Llamadas constantes a través de empresas de recobro, como Cobralia o Cabot, desde las 9 de la mañana hasta la noche, e incluso presencia de comerciales a la puerta del afectado, y en ocasiones pese a encontrarse menores de edad en la vivienda, es el método de coacción empleado por Ibercaja, para forzar a personas en proceso de desahucio, instándoles a que abonen deudas pendientes o pongan en venta su vivienda en beneficio de la entidad”, advierten desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Fraga.
Desde el colectivo añaden, además, que “familias a las que ya se le ha quitado su vivienda en años anteriores, siguen recibiendo llamadas y notificaciones de juicios monitorios de reclamación de deudas, pese a que la entidad bancaria ya ha subastado y vendido esos inmuebles”.
El colectivo antidesahucios relaciona estas prácticas con la venta masiva de ladrillo por parte de Ibercaja a fondos buitre como Intrum o Asana Capital SL, operación que se puso en marcha desde el anuncio del banco de su salida a bolsa, prevista para finales del año 2020.
“Ibercaja, lejos de facilitar el acceso a alquileres sociales a familias vulnerables, las condena a la más absoluta exclusión social y a deudas de por vida, todo ello con el silencio cómplice del Gobierno de Aragón”, concluyen desde PAH Fraga.
