Al fallido proyecto de centros de datos de Forestalia en Botorrita, le ha sustituido uno nuevo promovido por Merlín Propierties. Al igual que pasó con el primero, el segundo ha obtenido del Gobierno de Aragón la Declaración como inversión autonómica con interés general (DIA) sin cumplir el requisito de impacto laboral que marca la legislación. Esta sociedad de inversión inmobiliaria del IBEX 35 ha realizado un ejercicio de ficción económica, mezclando categorías de puestos de trabajo con modelos de cálculo lineal, para presentar unas cifras irreales, que han servido a la Dirección General de Política Económica, encabezada por Ricardo Laborda Herrero, para emitir su informe favorable.
Sin embargo, la legislación en la que se sustenta esta declaración es bastante precisa en cuanto al impacto laboral. El artículo 6.2 del Decreto-Ley de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica expone: “Para declarar de interés autonómico un proyecto inversor deberá considerarse su impacto en términos de creación en Aragón de puestos de trabajo directos equivalentes a tiempo completo y en cómputo anual”. La DIA publicada en el Boletín Oficial de Aragón refleja la estimación final de 196 empleos directos cuando los centros de datos de Merlín estén operativos.
El primer maquillaje que acostumbran a realizar los promotores de centros de datos, con la connivencia del ejecutivo de Azcón, es contabilizar los puestos de trabajo necesarios para la fase de construcción. Sin embargo, atribuirse el mérito del empleo generado en la fase de obra constituye un burdo maquillaje. A efectos de estadísticas oficiales, como la Encuesta de Población Activa (EPA), los puestos de albañiles, electricistas o personal que edifican estas instalaciones corresponden a la construcción, no al sector digital.
Este tipo de falacia es tan absurda como si un centro comercial o una industria contabilizara también entre sus puestos de trabajo directos aquellos que hubieran sido necesarios durante su construcción. Por si fuera poco el engaño, Merlín también detalla las categorías de empleos indirectos e inducidos, tanto en fase de edificación como de operación, datos que no son recogidos por la legislación como indicadores de impacto laboral para efectuar la declaración de interés.
Para emitir el informe favorable de este proyecto, la Dirección General de Política Económica de Laborda ha llegado a plasmar en el BOA alguna argumentación algo simple. En un apartado de la declaración detalla que en Botorrita hay setenta personas dadas de alta en el Seguridad Social y otras veinte inscritas como demandante de empleo. A juicio de este órgano, estas cifras “hacen patente el impacto que la inversión va a tener en materia de empleo”. Esta conclusión la hace extensible a la comarca sin aportar ningún dato más, ni explicación acerca de la interrelación de estos números con la tipología de puestos de trabajo necesarios en los centros de datos.
Previsiones infladas en modelos lineales
La Dirección General de Política Económica también avala su informe favorable con los números presentados por Merlín en un estudio input-output, basado en la matriz inversa de Leontief. La primera limitación de dicho modelo de estimación lineal es que toma los datos publicados por el Instituto Aragonés de Fomento en 2019, fecha muy anterior a crisis económicas como las producidas por la pandemia COVID-19, o agresiones bélicas como la de Rusia en Ucrania y la de Estados Unidos en Irán.
Pero lo más desconcertante es la utilización de los parámetros CAPEX y OPEX para demostrar un mayor impacto laboral en la fase de funcionamiento de los centros que durante su construcción. Los parámetros de CAPEX (Capital Expenditure / Gasto de Capital) se atribuyen a las inversiones puntuales, aún a largo plazo, necesarias para llevar a cabo la construcción de centros de datos. Mientras que OPEX (Operational Expenditure / Gasto Operativo) se refiere a los gastos recurrentes necesarios para mantener las instalaciones operativas.
Para demostrar la poca fiabilidad de este estudio solo basta comparar las estimaciones calculadas con las finales que recoge la memoria. Así, según el modelo presentado por Merlín, los puestos de trabajo directos para la construcción se estiman en 1.515 por año. Sin embargo, la memoria concluye que se crearán un total de 1.109 empleos directos durante los dos años en que está planificada la edificación de las instalaciones.
