La germinación de la Residencia Villa de Ejea estuvo marcada por la opacidad. Tanta que, 31 años después, todavía no se sabe de dónde salió el dinero para construirla (al menos, nadie lo dice). A pesar de proyectarse como un centro público, nació siendo privado, y así ha funcionado hasta ahora. Tres décadas de desempeño, teóricamente, normal, pero sin respuestas acerca de su origen.
Hasta que, en 2021, la residencia, como otras muchas en todo el Estado, fue intervenida por el Gobierno de Aragón (DGA) en plena pandemia del COVID-19. Pero con dos salvedades: el de Ejea fue el primer centro residencial cuyo control fue tomado por la Administración; y la única que, posteriormente, no volvió a su gestión anterior, sino que –denuncia mediante–, pasó a nuevas manos.
Cesión gratuita de terrenos a una asociación con domicilio en el Ayuntamiento
El 7 de noviembre de 1988, y con Fernando Acín (PAR) como alcalde ejeano –en la única legislatura desde 1983 en la que el PSOE no ha estado al frente del Consistorio– se constituyó (con domicilio en el propio Ayuntamiento) la Asociación Nuestra Señora Virgen de la Oliva.
En enero de 1989, el Pleno municipal aprobó la cesión gratuita de los terrenos del antiguo cementerio municipal, de 3.979 metros cuadrados, a la Asociación referida para la construcción de una residencia de la tercera edad.
Salió adelante con nueve votos a favor (siete del PAR y dos de los independientes) y siete abstenciones (cinco del PSOE, una de Izquierda Unida y otra de un concejal independiente). Entre los ediles socialistas estaba Javier Lambán, que, tal y como se refleja en el acta del Pleno a la que ha tenido acceso AraInfo, reclamó mayor información al respecto del control de la gestión por parte de la Asociación.
En el documento constitutivo de la Asociación se estipula que en la Junta Directiva de la misma habrá dos representantes del Ayuntamiento. Plazas que, sin embargo, nunca fueron ocupadas.
El convenio
El 29 de abril de 1991, Fernando Acín – en representación del Ayuntamiento como alcalde de Ejea de los Caballeros- y Ana María Cortes Navarro, también del PAR, –como consejera de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo del Gobierno de Aragón– firmaron un convenio de colaboración para la construcción de una residencia pública de la tercera edad.
En él, el Gobierno se compromete a aportar 70.632.599 pesetas para la construcción y el equipamiento del centro.
A pesar de haberse firmado el 29 de abril, el convenio no se registró en la Diputación General de Aragón (como lo demuestra el sello de entada que figura en la parte superior del mismo) hasta el 27 de mayo.
¿Y qué tiene de especial ese día? Que uno antes, el 26 de mayo de 1991, se habían celebrado las elecciones municipales y autonómicas. En las primeras, el PAR perdió la Alcaldía de Ejea de los Caballeros, que pasó de nuevo a manos del PSOE. En las segundas, sin embargo, los aragonesistas, tras su pacto con el PP, mantuvieron la Presidencia.
De hecho, Fernando Labena, concejal del PAR en Ejea, pasó a ser el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo; ergo, el departamento encargado de continuar con el proyecto de la residencia.
Si lo anterior resulta extraño, lo verdaderamente turbio es que la rúbrica del convenio se hizo sin publicidad ninguna. De hecho, de su existencia no se ha sabido hasta 2021.
Una residencia privada, que nadie sabe quién pagó, y cuyo presidente es el alcalde que la promovió
La residencia se hizo, pero con carácter privado. Saltaron todas las alarmas y, desde Izquierda Unida, comenzaron a seguir el rastro, incluso sin saber que existía un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Ejea y el Gobierno de Aragón.
En su búsqueda de luz, se encontraron un terreno más enfangado aún: en junio de 2000, y ante una pregunta del diputado de IU Jesús Lacasa acerca de la gestión de la residencia, el entonces consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la DGA, Alberto Larraz Vileta (PSOE), informó de que la residencia estaba regentada por la Asociación Virgen de la Oliva, cuyo presidente es Fernando Acín. Efectivamente, el alcalde que la promovió.
