La solicitud de ‘SOS Ribagorza’ al Gobierno de Aragón y la CHE “es debida a las graves irregularidades permitidas en la obra que dirige el Instituto Aragonés del Agua (IAA) en el Ésera a su paso por Benás para el cambio de la inundabilidad de la parcela en la que se situará la estación de salida” de la telecabina de Benás a Sarllé, detalla la entidad. “El IAA en vez de paralizar la obra ante los evidentes incumplimientos de la empresa licitada presenta alegaciones para evitarles una multa”, recalcan.
Las obras “siguen sin paralizarse y sin reconstruir la zona del río dañada poniendo en mayor riesgo a la población ante futuras avenidas. Además, la empresa Viacron ha incumplido las obligaciones esenciales del contrato, lo que debería ser causa de resolución del mismo, sin embargo, el IAA, que es la administración encargada de la obra, no ha iniciado el procedimiento correspondiente”, aseguran desde ‘SOS Ribagorza’.
“La empresa Viacron S.A. está llevando a cabo en el cauce del río Ésera unas obras para reducir la inundabilidad del casco urbano de Benás. Estas obras fueron acordadas con la CHE como condición para poder autorizar la construcción de la telecabina de Benás a Sarllé (Benasque a Cerler, en castellano), pues los áridos extraídos del cauce se utilizarían para elevar la cota de la estación de salida de la telecabina, ya que de lo contrario, dicha estación de salida se situaría en zona inundable de flujo preferente”, recuerdan desde la entidad.
Las obras, con un presupuesto de 1,2 millones de euros “fueron concedidas a la empresa Viacron, que en su proyecto de licitación, redujo el coste de las mismas en un 22%, comprometiéndose eso sí, a cumplir con las condiciones exigidas por el INAGA y la propia CHE para la realización de la obra en adecuadas condiciones de seguridad y protección ambiental”, subrayan.
“Sin embargo, una vez iniciadas las obras, se ha comprobado que se están incumpliendo gran parte de las condiciones establecidas. Esta situación se denunció puntualmente y la CHE inició un expediente sancionador a la empresa licitada. Por su parte, el Instituto Aragonés del Agua (IAA), que actúa en esta obra como licitador y ostenta la dirección de obra, en lugar de paralizar los trabajos y reconducir la situación, ha presentado alegaciones a esta sanción”, explican con pesadumbre desde SOS Ribagorza.
La alegación esgrimida por el IAA, indica que “es totalmente necesaria la retirada de vegetación, el desvío del río, un camino de acceso perpendicular al cauce y la ejecución de una banda de acceso paralela al muro para el empleo de maquinaria pesada y poder ejecutar así las actividades con seguridad y de manera rápida”, destacan desde la entidad ribagorzana.
“Incumplimientos e irregularidades”
La metodología de ejecución de las obras en el cauce, aprobada en la licitación que fue realizada por el IAA “no permitía entrar en el lecho del río, considerando que la obra se debía hacer mediante ‘camiones grúa o sistemas de elevación mediante cestas articuladas, sin necesidad a priori de invadir el cauce’. además el procedimiento incluía que ‘esta metodología de trabajo con carácter general, podrá necesitar en algún tramo por la dificultad de acceso para la maquinaria, del empleo de sistemas de andamiaje apoyados en el cauce, aunque se intentará que sea lo menos posible’, estas condiciones se recogieron en los informes del INAGA y las prescripciones de obligado cumplimiento del oficio de la CHE para esta obra, que en su condición particular séptima rezaba que ‘los trabajos referentes a esta autorización se efectuarán de forma ordenada, continua y progresiva, sin dañar al cauce ni a las márgenes”, detallan desde SOS Ribagorza.
“Tal y como se recoge en los anexos V, VI y VII de la licitación, estos incumplimientos son causa de resolución del contrato. Sin embargo, el IAA en vez de parar la obra y reconducir la situación cuando se invadió el cauce en contra de las prescripciones del INAGA y CHE o rescindir el contrato, trata de defender a la empresa que está incumpliendo las condiciones pactadas ¿Por qué no se ha iniciado el procedimiento de resolución? ¿Hay intereses políticos o personales en los organismos involucrados?”, se cuestionan desde la entidad cívica.
“De hecho, la condición particular 1ª del oficio de la CHE era también que ‘las obras se llevarán a cabo en el plazo máximo de doce meses, contados a partir de la fecha de notificación de la presente’ y ese plazo expiró varios meses antes del inicio de esta obra”, aseguran.
