La noticia ha sorprendido a todo el mundo, se estaba realizando un desahucio en Alagón a un matrimonio de octogenarios, ella en situación de dependencia sin poder moverse de la cama. Más de 20 agentes de la Guardia Civil, la comisión judicial y dos excavadoras se han presentado en el domicilio familiar para realizar el desahucio que había sido comunicado el lunes por la tarde, pero la familia desconocía la solicitud del derribo de la vivienda.
El derribo y el desahucio se han producido tras 11 años de litigios por la vivienda, donde residía Francisco Valdés desde 1942, y que en el año 1960 pagó 200.000 pesetas de la época a la usufructuaria de la casa, quien no estaba autorizada para vender. Como solución se decidió que la familia pagaría un alquiler anual hasta que quedara formalizado en escritura pública y que se le descontaría lo ya pagado. Pero los actuales dueños decidieron hace 11 años no renovar y pedir su desahucio.
Desde entonces la familia ha usado todas las vías judiciales para evitarlo.
La abogada de la familia, Mercedes Urraca, afirmaba que cuando Francisco firmó ese contrato era un joven agricultor sin conocimientos legales, cosa que no ocurría con la familia propietaria que tenían un despacho de abogados en Barcelona y sabían perfectamente que tipo de contrato estaban redactando.
Hoy se han quedado sin hogar mientras el alcalde de Alagón José María Becerril ignoraba los llamamientos de Stop Desahucios para reubicar a la familia. Tras una reunión mantenida con Becerril serán los propios familiares del matrimonio quienes tengan que realojarlos. La alcaldía asegura que no disponen de viviendas adecuadas para alojar a la pareja de ancianos y los dos hijos que viven con ellos. Además, el alcalde ha insistido en que los servicios sociales han denegado la concesión de ayudas alegando que los miembros de la familia desahuciada (el matrimonio con sus dos hijos) cobraban pensiones que sumaban más de 1.500 euros.
"Ninguna respuesta eficiente y clara por parte de las distintas administraciones. Ni los juzgados, ni los servicios sociales, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno de Aragón… Nadie ha parado este atropello. Nadie da solución inmediata. Unos y otros han dejado en la calle literalmente a la familia", lamentan desde Stop Desahucios Zaragoza.
"Visto lo visto hoy, tanto en el desahucio, como en la reunión que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Alagón, está claro que el 'plan de protección para desahuciados' de la DGA, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) es agua mojada que permite escenas y situaciones como las de hoy. El único compromiso verbal del alcalde José María Becerril es que la familia se hace cargo de darles alojamiento hasta que el Ayuntamiento de Alagón estudie una solución digna para unas personas tan mayores que tiene que pasar por una vivienda digna que no suponga un desarraigo", denuncia la plataforma Stop Desahucios.
En este sentido, Stop Desahucios asegura que estarán pendientes del cumplimiento del acuerdo, "que nosotros entendemos que tiene que significar el realojo de la unidad familiar en una vivienda adecuada". Días como el de hoy "nos demuestran lo importante que es la información y la organización. Si la plataforma hubiera tenido conocimiento del desahucio con antelación seguramente los hechos hubieran sido otros, o por lo menos nos habríamos dejado la piel en el intento de paralizar el desahucio. Por ello redoblamos nuestro llamamiento a entrar en contacto y participar en las plataformas (PAH/Stop Desahucios) cuando se tienen problemas de desahucio", concluyen.
Francisco y su familia han visto derribar su casa, con pertenencias y recuerdos dentro, además de la maquinaría y las tejas con las que se ganaron la vida y que por ahora no podrán recuperar.
