Expertas en patrimonio histórico y organizaciones ciudadanas han exigido en el Congreso de los Diputados “considerar una ‘cuestión de Estado’ la nulidad de las inmatriculaciones eclesiásticas” y declarar “dominio público el legado arquitectónico cultural apropiado irregularmente por los obispos a través de un privilegio registral”.
Representantes de una treintena de asociaciones patrimonialistas, integradas en la coordinadora Recuperando, han rechazado “el cierre en falso del expolio patrimonial decretado por el Gobierno en la legislatura pasada” y piden la adopción de medidas concretas “para revertir el proceso inmatriculador” y garantizar “una gestión profesional y rigurosa del excepcional patrimonio cultural de carácter religioso en manos de la Iglesia católica”.
Bajo el epígrafe de ‘Inmatriculaciones y patrimonio cultural: una cuestión de Estado’, ocho ponentes han examinado en dos mesas de debate el controvertido asunto de las inscripciones eclesiásticas a la luz de cientos de casos concretos producidos en todos los territorios, países y comunidades autónomas del Estado español.
En la primera mesa, han participado Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil, Cristina Conteras, portavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la aragonesa Asunción Villaverde, de Europa Laica, y Nahuel González, diputado de Sumar. La segunda mesa, centrada en la gestión democrática del patrimonio cultural, ha contado con la intervención de la profesora aragonesa de Historia del Arte Belén Boloqui, del también profesor José Castillo, el portavoz de la Plataforma Mezquita Catedral, Miguel Santiago, y la diputada de Sumar Julia Boada.
El acto, celebrado este pasado lunes, ha sido organizado por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, en colaboración con la coordinadora Recuperando. El diputado Enrique Santiago y el presidente de la coordinadora ciudadana, José María Rosell, presentaron la jornada, mientras que Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar, la clausuró al filo de las 20.00 horas.
Las organizaciones patrimonialistas han entregado un manifiesto “con una quincena de peticiones concretas dirigidas al Congreso de los Diputados para que sean debatidas y contribuyan a desbloquear una asignatura pendiente de la democracia”. Entre las reclamaciones planteadas por Recuperando, figuran “la declaración de nulidad de todas las inmatriculaciones practicadas con certificación eclesiástica por ‘inconstitucionalidad sobrevenida’ y considerar de dominio público aquellos bienes de carácter religioso por su extraordinario valor histórico y cultural”.
El portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, se comprometió ante las organizaciones patrimonialistas a convertir en ley la “restitución de bienes apropiados de manera ilegítima por la Iglesia católica”. Errejón recordó que ya Pedro Sánchez anunció en el discurso de investidura del anterior periodo parlamentario “medidas legislativas” para revertir la inscripción de miles de bienes.
“No es una cuestión de fe”, subrayó, “sino que hay entidades privadas que no pueden estar por encima del cumplimiento de las normas”. El portavoz de Sumar aseguró que existe “aritmética parlamentaria” suficiente y un “grado de conciencia democrática” para que los bienes inmatriculados “regresen al dominio público”. “No hay más excusas”, zanjó Errejón.
Los colectivos ciudadanos también reclaman la modificación de la normativa sobre patrimonio histórico para que se impida la enajenación de bienes culturales protegidos en posesión de la Iglesia, la gestión compartida de los bienes de interés mundial (BIM), un marco que garantice la interpretación científica y profesional de los monumentos de carácter religioso, y el control público de los planes directores de los bienes de interés cultural (BIC).
Por su parte, Enrique Santiago, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, admitió que “las inmatriculaciones eclesiásticas siguen siendo una cuestión pendiente” y aunque aseguró “avances en la pasada legislatura, todavía quedan muchos pasos que dar”. Sumar, que forma parte del gobierno de coalición con el PSOE que preside Pedro Sánchez, anunció que está dispuesto “a reactivar la cuestión de las inmatriculaciones a través de leyes específicas o modificaciones de las normas ya existentes”.
“La contestación del Ministerio de Presidencia no nos satisface”, afirmó Enrique Santiago. “No es correcto decir que las obligaciones del Gobierno hayan cesado ya con la publicación del listado de bienes inscritos por la Iglesia en 2021”, y añadió para concluir que “nuestro compromiso es seguir reclamando porque las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho”.
