Normas ‘a medida’ para la ganadería industrial en Aragón que perjudican al medio rural

La Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva denuncia que el Gobierno de Aragón "maquilla" el impacto real de la ganadería industrial en el territorio y "flexibiliza" normativas para destinar más dinero público a paliar las consecuencias del sector privado

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Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Cuando se cumplen tres años desde su nacimiento, la Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva (PLSGI) ha presentado alegaciones a diferentes proyectos de órdenes publicadas por el Gobierno de Aragón.

En concreto, se ha alegado contra la orden sobre carga ganadera por considerar que deja fuera de la declaración de municipios con sobrecarga a muchos que ya están dentro de las zonas vulnerables.

"Esta falta de regulación y prevención permite seguir instalando explotaciones y vertiendo purines en exceso; sin tener en cuenta los tipos de cultivo, de suelos, la escasez de recursos hídricos, la falta de agua potable ni los acuíferos contaminados. No es de extrañar que cada nueva actualización de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos ponga de manifiesto su aumento y el hecho de que en ningún caso se ha conseguido subsanar el problema", ha declarado Álvaro Monzón, portavoz de la PLSGI.

Este movimiento vecinal altoaragonés también ha presentado alegaciones a la orden que regula las distancias en los municipios de montaña desfavorecidos; porque, por un lado se produce una “discriminación negativa” hacia las personas que viven en los núcleos más despoblados acortando la distancia a la que puede instalarse una explotación industrial según el número de habitantes. “Por otro lado, se deja en manos de los alcaldes y alcaldesas reducir a la mitad dichas distancias; lo que les hace vulnerables a las presiones de las grandes empresas”, advierten.

En cuanto a la orden sobre subvenciones, la PLSGI ve cómo la externalización de costes del sector porcino se sigue asumiendo con dinero público y, después de las grandes inversiones realizadas en las fallidas plantas para tratamiento de los purines, que permanecen cerradas, ahora se pretende subvencionar la instalación de plantas intermedias.

“Todo ello sin que se haya publicado el Decreto de Purines, a pesar del retraso acumulado, al que la PLSGI alegó que carecía de mecanismos de regulación, inspección, control y sanción”, subrayan.

La Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva continúa reclamando al Gobierno de Aragón una apuesta clara por modelos de producción que cuiden el territorio y la salud de los aragoneses y aragonesas.

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