Así pues, “se están produciendo obras en el tramo superior de un río de montaña protegido por el Plan de Cuenca y varias figuras ambientales. Estas obras no cumplen con el condicionado ambiental ni el técnico. Al modificarse la cuenca hay un riesgo cierto en caso de riada que podría afectar a personas, bienes y al entorno, cuestiones no previstas. Al tratarse de obras sin títulos habilitantes o permisos, o incumpliéndolos, es obligación legal de las administraciones (Gobierno de Aragón, CHE y Ayuntamiento de Benás) abrir los expedientes de Investigación y de Disciplina Urbanística necesarios y dar traslado por denuncia a la Fiscalía”, exigen desde SOS Ribagorza.
“Una obra innecesaria para la población de Benás”
El objetivo “que la administración esgrime para llevar a cabo este proyecto es reducir la vulnerabilidad frente a las inundaciones de periodo de retorno de 10 años del casco histórico de Benás. Sin embargo, se da la circunstancia de que con esta actuación sólo se modifica sustancialmente la inundabilidad de la zona de salida de la telecabina que quizás pase de inundable de fuljo preferente a sólo inundable, por sobreelevar el terreno con el material proveniente de la excavación en el Ésera. Esta connivencia del IAA con una obra que le va bien al Ayuntamiento de Benás y que no es la más necesaria para evitar avenidas en el casco histórico da pie a pensar que el gasto de fondos públicos de 1,2 millones de euros es arbitrario e irregular. Se demuestra que es una obra innecesaria para proteger al pueblo de avenidas de periodo de retorno de 10 años de las que ya está protegido según oficio de la CHE de fecha 12.02.25, expediente 2024-gm-483, por ser de similar magnitud la riada de 18 de 2013 que no lo inundó”, recalcan desde la entidad social ribagorzana.
Además, señalan que “la obra que se aprobó podría no resolver su prescripción para que pudiera realizarse la salida de la telecabina en el lugar señalado debido a que en la documentación aportada a la CHE, no se han presentado los estudios hidrológicos e hidráulicos completos para poder cuantificar estos procesos antes y después de la actuación prevista y que permitirían asegurar si la estación de salida se sitúa o no en zona de flujo preferente y no afecta a otras zonas como exige el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico”.
“Connivencia entre las administraciones”
“La inacción del IAA en el inicio de las irregularidades, por seguir sin parar la obra y por defender en la alegación ‘que es totalmente necesaria la retirada de la vegetación, el desvío del río, un camino perpendicular al cauce y la ejecución de una banda de acceso paralela al muro para el empleo de maquinaria pesada’ cuando este instituto fue el que licitó la obra con las condiciones para su construcción y los correspondientes informes de INAGA y CHE de obligado cumplimiento, hace dudar de la limpieza política de este proceso”, aseveran desde SOS Ribagorza.
Por su parte, el Ayuntamiento de Benás “que redactó el proyecto, no se ha pronunciado en contra de las irregularidades que se están cometiendo en el cauce de su propio río. De hecho, el alcalde de Benás declaró en una entrevista que ‘hacer la actuación por dentro del cauce no estaba autorizado. Por eso han abierto el expediente, si se hubiera comunicado no habría problema’, esta afirmación es falsa: el proyecto deja claro que no se debe entrar en el cauce, por lo que no cabe dicha comunicación que ahora alega”, aseguran desde la entidad social.
“Cabe destacar también que ni el Servicio de medioambiente y turismo de Uesca, al que el INAGA obligó a que se le comunicara el inicio de las obras ‘para ejercer labores de guardería y vigilancia’, ni el servicio de vigilancia de cauces de la propia CHE, también con obligación de ser avisados del inicio de la obra, no hayan paralizado la obra hasta el momento”, destacan.
Por todo ello, desde SOS Ribagorza se pide “la investigación cautelar del IAA, ante lo que parece un intercambio de intereses entre políticos, incluso abalada con la escenificación de puesta de la primera piedra de la telecabina por el presidente Azcón”.
La asociación también ha interpuesto una denuncia ante el Seprona “para que paralice la obra de forma urgente, pidiendo al IAA que restablezca la legalidad vigente y se acometa la restauración del río para impedir males mayores a los vecinos en caso de una futura avenida”.
Estas actuaciones “vienen a aumentar las controversias del proyecto de telecabina, que está amenazado por la devolución de los fondos europeos asignados por incumplir el principio obligado de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH). Igualmente, se está a la espera de que el Ministerio de Industria y Turismo, junto con el Departamento de medioambiente y Turismo de la DGA den contestación a la denuncia sobre el incumplimiento de los objetivos por el que se concedió la subvención en la ejecución del proyecto aprobado”, recuerda la entidad.
Finalmente, SOS Ribagorza anuncia que está “recopilando información para enviar todos los indicios e irregularidades a la fiscalía, por si existen responsabilidades penales ante la inacción de las administraciones involucradas. Recordamos que el proyecto está pendiente de resolución judicial sobre su legalidad”, concluyen.
