El Juzgado número 2 de Fraga ha suspendido el desahucio de una familia con un menor de dos años


El Juzgado número 2 de Fraga ha suspendido el desahucio de una familia con un menor de dos años

El inmueble es propiedad del BBVA que lo vendió al fondo buitre Cerverus. Las familias afectadas hace meses que reclaman una actuación al Ayuntamiento de Fraga de manera subsidiaria y urgente sin obtener respuesta.

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca -PAH- de Fraga alerta “del corte de agua durante 40 horas a una familia sin recursos por parte de la concesionaria AQUALIA” en la capital del Baix Cinca “por una deuda que no habían generado”.

El activista de la PAH Fraga había pedido la nulidad de la multa, que se le interponía por denunciar por redes sociales una identificación racista por parte de la Policía Local

Debido a la situación precaria que aún padecen estas personas, PAH Fraga inició el fin de semana del 30 de enero una recogida solidaria de alimentos de primera necesidad, que fueron entregados a la familia desahuciada el miércoles 3 de febrero

“El Gobierno de Aragón se negó hasta el último momento a realojar a la familia, pese a no contar con alternativa habitacional y dejándolos literalmente en la calle y con los muebles y enseres personales ocupando la vía pública, en un viernes con intenso frío y en plena pandemia de COVID”, afirman desde PAH Fraga

La Plataforma además advierte que la entidad bancaria está utilizando "métodos de coacción" hacia familias en proceso de desahucio o que ya han perdido su vivienda, a través de empresas de recobro, desde el anuncio de su salida a bolsa previsto para 2020

La PAH denuncia que la familia afectada no cuentan con alternativa habitacional pese a tener reconocido derecho a una vivienda de alquiler social por el Gobierno de Aragón. La defensa de la familia afectada ya ha presentado recurso, solicitando el aplazamiento del desahucio por la situación de vulnerabilidad extrema.

La familia vivía de alquiler en la vivienda desde hace 11 años, siempre ha estado al corriente del pago del alquiler y tenía el piso adaptado para las necesidades de cuidados del menor, sin embargo, Ibercaja impide que puedan renovar el contrato

Desde PAH Fraga califican la decisión del Juzgado de “auténtica cacicada, que genera una clara situación de indefensión procesal en la familia desahuciada, que además no ha contado con abogado de oficio en ningún momento del procedimiento de desahucio”

Solicita además al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad que archive la demanda y declare la nulidad de las actuaciones seguidas contra estas personas, que nunca han habitado ni habitan en el inmueble objeto de la denuncia sino en el contiguo

La PAH Fraga relaciona estas reclamaciones con la venta masiva de “ladrillo tóxico" por parte de la entidad preparando su próxima salida a bolsa que según el plan estratégico de la entidad bancaria se realizará en 2020

Una Sentencia del Tribunal Supremo de 2016 confirma la nulidad del producto contratado por el agricultor, al constatar la falta de información clara y completa sobre las características del producto

“Varias familias que ya han sido desalojadas de sus viviendas en 2011, 2014 y 2018, están recibiendo llamas intimidatorias a varias horas del día, [...] acumulando más de 150 llamadas entre los meses de noviembre y diciembre, reclamándoles una deuda ya cobrada por la entidad bancaria al quedarse con sus viviendas"

La Plataforma recurrirá la sanción que considera “totalmente arbitraria, carente de fundamento jurídico, y un intento descarado de la Subdelegación del Gobierno en Huesca de criminalizar la lucha social a base de multas aplicando la Ley Mordaza”

La Plataforma antidesahucios de la localidad denuncia además que "la familia no contó con abogado en todo el procedimiento, lo que está generando una situación de indefensión procesal sin posibilidad de poder recurrir los Autos judiciales dictados contra ellos"

La Plataforma antidesahucios denuncia que Ibercaja se niega a buscar una solución y reclama una deuda, siete años después, ya cobrada por la venta de la vivienda de la que fue desalojada la familia

"El Gobierno de Aragón sigue dando la espalda a una realidad social que además se acentúa por la falta de parque público de vivienda disponible en la mayor parte de municipios de nuestra geografía”, señalan desde el colectivo antidesahucios

“Justo cuando empiezan a rehacer su vida, después de una situación dramática como un desahucio, Ibercaja vuelve a intenta cobrar una deuda que ya saldó arrebatándoles su vivienda, intentando sembrar miedo, incertidumbre y precariedad en una familia humilde”, concluyen desde el colectivo antidesahucios.

La PAH presentó la denuncia después de que el Juzgado Decano de la localidad se negara a facilitar una documentación a una persona pendiente de desahucio. Cabe recordar que esta no es la primera denuncia de la plataforma antidesahucios ante hechos similares en los últimos meses.

En la suspensión del desalojo, al igual que el paralizado el pasado viernes, ha mediado el Ayuntamiento de Fraga a través de la alcaldía, que está además realizando gestiones con el Gobierno de Aragón para poder realojar a la familia en una vivienda social a la que tienen derecho desde hace más de dos años

Estima así la situación de especial vulnerabilidad de la familia y tiene en cuenta además la enfermedad que padece uno de los menores, con el grave riesgo para su salud en caso de sufrir un desahucio

Los activistas recurrirán la sanción por vulneración del principio jurídico “non bis in ídem”, que establece que no se puede sancionar por vía administrativa y penal en un mismo caso

Las familias, con menores a su cargo ocupan inmuebles propiedad de entidades bancarias ante la falta de parque público disponible, pese a tener el derecho a vivienda social reconocido por el Gobierno de Aragón

En el transcurso de su reunión monográfica de Vivienda se abordaron los principales problemas que sufre Uesca en materia habitacional como es, a juicio de la formación, "la escasez de alquileres sociales, la ocupación de inmuebles o los reiterados incumplimientos en la construcción de nuevas viviendas en el solar de la Merced"

En opinión del colectivo es "un parche que favorece claramente los intereses de las entidades bancarias, concediéndoles una amnistía que les librará de devolver el impuesto de las hipotecas a miles de afectados”

Por su parte, PAH Fraga califica la decisión del TS como “golpe de estado judicial”; ADICAE mantiene sus demandas colectivas pese al Supremo y elevará a Europa la resolución; FACUA califica de "aberración" el fallo del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas; y la OCU tilda de "bochornosa" la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas.