Las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón han motivado a los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción para presentar un escrito de aclaración, en el cual se solicita pronunciamiento sobre diversos aspectos planteados en el procedimiento que no han sido resueltos. Tras esto, se decidirá qué nuevas medidas adoptar.
Además, en el ámbito judicial, la organización ecologista recuerdan que todavía está sin resolver el contencioso administrativo interpuesto contra la Resolución del INAGA, organismo que otorga las autorizaciones ambientales, por la que se modifica la autorización ambiental de la central térmica de Biomasa. Esa revisión, tenía como objetivo el análisis de las emisiones de contaminantes cancerígenos peligrosos como los benzopirenos o las partículas (PM 2,5) que fueron obviados por Forestalia y el INAGA en la concesión del permiso original.
Por otro lado en el ámbito administrativo, recientemente se ha otorgado una prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental que permite que la puesta en marcha de la central térmica se retrase hasta 2024, resolución sobre la que se va a interponer un recurso de alzada por entender que los retrasos en la cumplimentación del expediente son achacables a Forestalia. En el caso de que sea desestimado este recurso de alzada y dadas las irregularidades detectadas en la tramitación de la prórroga, Ecologistas en Acción tiene la intención de interponer otro contencioso administrativo.
El retraso en la tramitación administrativa del expediente para poder instalar la planta de incineración de biomasa de Monzón se basa en tres cuestiones que Forestalia no tiene resueltas.
Sin biomasa no hay combustible para quemar ni energía que generar
Según la autorización ambiental, la planta tiene restringida su alimentación al cultivo de chopos que no deben contener ningún rastro de sustancias tóxicas procedentes de tratamientos fitosanitarios. Según el proyecto, la planta de biomasa necesitaría el cultivo de 7.000 ha. de chopos (más de 11.000 ha según estimaciones basadas en la productividad media de los cultivos de chopos en el valle del Ebro). Para ello Forestalia, según explican desde Ecologistas en Acción, debería haber firmado contratos con agricultores para el arriendo de dichas superficies, que luego deberían haberse sometido a un procedimiento de autorización recogido por la Ley de Montes (si son superficies de más de 10 ha. , o por la Ley de Protección Ambiental si son plantaciones de chopos de más de 50 ha.).
Ecologistas denuncia la falta de permisos
Forestalia no ha presentado ni una sola solicitud de tramitación de las cientos que debería haber presentado para asegurarse la obtención de la materia prima necesaria para la generación de energía y además, no ha conseguido las autorizaciones administrativas previas, ni de construcción, después de 7 años. Tampoco los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica que son imprescindibles para que se le otorgue, por parte de la Dirección General de Energía y Minas, las autorizaciones administrativas.
Por estos motivos, Ecologistas en Acción considera que Forestalia tiene problemas técnico-financieros que son la causa de que el proyecto de Monzón no salga adelante. También el proyecto de Zuera, de las mismas características, ha sido desestimado por las mismas razones. Forestalia ha anunciado en su reciente nota de prensa la puesta en funcionamiento de una planta en el Bierzo leonés. Esta planta se alimenta de restos de podas y árboles de los bosques del Sistema Cantábrico, por lo que nada tiene que ver con los proyectos planteados en Aragón. Además, ha recibido importantes subvenciones como del Plan de Dinamización de los Municipios Mineros de Castilla y León, entre otros. Por ello, Ecologistas en Acción entiende que Forestalia no puede “culpar a vecinos y ecologistas del fracaso técnico-financiero de sus proyectos de centrales térmicas de biomasa en Aragón”.
De viceconsejero de Medio Ambiente a abogado defensor
También se vuelve a denunciar la connivencia de Forestalia con el poder político. Hay que recordar que Luis Marruedo, abogado defensor de Forestalia en los procesos fue Viceconsejero de Medio Ambiente en Aragón y, por tanto, superior jerárquico del INAGA, durante la última legislatura de Marcelino Iglesias (entre julio del 2007 y junio del 2011), en la que estaba de consejero de Medio Ambiente Alfredo Boné del PAR. Así también, fue Director General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde agosto de 2011 hasta junio de 2015, en la época en la que el PAR formaba parte del Gobierno de Aragón de Fernanda Rudi.
“Ecologistas en Acción, la Plataforma contra la Incineradora de Biomasa y los vecinos seguirán defendiendo la salud y la transparencia en las gestiones de este proyecto”, por ello, ya han avanzado que continuarán con todas las acciones y medidas necesarias para el descarte definitivo del proyecto.
