De nuevo parece que los hermanos Lapeña podrán volver a su hogar. El apunte de parece nace del escepticismo de siete años de larga espera, obstáculos judiciales y mucha falta de interés por parte de las instituciones como ha denunciado a AraInfo su nieta y sobrinieta, Puri Lapeña.
El Tribunal Supremo ha dado su aprobación al comienzo de las obras de exhumación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterradas en el que desde 2021 se ha vuelto a llamar Cuelgamuros al rechazar el recurso presentado por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, último escollo jurisdiccional que frenaba las extracciones de los cadáveres.
Una sentencia que llega tarde, muy tarde, para muchas y muchos familiares, entre ellos se encuentran el hijo y sobrino de los hermanos Lapeña, Manuel, que falleció el 12 de septiembre de 2021 con la verdad pero sin justicia ni reparación tal y como publicamos en AraInfo. También es tarde para Miguel Ángel Capapé, compañero de vida y de lucha de la hija de Manuel Lapeña, Puri. Falleció el pasado diciembre esperando esta sentencia.
“Está pasando con toda la gente que es muy mayor, o sea, mi padre se fue sin saber que ha sido de su padre y de su tío. Murió mi madre también, que aunque no tiene nada que ver con lo del valle, sin saber qué ha sido de su padre y a su hermano de ocho años. Murió mi padre, mi madre, ha muerto mi marido que es el que tenía también una ilusión porque saliera todo esto. En la asociación sigue habiendo gente muy mayor, los nietos ya somos mayores. El tiempo corre para todos”, explica esta nieta que ha pasado toda una vida esperando.
Puri está cansada de entrevistas, reportajes y de una presencia mediática que despierta cada vez que un medio de comunicación anuncia “luz verde a la exhumación…”, su voz y su tono así lo denotan: “Dando luz verde llevamos siete años”.
Este hartazgo es suyo pero también, como explica, de muchas familias que están despidiéndose de sus parientes sin haber recibido justicia o, como dices ella, “algún tipo de reconocimiento” por parte de las instituciones.
Aunque Puri ya se ha acostumbrado a esperar, su voz se enciende cuando habla del origen de estos bloqueos: “Voy a ser un poco escatológica pero es que este país está lleno de mierda franquista en todos los aspectos político, judicial, el ejército, la Iglesia, todo. Y va como va porque mandan los que mandan todavía”.
“Llevamos siete años, ahora el 30 de este mes va a hacer siete años de la sentencia y entonces bueno, pues te acostumbras a que estén diciendo constantemente que sí. Está todo, pero claro, tenemos siempre la duda de cuál va a ser el siguiente paso que hagan los franquistas”, explica Puri a AraInfo, antes de conocer que ya han anunciado nuevas acciones de bloqueo.
El último obstáculo judicial
La última noticia es que la Sala Contencioso-Administrativo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto contra la sentencia, de 20 de junio de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a la licencia urbanística para la rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz de Cuelgamuros.
La resolución recurrida acordó levantar la medida cautelar que impedía las extracciones de restos mortales de las criptas al entender que el alcance de la intervención objeto de la licencia no conllevaría "una transformación urbanística irreversible de las criptas".
El Alto Tribunal ha inadmitido a trámite el recurso por incumplimiento de los requisitos exigidos por falta de fundamentación suficiente y sin que se haya justificado debidamente y con precisión la presunción incorporada al precepto para hacerla valer en sede casacional.
Así ha condenado en costas al recurrente en 1.500 euros, en favor de la parte recurrida y personada (Abogacía del Estado), que se ha opuesto a la admisión del recurso, y de 500 euros en favor de la otra recurrida y personada (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). La sentencia de instancia acordó denegar la medida interesada de suspensión de la ejecutividad del Acuerdo de 24 de junio de 2021 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.
Dicho acuerdo concedía a Patrimonio Nacional licencia urbanística para rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos otorgada por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.
El siguiente bloqueo
Aunque parece que ya se ve el final de este largo camino, solo parece, porque según ha podido conocer AraInfo una de las entidades que habían recurrido el fallo judicial en 2022 y que recibió este lunes la noticia ha anunciado que recurrirá la decisión al Tribunal Constitucional.
Al margen de la paradoja de su nombre, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, había presentado un recurso con el fin de frenar los trabajos de exhumación tal y como habían requerido varias familias.
Esta entidad, íntimamente ligada a la Fundación Francisco Franco, la cual se encuentra en vías de ser ilegalizada por hacer apología de la dictadura, ha asegurado que busca “respetar el sagrado reposo eterno” de las personas fallecidas. Sin embargo, Puri Lapeña, nieta y sobrinieta de dos de estos fallecidos, recuerda que en su caso ninguno de ellos ni si quiera sus familiares aceptaron que fueran enterrados en la que sería la gran obra faraónica de Francisco Franco.
Los hermanos Lapeña
Afiliados a la Confederación Nacional del Trabajo en la localidad de Villaroya de la Sierra, Manuel era técnico veterinario, mientras que su hermano Antonio Ramiro ejercía como herrero.
A Manuel le asesinaron junto a varios más en el barranco de La Bartolina (lugar de enterramientos masivos) y sus restos nunca fueron hallados. Se hicieron catas en su día y no apareció ni un solo hueso por lo que la familia cree que en 1959 fueron llevados a Cuelgamuros junto a restos de las fosas del cementerio de Calatayud donde fue asesinado y enterrado Antonio Ramiro. Este huyó en octubre de 1936 pero terminó entregándose y fue fusilado. En ninguno de los dos casos existe constancia de juicio que les condenara a muerte.
El proceso para recuperar sus cuerpos comenzó en 2016, cuando un juez de San Lorenzo de El Escorial reconoció el derecho de la familia a que los cadáveres de sus allegados fueran exhumados y trasladados a otro lugar.
En junio de 2021, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió a Patrimonio Nacional la licencia urbanística para su extracción.
