Los Ayuntamientos de Uesca, Barcelona, Madrid, A Coruña, Santiago, Zaragoza, Cádiz, Valencia y Terrassa han denunciado este lunes que varias enmiendas presentadas por el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) y Ciudadanos (C's) al proyecto de Ley de Contratación Pública atentan contra la autonomía local de los Ayuntamientos. En concreto, pone impedimentos a los diferentes procesos de municipalización que se están llevando a cabo.
Las enmiendas presentadas por estos dos partidos proponen la modificación de varias leyes, como la Ley de Bases del Régimen Local y el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 del 18 de abril con la intención de hacer preceptivo en los procesos de remunicipalización un informe del órgano competente en materia de la defensa de la competencia. Este informe sería de obligatorio cumplimiento en caso de monopolio del servicio.
De esta forma sólo se podrían hacer estas internalizaciones en caso de que no existieran limitaciones o restricciones de tipo presupuestario en relación al incremento del número de empleados públicos o de la masa salarial.
Obligaría a que fuera necesario modificar la relación de puestos de trabajo de la empresa/administración que subroga, que los lugares que se crearan fueran de carácter indefinido y que su cobertura se convocara con carácter previo a la finalización de los contratos.
Además de que o bien el Ministerio de Hacienda, o bien los gobiernos territoriales visaran las remunicipalizaciones.
Estas enmiendas buscan añadir burocracia a los procesos de municipalización. Al mismo tiempo, provocar que los procesos queden en manos de los organismos competentes en materia de la defensa de la competencia, especialmente en los casos de monopolio del servicio.
Quedarán también supeditados al visado de otras administraciones. Y la incorporación de los trabajadores y trabajadoras subrogados se hará teniendo un impacto en la tasa de reposición y, por tanto, consumiendo oferta pública, ya de por sí limitada por las sucesivas Leyes Generales de Presupuestos del Estado.
Para estos ayuntamientos las enmiendas que presentan estos dos partidos políticos buscan paralizar los procesos de internalizaciones, ya que en las Leyes de Presupuestos contemplan siempre limitaciones en el incremento de las plantillas y en la masa salarial. También pretenden obligar a convocar como indefinidas plazas de cobertura temporal. Este redactado establece el carácter retroactivo de las medidas, esto significa que se obligaría a rehacer (y previsiblemente anular) procesos de internalización ya finalizados.
En definitiva, según denuncian los consistorios, estas enmiendas pretenden vaciar de contenido la autonomía local, quedando los municipios como delegaciones administrativas sin capacidad de decisión en manos del estado central o, como mucho, de su gobierno territorial. También subordinan los derechos de las trabajadoras y trabajadores, la aplicación de la legislación laboral y el respeto a los derechos de la ciudadanía a acceder a servicios públicos de calidad.
Por este motivo, los Ayuntamientos de Uesca, Barcelona, Madrid, A Coruña, Santiago, Zaragoza, Cádiz, Valencia y Terrassa piden que estas enmiendas sean retiradas para mantener la autonomía municipal.
Esta nueva reivindicación de la autonomía local tiene lugar después de que el pasado 17 de mayo los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Uesca, Zaragoza, Valladolid, A Coruña y Terrassa ya presentaran una declaración municipalista para denunciar las amenazas que suponía a la autonomía local y la financiación local del entonces proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2017.
En ese momento, Ayuntamientos de distinto signo político acudieron al Congreso para hacer oír su voz y reclamar a las fuerzas parlamentarias que protegieran la autonomía local.
