Mujeres invisibles, desprotegidas y sin alternativas

La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto una realidad totalmente invisibilizada en nuestra sociedad que es el de las mujeres en situación de prostitución, de las cuales un alto porcentaje son víctimas de explotación sexual. No existen datos en nuestra sociedad sobre cuántas mujeres se encuentran en esta situación pero las entidades que trabajan con ellas hablan de que las asistencias a estas mujeres se han multiplicado pasando de 200 a 500. Nos dicen que muchas de ellas quieren salir de esta situación pero no tienen alternativa alguna y a esto hay que añadir que el sistema judicial mira …

La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto una realidad totalmente invisibilizada en nuestra sociedad que es el de las mujeres en situación de prostitución, de las cuales un alto porcentaje son víctimas de explotación sexual.

No existen datos en nuestra sociedad sobre cuántas mujeres se encuentran en esta situación pero las entidades que trabajan con ellas hablan de que las asistencias a estas mujeres se han multiplicado pasando de 200 a 500. Nos dicen que muchas de ellas quieren salir de esta situación pero no tienen alternativa alguna y a esto hay que añadir que el sistema judicial mira para otro lado denegando el reconocimiento de las mujeres que denuncian a sus explotadores.

Es cierto que las instituciones reconocen que muchas de ellas se encuentran en situación irregular lo que dificulta su acceso a un Número de Identidad de Extranjero (NIE) y, por tanto, a una cuenta bancaria, requisito obligado en las bases del Decreto 19/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regulan las prestaciones complementarias para víctimas de violencia y que contemplan tres líneas de ayuda: Prestaciones a las hijas e hijos menores de edad de las mujeres víctimas mortales por violencia de género, Prestaciones a otras formas de violencia y prestaciones complementarias para las mujeres víctimas de violencia de género mayores de 65 años.

Disponer de una cuenta bancaria es el régimen normal de pago establecido con carácter general para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y esto supone dejar a estas mujeres fuera de unas prestaciones que deberían estar pensadas para ellas y ajustarse, como se ha hecho en otras comunidades autónomas donde se facilita el cobro con cheque a través de las entidades que trabajan con ellas.

Desde la publicación de este Decreto en febrero de 2020, 24 mujeres han presentado la solicitud de la prestación en Aragón. Hemos intentado conocer el número de solicitudes que se corresponde con víctimas de explotación sexual, pero el Gobierno de Aragón no nos ha facilitado esta información a través de nuestra agrupación parlamentaria en las Cortes y tampoco cuántas solicitudes han sido concedidas ni a cuantas se les ha facilitado la obtención del NIE, cuestiones que también preguntábamos en concreto.

A pesar de las medidas anunciadas y recogidas en el Pacto de Estado, la respuesta pública a estas personas para posibilitar una alternativa es muy limitada. Más allá de la alternativa habitacional, que acabó tras el confinamiento, se les ha ofrecido ayuda de alimentación y se está trabajando en un piso de 4 plazas que posibilite una alternativa. Mientras, son las entidades las que sostienen a estas personas sin que se haya posibilitado una coordinación y una vía de acreditación que mejore el acceso a los derechos que se les reconoce.

Y es que el Ministerio de Igualdad emitió en 2020 una propuesta de criterios en la acreditación de estas mujeres para facilitar el acceso a las medidas de apoyo habitacional y económico previstas en el Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la crisis de la Covid-19. Sin embargo, en la actualidad, el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) sigue trabajando en trasladarlo a Aragón y en los mecanismos para facilitar la acreditación. Un tiempo perdido para lo que debería haber sido una respuesta urgente y contundente que se continúa esperando.

Creemos que esta situación es una violencia invisibilizada que necesita mucha más luz. Se deben eliminar las dificultades administrativas que impiden su acceso a los derechos y, por tanto, a la posibilidad de salir de su situación y también recursos, porque 4 plazas es una gota en un océano.

Es hora de que nuestra sociedad sea consciente de la violencia que significa la explotación sexual y se articulen respuestas efectivas para erradicarla. Desde IU Aragón seguiremos trabajando para mejorar la respuesta integral a estas situaciones de violencia.

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