El PSOE se apresura a aclarar que no se tocará la Ley de Amnistía y no se juzgarán los crímenes del franquismo

La enmienda sobre la Ley de Amnistía de 1977 presentada por los partidos del Gobierno español de coalición ha provocado las críticas de los grupos memorialistas y de EH Bildu, ERC, Junts, PDeCAT, CUP y BNG. "Ni se abre la puerta ni se abre una vía a ninguna reparación", denunciaron.

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Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para registrar conjuntamente 30 enmiendas a la Ley de Memoria Democrática, cuyo plazo concluía este miércoles. Entre ellas, la adición de un párrafo en el artículo dos del proyecto legislativo: "Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

Según ha asegurado el diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, Enrique Santiago, esta enmienda garantiza el derecho a la justicia de las víctimas dado que "la Ley de Amnistía no va a poder seguir siendo utilizado como una excusa para perseguir este tipo de crímenes". Así, ha puntualizado que se trata de una interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 y no de una derogación ya que dicha norma conllevó otros aspectos que no podrían anularse como el reconocimiento de cotizaciones sociales.

Sin embargo, menos de 24 horas después, el ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños (PSOE), se apresuraba a decir que no se tocará la Ley de Amnistía y que no se juzgarán los crímenes del franquismo. Así, Bolaños ha asegurado en una entrevista que lo que hace la Ley de Memoria Democrática y las enmiendas pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos, "no es derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 sino todo lo contrario, ponerla en valor, porque lo que hace es ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales". Bolaños insistía en que "esta ley no toca nada", que no cambia la situación jurídica actual, porque no es una "ley orgánica" y ha reiterado que la Constitución dice que "nuestras leyes no pueden ser retroactivas".

"Ni se abre la puerta ni se abre una vía a ninguna reparación"

La enmienda sobre la Ley de Amnistía de 1977 presentada por los partidos del Gobierno español de coalición ha provocado las críticas de los grupos memorialistas y de algunas de las fuerzas parlamentarias necesarias para que esta ley continúe hacia delante como son EH Bildu, ERC, Junts, PDeCAT, CUP y BNG.

"Ni se abre la puerta ni se abre una vía ni se abre la posibilidad a ninguna reparación penal y patrimonial a las víctimas sin derogar este artículo de la Ley de Amnistía. Ninguna. Y quien diga lo contrario miente. Y miente en un tema terriblemente serio", ha denunciado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián quien ha acusado a PSOE y Unidas Podemos de "vender humo" y "engañar a la gente".

A este respecto, el periodista Ramón Sola publicaba este jueves un artículo en Naiz en el que señala: "Bajo el enunciado rimbombante de que 45 años después la Ley de Amnistía puede sortearse se impone la realidad de los hechos: en lo jurídico, en lo político, en lo técnico e incluso en lo práctico se acumulan las razones que apuntan a que la enmienda de PSOE y UP no llegará a cambiar nada".

"Se continúa perpetuando la impunidad"

EH Bildu, ERC, Junts, PDeCAT, CUP y BNG también han presentado una serie de enmiendas de forma conjunta a la Ley de Memoria Democrática que ya consideraban como "muy insuficiente" en el momento en el que se planteó. Entonces, ya avanzaron que no la apoyarían salvo que se dieran modificaciones sustanciales a la nueva norma en su tramitación parlamentaria.

En concreto, en las enmiendas presentadas plantean que no prescriban los crímenes de guerra ni de lesa humanidad porque, de lo contrario, "se continúa perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo", señalan en uno de los textos. En este sentido, EH Bildu aboga por la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, por la anulación de las condenas dictadas durante la dictadura y por la responsabilidad económica e indemnización del Estado a las víctimas.

En relación al reconocimiento de la persecución cultural y lingüística, los partidos independentistas recuerdan que "durante el franquismo, se intentó la armonización identitaria prohibiendo la enseñanza en lengua que no fuera la castellana, así como las publicaciones y su uso en cualquier situación". El Estado español "debe reconocer y reparar el daño causado a la cultura por motivos políticos durante el régimen", añaden.

Sobre las reclamaciones patrimoniales de los ateneos y asociaciones, en las enmiendas a la nueva Ley de Memoria Democrática, las formaciones vasca, catalanas y galega apuntan que debe establecerse "un mecanismo para el reconocimiento y reparación del expolio al que fueron sometidas tales instituciones".

Finalmente, sobre el título de monarca español, se propone, "singularmente, la supresión del título de Rey y los privilegios que del mismo se derivan habida cuenta que fue otorgado por un régimen ilegal". Además, señalan, "la jefatura del Estado fue institucionalizada por Franco sin que se sometiera a referéndum para que los ciudadanos pudieran escoger la forma de Estado”.

Censo de víctimas y derecho a la reparación

Al margen de la enmienda sobre la Ley de Amnistía, PSOE y Unidas Podemos proponen ampliar el censo de víctimas del franquismo para incorporar a las personas supervivientes que presten su expreso consentimiento, así como a las víctimas de la llamada "Transición". También, incorporan que los y las descendientes de las y los brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad del Estado español y la creación de una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones.

Otra de las enmiendas presentadas por los partidos del Gobierno español de coalición, indica que "todas las víctimas de la dictadura tendrán derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado y se reconocerá el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas".

En relación a la eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática, ambas formaciones han acordado cambiar la denominación de Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros, recuperando la nombre original. Además, los retratos u otras representaciones artísticas de personas vinculadas a la represión franquista no podrán mostrarse ni en lugares representativos ni en áreas de acceso al público.

Las enmiendas incluyen completar el procedimiento para la revocación de las distinciones honoríficas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y suprimir los títulos nobiliarios concedidos a 33 personajes del régimen franquista, como los ducados de Primo de Rivera, Calvo Sotelo o Queipo de Llano.

En materia educativa y de formación, se garantiza el derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo frente a posibles alegaciones sobre el derecho al honor de personas ya fallecidas que hubieran participado en los mismos y se añade una referencia a la necesidad de introducir estos contenidos en los libros de texto y materiales curriculares. Por último, también está incluida la creación de un banco de muestras de ADN para determinar casos de bebés robados.

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