Hasta julio de 2021 no lograron recibir el convenio desgranado anteriormente. Entonces, ante la evidente falta de limpidez que supone el hecho de que se firmara un convenio para una residencia pública, y finalmente fuera privada, unido a que dicho acuerdo se había guardado con celo y a que el alcalde que impulsó su construcción se había convertido en su principal representante, solicitaron información en reiteradas ocasiones al Gobierno de Aragón.
En una de ellas, el actual consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, contesto que “no se dispone de información sobre los expedientes de los ejercicios 1991, 1992 y 1993. El sistema de información contable que existía en el año 1991 hasta 1993 ya no se conserva. En consecuencia, no es posible, con el sistema de información contable actual, buscar la referencia a los documentos contables que, en ejecución del citado convenio, fueron contabilizados en los citados ejercicios”.
A su vez, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, señaló que “del convenio de 1991, anterior incluso a la creación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), no existen antecedentes en dicho Instituto”.
Nadie parece saber quién pagó la residencia, ni si se trata de un centro privado que se costeó con fondos públicos.
La única residencia intervenida por el Covid-19 que no se devolvió a sus anteriores gestores
Pero esta bonita historia de opacidad no termina ahí. El 15 de enero de 2021 (antes de que Álvaro Sanz –IU– realizara las preguntas comentadas con anterioridad), la Residencia Villa de Ejea fue intervenida en plena pandemia del COVID-19 (la primera en Aragón que pasaba a estar controlada por la Administración)
La consejera Broto explicó tras una nueva pregunta (en este caso, oral) de Álvaro Sanz, el 8 de abril de 2021, que había sido intervenida porque tenía el 90 % de los residentes positivos, además de un número importante de trabajadores, incluida la dirección del centro.
Hasta aquí, todo normal, habida cuenta de la situación epidemiológica. Lo excepcional llegó después, cuando, pasada la alerta pandémica, el Gobierno de Aragón no devolvió la gestión a la Asociación. ¿Por qué?
Las intervenciones, afirmó Broto en otra contestación verbal a Sanz, se acaban cuando la residencia funciona, “allí seguimos porque nos dimos cuenta de que dejábamos abandonados a los residentes y a los trabajadores”.
Afirman, también, esta vez por escrito, que, “a raíz de la intervención, se constató la fragilidad de la gestión de la residencia en el sentido de que la titularidad correspondía a una asociación, cuya junta directiva registrada en el registro de Asociaciones no resultaba operativa, bien por el fallecimiento de sus miembros, bien por la renuncia de los mismos”.
Se tomó la decisión –comentan desde la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales a este medio– de solicitar “al juez la disolución de la asociación, puesto que estas solo pueden ser disueltas por voluntad propia o judicial. Una vez planteada la disolución al juez, la propia Asociación Virgen de la Oliva –de forma voluntaria- promovió la transformación a fundación (lo que implica una personificación de base patrimonial más estable)”.
Se creó, ex profeso, la Fundación Nuestra Señora Virgen de la Oliva, cuyo patronato quedó compuesto por once miembros: seis de la Fundación Rey Ardid, tres de entre los trabajadores del centro, otro del Gobierno de Aragón y uno más del Ayuntamiento de Ejea.
El informe que nunca llegó
En junio de 2021, antes de la constitución de la Fundación, aseguran desde Izquierda Unida a AraInfo, la actual alcaldesa, Teresa Ladrero (PSOE), les explicó que el Gobierno de Aragón estaba preparando un informe en el que detallaría la situación de la residencia que les había llevado a instar un cambio de gestor.
Sin embargo, afirman las mismas fuentes, tras la disolución de la Asociación y la creación de la Fundación, ya no se supo nada más de ese documento explicativo.
AraInfo se ha puesto en contacto con el Consistorio ejeano, pero no ha recibido respuesta al respecto.
Por si lo anterior no fuera suficiente, en 2018, tal y como apuntó El País, la Residencia Villa de Ejea fue sancionada por infracciones leves, graves y muy graves, tales como “impedir la libertad de entrada y salida, incumplir los estándares y el maltrato físico o psíquico”.
