La cita, para la que ya no quedan plazas, es el sábado 20 de septiembre y está organizada por APUDEPA, Asociación Valle de la Gloria, Plataforma en Defensa del Patrimonio de Uesca y Ecologistas en Acción que reivindican el acceso público y la protección de este espacio histórico
La dilación por parte de la Dirección General de Patrimonio de la DGA en la ejecución del auto dictado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Uesca, en virtud del que se autorizan las visitas a la cueva de Chaves, ha llevado a Apudepa y a las entidades que integran la plataforma que reivindica la recuperación de estos espacios, a solicitar al juzgado que se cumpla lo acordado y se permita el acceso público
El Juzgado de lo Penal nº 1 de Uesca ha dictado un auto en virtud del cual se autoriza “de forma urgente” el acceso al yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves y su entorno. Igualmente, será posible realizar jornadas de puertas abiertas en este enclave que el juzgado considera “de primer orden par conocer la ocupación prehistórica de esta zona aragonesa”.
La presidenta comarcal, Mónica Soler, se ha comprometido a dirigirse a las administraciones concernidas en la recuperación y apertura a la ciudadanía de la cueva de Chaves y su entorno, para apoyar las gestiones que la plataforma de asociaciones ecologistas y patrimonialistas viene realizando en este mismo sentido desde hace meses
Representantes de distintos colectivos ecologistas y patrimonialistas se han reunido con la Chusticia d’Aragón para trasladarle la necesidad de que se resuelva el largo conflicto que impide el acceso a la cueva de Chaves y su entorno, “todavía de propiedad particular, a la vista de la parálisis de expedientes administrativos e incumplimiento de sentencias”
El expolio y destrucción perpetrado por Victorino Alonso en 2007 sobre la Cueva de Chaves no ha impedido que prosigan los estudios de alto nivel científico, señalando que en riqueza faunística se trata del yacimiento más importante de la península Ibérica y el segundo en restos cerámicos tras la cova de l’Or en Alacant. Por ello, y en cumplimiento de las sentencias judiciales, se exige la retirada del vallado cinegético de la finca de Bastaras, la restauración de todos los espacios dañados y garantizar el acceso de paso por los caminos de uso público.
Este pasado 14 de febrero, día de les enamorades, las asociaciones patrimonialistas Apudepa, Valle de la Gloria y la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca, manifestaron su “amor por el patrimonio” materializado en la defensa de la cueva de Chaves ante la sede de la DGA
Fernando Martínez, portavoz de CHA en la comarca recuerda que “el mayor atentando patrimonial que se ha sufrido en nuestra comarca en lo que llevamos de siglo XXI es, sin duda, la destrucción del yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves, y ya es hora de que el Gobierno de Aragón tome la iniciativa para que vuelva la legalidad a este patrimonio arqueológico y natural, por ello hemos registrado una iniciativa que debatirá el Consejo Comarcal de la Plana de Uesca el martes que viene”
En comparecencia festiva “dadas las fechas navideñas que atravesamos”, se ha escenificado la entrega de “una carta a los Reyes Magos que contiene la solicitud de impulso procesal o solicitud de ejecución” de la sentencia de la cueva de Chaves, incluyendo “la inmediata entrega de la propiedad al Gobierno de Aragón en tanto que representante de los aragoneses y aragonesas”
En el “Manifiesto para la recuperación de la cueva de Chaves” se pide la recuperación del yacimiento, y su entorno en Casbas de Uesca “para la población local y toda la ciudadanía como corresponde a este patrimonio cultural”. Las entidades, Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), Ecologistas en Acción, Asociación del Valle de la Gloria y la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca, primeros firmantes del manifiesto, van a desarrollar durante los próximos meses acciones conjuntas encaminadas “a conseguir las demandas en él contempladas y la adhesión de otros colectivos y personas”.
Destruir el yacimiento de Cueva de Chaves le sale gratis al empresario conocido como ‘el rey del carbón’ o ‘Don Vito’. El juzgado de Uesca ha decretado la remisión de la pena dos años y seis meses de cárcel y multa de 25,4 millones de euros, gracias a una artimaña legal.
Según la Asociación, "los arqueólogos se han basado en hipótesis no comprobadas de los niveles del paleolítico cuya extensión se desconoce y por tanto no se puede valorar tal y como lo han hecho". Todo ello en referencia al yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves.
“No es disparatado solicitar una acción disuasoria para evitar nuevas agresiones a los bienes culturales irremplazables como el que nos ocupa, máxime cuando demasiadas decisiones judiciales son recibidas con escepticismo por la sociedad", subrayan
Para Joaquín Palacín, secretario territorial de CHA, “es necesario que cuanto antes los restos arqueológicos que quedan en la cueva de Chaves, los abrigos rupestres y el propio barranco donde se encuentra además el Solencio de Bastarás pasen a ser de propiedad pública y puedan ser puestos en valor, visitados y disfrutados por la ciudadanía, cosa que ahora es imposible”
El magistrado ha decidido suspender la ejecución de la sentencia que condenó al empresario minero, Victorino Alonso, a dos años de prisión y al pago de 25,5 millones de euros debido a la insolvencia económica de éste para hacer frente a la indemnización
La sentencia, que ya es firme, confirma que Alonso cometió un delito contra el patrimonio histórico cuando ordenó ejecutar las obras que destruyeron en octubre de 2007 el yacimiento Neolítico de la Cueva de Chaves -el más importante del Estado español-, ubicado en el municipio oscense de Casbas, dentro de una finca que la empresa Fimbas, SA -controlada por el empresario minero- explotaba como coto de caza. Asimismo, la sentencia mantiene la multa de 25.490.805 euros.
La sentencia asegura que Victorino Alonso “tomó la decisión de vaciar la Cueva de Chaves con el fin de utilizarla para el interés de la empresa y la explotación del coto de caza”, obedenciendo a un “plan preconcebido y no como consecuencia de una acción involuntaria de arrastrar la tierra al sacar las losas”
La Asociación solicita una pena de cárcel de 3 años por un delito contra el patrimonio histórico y el pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 51 millones de euros y que este dinero sea destinado a la recuperación de los materiales del yacimiento