El Gobierno español ha firmado este jueves en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea por el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas.
Con la firma de este Protocolo Adicional, que abre el camino a su ratificación, el Estado español podrá terminar de adoptar todo el sistema de la Carta Social Europea. Dicho sistema lo componen la Carta Social Europea ratificada por el Estado español; tres Protocolos Adicionales, de los que los dos primeros ya están también ratificados y la Carta Social Europea Revisada actualmente en proceso de ratificación.
Dicha adopción permitirá desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación efectiva de los derechos sociales garantizados por la Carta Social Europea, que amplía la protección a los derechos fundamentales en el ámbito laboral.
El Tercer Protocolo Adicional firmado este jueves permite las reclamaciones colectivas y, entre otros aspectos, refuerza la participación de las organizaciones sindicales, empresariales y sociales en el cumplimiento de la Carta Social Europea y tiene como objetivo completar el sistema de protección y garantía de los derechos sociales y económicos recogidos en la Carta.
Este protocolo mejora la aplicación efectiva de los derechos garantizados por la Carta Social Europa mediante un procedimiento que permite a las organizaciones mencionadas presentar reclamaciones al Comité Europeo de Derechos Sociales, garantizando la protección jurídica de los derechos sociales y laborales.
Con esta firma, el Estado español además continúa desarrollando el marco convencional del Consejo de Europa, de acuerdo con el compromiso con esta organización de referencia en materia de derechos humanos en el continente.
La Carta Social Europea: una deuda pendiente que pesa sobre los partidos políticos
La Carta Social Europea (CSE) es un tratado del Consejo de Europa que protege los derechos humanos de todas las personas de la Unión. La Carta establece unos derechos y libertades, así como un mecanismo de supervisión que garantiza su respeto y cumplimiento por cada uno de los Estados miembro. Al mismo tiempo, detalla los derechos sociales y económicos que los Estados Partes de la Carta deben garantizar a las personas que viven bajo su jurisdicción.
De esta forma, cabría decir que la CSE se sustenta bajo los mismos estándares de cumplimiento que la Constitución Europea, al convertirse en un tratado internacionalmente vinculante para todos los miembros de la UE.
En el ámbito de los derechos sociales, cabe destacar, que el Comité Europeo de Derechos Sociales lleva desde el año 1996 advirtiendo y criticando duramente por las bajas prestaciones sociales que se perciben, tanto al Gobierno español –por las prestaciones de desempleo, algunas pensiones de viudedad, por las pensiones No-Contributivas y pensiones de orfandad-, como a los distintos gobiernos territoriales –por las ayudas de inserción-, e instando a su correspondiente adecuación.
