Más de 30 colectivos ciudadanos, integrados en la coordinadora Recuperando, han vuelto a salir este jueves a la calle en una veintena de ciudades de 12 territorios para reclamar medidas legislativas contra el privilegio inmatriculador de los obispos, que permitió la inscripción arbitraria de 100.000 bienes inmuebles, muchos de ellos de incalculable valor histórico, como el arte mudéjar aragonés, la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la arquitectura prerrománica asturiana.
Bajo el lema de ‘Recuperando nuestro patrimonio público’, las organizaciones ciudadanas exigen al Gobierno de coalición que cumpla sus compromisos de investidura y declare nulas de pleno derecho las inscripciones eclesiásticas. El PSOE y Unidas Podemos anunciaron al inicio de la legislatura que impulsarían las “modificaciones legislativas oportunas” para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por los obispos. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pactado de forma unilateral con la Iglesia católica la “amnistía registral” de todas las inscripciones efectuadas al amparo del inconstitucional artículo 206 de la Ley Hipotecaria, hoy ya derogado.
Las concentraciones han tenido lugar en Zaragoza, Alicante, Badajoz, Bilbao, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Donosti, Xixón, Jerez, Leyón, Madrid, Murcia, Iruña, Santander, Sevilla. En todas ellas se ha leído un manifiesto conjunto de Recuperando en denuncia del “monumental escándalo patrimonial” protagonizado por los obispos en virtud de un privilegio registral que les permite inscribir bienes sin aportar título escrito de dominio.
Las organizaciones patrimonialistas, agrupadas en Recuperando, presentaron en febrero de 2017 ante el Congreso español dos iniciativas parlamentarias para conocer el listado completo de inmatriculaciones episcopales y promover las iniciativas legislativas tendentes a la nulidad de las inscripciones. Cuatro años más tarde, en febrero de 2021, el Gobierno elevó a las Cortes un listado con 34.961 inmatriculaciones. Recuperando consideró el logro ciudadano un “éxito sin paliativos”, aunque lamentó que el inventario solo comprendiera las inscripciones eclesiásticas realizadas entre los años 1998 y 2015, cuando gran parte de ellas se realizaron con anterioridad a esa fecha.
La coordinadora Recuperando lamenta, no obstante, que el Gobierno haya renunciado a adoptar medidas legislativas para “revertir el expolio de bienes públicos” y haya abandonado a los ayuntamientos y terceros para que litiguen en los tribunales con la Iglesia en “procedimientos largos y enormemente gravosos” si quieren recuperar los inmuebles inscritos de forma arbitraria.
Recuperando propone la declaración de nulidad de las inscripciones para que la Iglesia vuelva a registrar aquellos bienes cuya propiedad pueda demostrar por el procedimiento ordinario y sin privilegios registrales. Al mismo tiempo, solicita una reforma legislativa para identificar con precisión qué bienes son de dominio público y, por tanto, deben quedar fuera del tráfico mercantil.
“Es un problema de Estado que requiere una solución global de Estado”, reclama el manifiesto. “La coordinadora Recuperando y las organizaciones que agrupa seguiremos luchando hasta conocer los datos del expolio y lograr que estos bienes sean devueltos”, concluye el documento de las asociaciones patrimonialistas.
