SOS Ribagorza ha denunciado la existencia de una “disparidad de criterios” en la aplicación de la normativa después de conocer la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) al Ayuntamiento de Benás por incumplimientos en las obras de “Medidas para la reducción de la vulnerabilidad frente a inundaciones en el casco histórico de Benasque”.
Según explica la asociación, los informes definitivos de la CHE reconocen que las obras no se ajustaron al proyecto y que se ejecutaron fuera de plazo y sin cumplir los requisitos establecidos. SOS Ribagorza señala que la actuación debía respetar el cauce mediante una intervención mínima en el río Ésera, pero sostiene que finalmente “el cauce fue modificado y abierto en canal en más de 250 metros”, se removieron sedimentos, se eliminó vegetación y se construyó un vado que podía afectar al régimen de corrientes ante una avenida.
La organización recuerda que las obras continuaron durante meses pese a las denuncias, incluida una del Seprona, y a la apertura de un expediente por parte de la CHE. Critica que ni el Ayuntamiento, ni el Instituto Aragonés del Agua (IAA), encargado de la dirección de obra, ni la propia Confederación plantearan una paralización cautelar hasta que se cumplieran las condiciones exigidas.
SOS Ribagorza asegura que también solicitó la paralización y una investigación al Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Benás y la CHE, pero afirma no tener constancia de que se abriera un expediente de investigación y disciplina urbanística ni haber recibido respuesta de ninguno de estos organismos.
Críticas al IAA y a la empresa constructora
La asociación apunta también a la actuación del IAA y de Viacom S.A., empresa adjudicataria de unas obras licitadas con un presupuesto que posteriormente rebajó en más de un 20%. Según SOS Ribagorza, la constructora no fue instada a restituir los daños y ejecutar la actuación conforme a lo establecido en el contrato.
También cuestiona la actuación del director de obra, funcionario del IAA. La asociación asegura no tener conocimiento de que se expedientara a la empresa y critica que se permitiera continuar los trabajos pese a los incumplimientos. Añade que el director llegó a firmar un documento en el que daba a entender que era imposible ejecutar la obra sin intervenir en el cauce de la manera realizada, pese a que las condiciones ambientales figuraban en la propia licitación gestionada por el IAA.
SOS Ribagorza considera que tanto la dirección de obra como Viacom deberían asumir responsabilidades. En el caso de que la CHE considere que carece de competencias para sancionarlas, reclama que traslade los hechos a las administraciones correspondientes.
Una infracción finalmente calificada como leve
Una de las principales críticas de SOS Ribagorza se dirige a la dimensión de la sanción. Según la asociación, la CHE ha terminado calificando los hechos como una infracción leve “sin hacer la valoración de los daños que permitiría determinar si la falta es leve o grave”.
También sostiene que no se habrían tenido en cuenta como agravantes la negativa a cumplir el condicionado ambiental después de las denuncias ni la falta de notificación del inicio de las obras. En cambio, denuncia que se haya considerado como atenuante la ejecución de una parte de las medidas correctoras requeridas posteriormente por la Confederación.
“Como ciudadanos nos sentimos defraudados y discriminados por el trato de favor entre administraciones”, afirma SOS Ribagorza.
La asociación añade que no le consta que se haya aprobado una modificación del proyecto inicial y señala que las obras se han dado por finalizadas sin ejecutar el canal de aguas bajas previsto, mientras que se habría construido un azud que no figuraba en el proyecto. SOS Ribagorza asegura desconocer si estos cambios cuentan con el control del IAA y la CHE.
La telecabina Benás-Cerler, de nuevo en el centro
SOS Ribagorza vincula estas actuaciones con el proyecto de la telecabina Benás-Cerler. Según la asociación, detrás de las prisas por ejecutar las obras estaba el objetivo de modificar las condiciones de inundabilidad de la finca donde se encuentra la estación de salida de la infraestructura y poder justificar dentro de plazo su financiación europea.
La organización cuestiona además la propia efectividad de una actuación de 1,2 millones de euros destinada a proteger el casco histórico frente a inundaciones con un periodo de retorno de diez años. A su juicio, deberían haberse priorizado medidas para periodos de retorno superiores, actuaciones en otros puntos del municipio con mayor riesgo y la reparación de escolleras dañadas, además de evitar nuevas construcciones en zonas inundables.
La asociación recuerda que la actuación fue promovida por el Ayuntamiento con el objetivo, según sostiene, de modificar la condición de zona inundable de flujo preferente de los terrenos donde se sitúa la salida de la telecabina. También señala que la inundabilidad fue precisamente uno de los argumentos de la sentencia que declaró ilegal esta infraestructura.
“La multa la acabarán pagando los vecinos”
SOS Ribagorza lamenta además que la sanción recaiga por el momento únicamente sobre el Ayuntamiento como promotor de las obras. “La acabarán pagando los vecinos del municipio, a pesar de advertirlo, en vez de pagarla las personas que dejaron de tomar las decisiones adecuadas a la legislación en los asuntos que les competían”, denuncia.
La asociación concluye denunciando una aplicación desigual de la normativa dependiendo de quién cometa los incumplimientos y reprocha a las administraciones que no atendieran las alegaciones formuladas por vecinas, vecinos y asociaciones durante los procesos de participación.
SOS Ribagorza anuncia finalmente que las distintas asociaciones implicadas están valorando recurrir el acto administrativo por lo que consideran su “falta de base legal”. Reclaman que las administraciones públicas escuchen las razones planteadas durante los procesos de participación y cumplan la legislación atendiendo a los intereses colectivos y no a “intereses particulares o partidistas”.
