa compensación, y el Ayuntamiento, informan fuentes municipales, “ya aportó en el proceso la falta de justificantes y facturas que avalen dicha solicitud, por lo que ahora se está a la espera de la decisión judicial”.
Andrés, por su parte, afirma que han entregado toda la documentación que les han solicitado.
El Ayuntamiento exige el canon aunque no haya contrato
A pesar de no haber contrato, y de no atender a las peticiones de compensación pecuniaria de la empresa, desde el Ayuntamiento sí enviaron a la UTE el recibo para que abonara el canon de gestión.
En 2020, este talón de cargo era de 32.827.29 euros, puesto que se incluía una bonificación debido a los perjuicios causados por el coronavirus. La empresa presentó un recurso por considerarlo improcedente.
Recientemente, ya con los dos años sin contrato cumplidos, les ha llegado el canon correspondiente a 2021, en este caso por valor de 47.426,80 euros. Del mismo modo, no han sido abonados.
“Es una prórroga tácita no permitida por los pliegos ni por la legislación contractual”
El penúltimo episodio tuvo lugar el pasado 7 de febrero de 2022, cuando el Área Técnica de Control Financiero de la Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza emitió un Informe sobre el grado de ejecución del Plan de Control Financiero, de Eficacia y Auditoría Pública correspondiente al ejercicio 2021.
En él se hace referencia, entre otras contratas, a la del Camping de Zaragoza. El interventor anota que, con fecha 17 de marzo de 2021 (más de un año después de que venciera la concesión), desde Vicepresidencia de Zaragoza Turismo se dio orden de iniciar el procedimiento administrativo para la nueva licitación del contrato.
No deja dudas sobre la legalidad de la situación: “Estamos ante una prórroga tácita no permitida por los pliegos ni por la legislación contractual, continuándose la prestación del servicio por razones de interés público, pero sin orden expresa al efecto”.
Quizá no con base en la factura enviada por la empresa, pero el interventor sí considera que se debería compensar a la empresa explotadora. Señala lo siguiente al respecto:
“Las pérdidas ocasionadas por la prestación del servicio durante la pandemia y fuera de la vigencia del contrato, bajo una orden de continuidad tácita e irregular, no pueden ser soportadas por el contratista. De lo contrario, se estaría produciendo un enriquecimiento injusto de la Administración, cuyo interés en que se preste el servicio de camping en la ciudad se vería satisfecho a costa del contratista, que, de no haber continuado con la prestación del servicio al finalizar la vigencia del contrato, no habría incurrido en pérdidas por la imposibilidad de cubrir los gastos con los ingresos”.
Por ello, continúa el texto del interventor, “consideramos que procedería compensar las pérdidas soportadas por el contratista desde la fecha en que terminó la vigencia del contrato hasta que finalice prestación irregular del servicio, previsiblemente en el momento de adjudicación del nuevo contrato, mediante el procedimiento de convalidación de gastos previsto en la Base n.° 22 de Ejecución del Presupuesto”.
Lo anterior, puntualiza, “sin perjuicio de que no proceda la admisión de la cuantía solicitada por el concesionario, basada en la emisión de una factura por la prestación de un servicio de mantenimiento no encargado por el Servicio municipal responsable (...) La cuantía económica a satisfacer al concesionario deberá garantizar, al menos, los gastos de explotación y un mínimo de beneficio industrial (acorde a la media del sector), por aplicación de los principios que pueden extraerse de los artículos 126, 127 y 128 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales”.
El Ayuntamiento acusa a la adjudicataria de falta de colaboración
Con los pliegos recién elaborados, desde el Consistorio explican que el proceso ha sido más complejo de lo esperado, “en primer lugar, por los aspectos técnicos y, en segundo, por la absoluta falta de colaboración por parte de la actual empresa adjudicataria, cuya información era relevante para los estudios de costes y la revisión de precios, y que al no ser aportada ha conllevado también mayor dilación en el tiempo y complejidad en su elaboración”.
Se espera, por tanto, que próximamente salga a licitación la gestión del Camping de Zaragoza. Un concurso al que Óscar Andrés tiene claro que no se va a presentar: “Este año está siendo excepcionalmente bueno, pero eso no quita para que yo me siga queriendo ir. Si mañana me dicen que les dé las llaves, se las doy, quiero mi libertad, y eso está por encima de los beneficios”.