Pero el gran engaño de este estudio se da al estimar los empleos directos durante la fase de operación. Según los datos calculados por Merlin, cuando los centros de datos estén en funcionamiento, la cifra estimada de empleos directos a tiempo completo será de 3.047 anuales. Esta cifra multiplica por 64 la estimación final de 196 empleos directos que recoge la memoria.
Lo grave de este tipo de manipulación es que sea asumida por la Dirección General de Política Económica con argumentaciones sonrojantes. Así, por ejemplo, siendo irrefutable que los centros de datos generan más empleo en la fase de construcción que de operación, el ente dirigido por Ricardo Laborda expone: “Estos resultados demuestran que la fase de operación constituye el verdadero motor estructural del proyecto, proporcionando un flujo recurrente y sostenido de riqueza y empleo durante toda la vida útil del centro de datos, estimada en 25 a 30 años”.
Desinformación del Ayuntamiento de Botorrita
Las exageraciones y falacias sobre el impacto laboral de los centros de datos son habituales, tanto por lo promotores como por el propio Azcón. Lo más sorprendente en este proyecto ha sido la colaboración del Ayuntamiento de Botorrita en estas labores de desinformación a la ciudadanía. Recientemente, el consistorio mandó un comunicado a través de la app municipal para informar a sus vecinos sobre este asunto.
En este comunicado, el ayuntamiento afirmaba que: “Se estima en más de 500 puestos de trabajo directos al que pueden optar los vecinos de Botorrita”. Lo grave de la mentira es que, según el consistorio, esta cifra era dada “atendiendo a la información publicada en el Boletín Oficial de Aragón, publicado el 14 de agosto de 2026, N.º 157”. Este último documento es la DIA en la que se basa la presente investigación de AraInfo, y la cifra comunicada por el consistorio no aparece en ninguna línea de la declaración oficial.
El engaño del ayuntamiento no solo se circunscribió en torno al impacto laboral, sino también en cuanto a la recaudación municipal. Afirmaron que estiman recaudar “aproximadamente más de un millón de euros cada año”. Esta cifra es imposible de calcular en base a la DIA que mencionan, ya que no aparece ni un sólo dato para poder estimar esta cifra. Estas recaudaciones son conocidas y públicas cuando se aprueba inicialmente el PIGA con la distintas documentaciones y anexos.
Probablemente, esta cifra ha sido comunicada por parte del promotor o gobierno aragonés al consistorio. Lo que sí demuestra es que el Ayuntamiento ha caído en la trampa de Azcón, quien resalta de forma desmedida las recaudaciones del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Lo hace para ocultar el impago de la tasa municipal más jugosa y millonaria, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Ésta es una exención arbitraria que permite el Gobierno de Aragón a costa de las arcas municipales de pueblos, que albergan centros de datos.
A tenor de lo informado en la comunicación, el Ayuntamiento de Botorrita también descarta cobrar esta cifra millonaria. Acepta con sumisión la alfombra roja de Azcón como Calatorao (285 millones), La Muela (53 millones) o Villamayor de Galligo (34 millones). Caso contrario es el de Villanueva de Galligo que defiende sus intereses municipales por vía judicial. El pasado mes de julio ratificó su contencioso administrativo para reclamar los 23 millones de euros por el ICIO, mayor aprovechamiento lucrativo y no cargar con el mantenimiento urbanístico de las nuevas instalaciones.
Otro aspecto relevante es que a finales de julio, antes de publicarse la DIA en el BOA, el alcalde de Botorrita, José María Castillo, ya hablaba de una “huella fiscal de 900.000 euros al año”. El edil socialista tenía muy clara su apuesta por este proyecto: “Muchos pueblos quisieran tenerlo, ya que supone una entrada de dinero muy importante y un buen beneficio para el pueblo”.
