El futbolista Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por la Audiencia de Barcelona, en relación a la agresión sexual cometida a una mujer en diciembre del año 2022, en los lavabos de la discoteca Sutton de Barcelona.
La magistrada que emitió la sentencia, respaldó la versión de la víctima, considerando que el exjugador del FC Barcelona cometió violación. No obstante, la pena impuesta es menor a los nueve años solicitados por la Fiscalía, y a los 12 años demandados por la acusación particular ya que el tribunal aplicó el atenuante de reparación del daño. Este atenuante se fundamenta en el hecho de que, antes del juicio, la defensa consignó 150.000 euros en la cuenta del juzgado para ser entregados a la víctima “sin ningún tipo de condicionante”. La pregunta que surge es: ¿Qué sucedería si el agresor no tiene los recursos económicos suficientes para cubrir la indemnización? La abogada de la víctima expresó su preocupación, indicando que existe el riesgo de “que se transmita a la sociedad el hecho de que las personas puedan tener una capacidad económica importante, pueden ver reducida su pena si pueden consignar una cantidad importante de indemnización”.
La decisión judicial refleja la credibilidad del testimonio de la víctima, aunque difiere en la duración de la pena en comparación con las solicitudes iniciales. Cabe señalar que, el acusado cambió su testimonio hasta cinco veces, desde alegar embriaguez hasta negar la violación y afirmar que las relaciones fueron consentidas. Incluso su entorno más cercano contribuyó difamando a la víctima al compartir un video acusatorio con su rostro, nombre y apellidos. También, Joana Sanz publicó un vídeo en redes dando a entender que muchas mujeres se acercaban a Alves por su fama y su dinero “si lo hacen en mi presencia, no quiero ni imaginar cuando yo no estoy’’. Narrativas que condicionan la opinión y credibilidad de la víctima.
Relatos mediáticos favorables a Dani Alves
Además, se ha intentado instalar la narrativa de que la víctima buscaba fama, aprovechándose de la situación de fama de Dani Alves, e instalando la idea clasista de que un hombre famoso no cometería una agresión sexual. A través de esta argumentación, esparcida en los principales medios de comunicación así como por ciertos influencers funcionales a la extrema derecha que día tras día esparcen sus bulos, se ha buscado por activa y por pasiva desacreditar, culpabilizar y generar una sombra de sospecha sobre la víctima.
Otro claro ejemplo de ello es la insinuación cómplice con el agresor, que sugiere que la víctima podría beneficiarse de la indemnización. Un relato que, de nuevo, pone en el punto de mira a la víctima y que ha sido propagado en diferentes programas de máxima audiencia tanto de Mediaset como de Atresmedia.
Asimismo, los mecanismos para desacreditar a la víctima han ido desde el blanqueamiento que hizo el programa de Ana Rosa Quintana entrevistando a Dani Alves en prisión, dando espacio y difusión a las tesis del “famoso” agresor y permitiendo comentarios como “Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono”, hasta tertulianos que día tras día intentan crear cierta sombra de sospecha sobre la víctima.
Violencia mediática que blanquea las agresiones sexuales y que se lleva reproduciendo de forma constante cada vez que una agresión sexual se mediatiza. Recordemos como tras el caso de La Manada, el pseudoperiodista de Espejo Público, Nacho Abad, realizó una vergonzosa encuesta en redes sociales para cuestionar si la agresión fue violación o sexo consentido.
Legislación que pone el consentimiento en el centro
En este contexto, la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual emerge como un instrumento crucial para establecer un estándar claro sobre el consentimiento y abordar la desigualdad de poder en las relaciones, impulsando así un cambio necesario en los patrones culturales que rodean la violencia sexual.
Antes de su implementación, que las mujeres pudieran obtener el reconocimiento judicial de una agresión sexual implicaba la tarea de demostrar que el agresor había empleado violencia o intimidación y la victima había opuesto resistencia. Sin embargo, bajo el actual marco legal, el consentimiento se convierte en el criterio diferenciador entre agresión sexual y libertad sexual. Por consiguiente, la sentencia destaca "que ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado, puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir" poniendo el foco en la ausencia de consentimiento de la víctima.
La impunidad de los hombres ricos y famosos
Resulta curioso pensar que Dani Alves es una excepción dentro del sistema judicial. A menudo, se tiende a generar multitud de opiniones sobre cómo debería funcionar la justicia, pero pocos cuentan con los miles de millones necesarios para materializar esas ideas. La agresión sexual de Dani Alves no es el primer ejemplo de figura famosa y adinerada acusado de agredir sexualmente a una mujer. Tampoco es el primero en negar rotundamente tales acusaciones, poniendo en entredicho el testimonio de la víctima aprovechando su riqueza y poder. Incluso muchos de sus iguales y seguidores salieron en su defensa argumentando que, siendo quien es, ¿cómo podría tener necesidad de recurrir a la violencia para mantener relaciones sexuales?
A pesar de los avances del movimiento feminista, sigue existiendo una cultura de la violación muy arraigada que cuestiona antes a la víctima que a los propios agresores, donde ciertos medios de comunicación desempeñan un papel crucial a la hora de influir en la opinión pública y en la forma en la que se aborda la violencia de género. Pablo Motos es el claro ejemplo de presentador televisivo que intenta instaurar un marco mental misógino, sexista y machista en la sociedad.
La lista de hombres ricos y famosos acusados de agresiones sexuales es extensa, incluyendo a figuras como Rubiales, Kevin Spacey, Plácido Domingo o Jeffry Epstein, el cual este último, con su riqueza y poder, creó una red de tráfico de mujeres menores de edad a las cuales les ofrecía dinero y regalos para luego explotarlas sexualmente.
Si nos paramos a analizar, existe cierto patrón de tratos preferenciales ante la justicia. El estudio ‘How Wealth Reduces Compassion’ realizado por la Universidad de Psicología de Berkeley explica cómo la convicción que tienen los ricos de merecer su fortuna, les otorga un cierto grado de credibilidad, generando un ambiente propicio para la perpetuación de la impunidad y como el entorno más próximo del agresor es determinante y juega un papel fundamental a la hora de legitimar la agresión. Algo que hemos visto con la familia de Alves, poniendo en duda el testimonio de la víctima.
Y es que, más allá del sistema patriarcal, existe un hecho diferencial que contribuye a la sensación de impunidad de los agresores, el dinero. Tal y como explica Sara Serrano en La Base, dicho estudio recaba información acerca de cómo el estatus social influye en los sentimientos que se tiene sobre otras personas, concluyendo que "las personas ricas están convencidas de merecer su fortuna, que las personas con ingresos menores suelen ser más generosas en su día a día y que aquellos con menor renta tienen una mayor inteligencia emocional que las personas con rentas más altas".
