La regularización extraordinaria de personas migrantes avanza en Aragón “con normalidad y a buen ritmo”. Así lo han trasladado este martes las 18 entidades colaboradoras que participan en el proceso tras reunirse en Zaragoza con el delegado del Gobierno español en Aragón, Fernando Beltrán, para evaluar el primer mes de tramitaciones, detectar incidencias y recoger propuestas de mejora.
Durante el encuentro, las organizaciones coincidieron en señalar que los principales obstáculos detectados hasta ahora no han sido técnicos ni administrativos, sino la difusión de bulos y la falta de colaboración institucional en algunos municipios. Una afirmación que llega después de semanas de denuncias por las trabas impuestas por el Gobierno de Natalia Chueca (PP-Vox) en Zaragoza, donde colectivos sociales, sindicatos, trabajadoras municipales y grupos de la oposición acusaron al Ayuntamiento de centralizar trámites, bloquear canales de atención y generar colas “inhumanas” en pleno proceso de regularización.
Fernando Beltrán agradeció el “formidable trabajo” de las entidades inscritas en el registro de colaboración, encargadas de informar, resolver dudas y acompañar a las personas migrantes en la tramitación. En Aragón, hasta 17.000 personas podrían beneficiarse de esta medida —unas 500.000 en el Estado español—.
“Son personas que ya están trabajando y viviendo con nosotros y lo que quieren es tener una vida digna. Queremos darles derechos”, afirmó el delegado del Gobierno, que defendió la regularización frente a los discursos alarmistas impulsados desde distintos sectores de la derecha y la ultraderecha.
Las entidades presentes insistieron en que la medida es “justa, necesaria y beneficiosa”, especialmente en un contexto de descenso de la natalidad y falta de mano de obra. Además, confirmaron que ya están comenzando a llegar las primeras resoluciones provisionales.
“Los bulos están generando miedo y desinformación”
Uno de los principales ejes de la reunión fue el impacto de la desinformación en las personas migrantes. Scarleth Castillo, de la Asociación Nicaragua Libre y el sindicato OSTA, explicó que muchas personas llegan a las entidades buscando acompañamiento porque temen las consecuencias de iniciar el proceso debido a los bulos difundidos durante las últimas semanas.
“La principal demanda que estamos recibiendo es acompañamiento e información porque muchas personas se han visto afectadas por los bulos”, señaló. “Este proceso va a devolver la dignidad a todas estas personas que ya están trabajando aquí”, remarcó.
Fernando Beltrán quiso desmontar algunas de las falsedades difundidas sobre la regularización, como que las personas beneficiarias obtendrían automáticamente la nacionalidad española, tendrían libre circulación por Europa, provocarían un “efecto llamada” o colapsarían los servicios públicos.
“Ninguna de esas afirmaciones es cierta”, subrayó el delegado. “Hablamos de permisos de residencia y trabajo válidos únicamente en España y dirigidos a personas que ya acreditan una estancia previa en el país”, ha insistido.
Beltrán recordó además que anteriores procesos de regularización tuvieron un impacto económico positivo y contribuyeron a reforzar la Seguridad Social y el sistema público de pensiones.
Zaragoza, semanas de denuncias por bloqueo y racismo institucional
Las declaraciones de las entidades llegan después de semanas de fuerte tensión política en Zaragoza. Desde la apertura del proceso, colectivos antirracistas, entidades sociales, sindicatos, trabajadoras municipales, Zaragoza en Común y PSOE han denunciado obstáculos deliberados en la tramitación impulsados por el Gobierno municipal de PP y Vox, encabezado por Natalia Chueca.
Entre las críticas figuraban la centralización de trámites en la Plaza del Pilar, la limitación de la atención en juntas municipales y servicios sociales, la imposición de cita previa y la concentración posterior del servicio en la Casa de las Culturas, medidas que generaron colas, saturación y dificultades añadidas para acceder a la documentación necesaria.
42 colectivos llegaron incluso a acusar públicamente al Gobierno de Natalia Chueca de practicar “racismo institucional” y de construir “deliberadamente” un escenario de caos para señalar a las personas migrantes como un problema.
Mientras tanto, el Gobierno de Aragón en funciones, presidido por Jorge Azcón (PP), decidió recurrir judicialmente el Real Decreto de regularización, alineándose con los discursos sobre “efecto llamada” y supuesto riesgo para los servicios públicos que las entidades y la Delegación del Gobierno han vuelto a desmentir este martes.
18 entidades colaboran en Aragón
A la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno asistieron CEPAIM, ACCEM, APIP-ACAM, Cruz Roja Aragón, Asociación Juvenil Colectivo Saharaui LEFRIG, Asociación Nicaragua Libre, sindicato OSTA, SOS Refugiados Europa, Fundación El Tranvía, Asociación Vecinal Lanuza Casco Viejo, FABZ, ARAPAZ, Asociación Cultural Alto Jalón, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Fundación Cruz Blanca, YMCA, Fundación Ezequiel Moreno, Fundación Federico Ozanam y Cáritas Diocesana de Zaragoza.
