Azcón repite el mismo truco de ilusionismo en todas las presentaciones de sus centros de datos. Alardea de cifras millonarias de inversión, que solo redundarán en constructoras y energéticas, y hace hipérbole de la recaudación impositiva sobre bienes inmuebles (IBI) y actividades económicas (IAE) para los ayuntamientos. Esta escenografía oculta la gran ‘alfombra roja’ que regala a los promotores de estas infraestructuras: el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). De todos los casos investigados por AraInfo, el más sangrante es el de Calatorao. Esta localidad puede perder más de 285 millones de euros ante el impago de Balckstone por la construcción de sus centros de datos.
Este cálculo se ha realizado en base a la información proporcionada por el fondo de inversión en su Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA). Presupuesta un gasto de 8.977.818.238 euros para la construcción de sus centros de datos. Si aplicamos el 3,18% de tasa, que marca la ordenanza municipal, Blackstone debería pagar a Calatorao un total de 285.494.619,96 euros. No hay descuento posible, pues no cumple ninguna de las condiciones de bonificación que marca la normativa del consistorio.
El presupuesto de Blackstone incluye todas las obras interiores y exteriores necesarias para sus dos fases de construcción. En la primera se elevarán hasta ocho centros de datos y una subestación, además de edificios auxiliares. En la segunda, según refiere la documentación, será una ampliación “conforme a las previsiones de mercado”. Sin embargo, al menos, fijan como seguros, otros cinco centros de datos y un nueva subestación. Con estas cifras, Calatorao sumaría 13 centros, uno menos que San Mateo de Galligo, territorio más sacrificado por la colonización tecnológica de Aragón.
La cifra que dejaría de pagar Blackstone a Calatorao es tan astronómica, que es necesario algún ejemplo de proporcionalidad para una mejor comprensión. Con esta recaudación impositiva, que cumplen todos los particulares y empresas, el ayuntamiento dispondría de presupuesto para los próximos 108 años, tomando como referencia el de 2025 (2.640.418 euros). Otro ejemplo sería sumando los impuestos anuales de IBI (643.724,25 euros) e IAE (287.400,37 euros) que reflejan la documentación del fondo de inversión. El ayuntamiento necesitaría 306 años de cobro de ambos impuestos (931.124,62 euros) para paliar el enorme agujero del impago del ICIO.
Ante este último ejemplo, sonroja escuchar a Azcón cuando se refiere a los beneficios impositivos para los municipios. “La fiscalidad va a significar un incremento muy importante de la recaudación en la hacienda local, fundamentalmente a través del impuesto de actividades económicas y también el impuesto de bienes e inmuebles. Y las posibilidades de estos ayuntamientos de poder invertir se van a multiplicar exponencialmente” expresó ante un orgulloso Fernando Samper, ahora investigado por las renovables, en la presentación del proyecto de centros de datos de Forestalia.
El alcalde de Calatorao, con “una enorme satisfacción”
Lo más humillante de este millonario perjuicio a las arcas municipales no es la pasividad del Ayuntamiento de Calatorao, sino la complacencia del alcalde del municipio, David Felipe Lallana, con Blackstone. El regidor socialista ha manifestado que el proyecto del fondo de inversión genera “gran esperanza” y “una enorme satisfacción” en su localidad. Lejos de reprochar a Azcón la ‘alfombra roja’, trasladó a la vicepresidenta Mar Vaquero su “plena disposición” a colaborar con el Ejecutivo aragonés “en todo lo que haga falta”.
Esta actitud sumisa es totalmente opuesta a la de Villanueva de Galligo, que ha interpuesto un contencioso judicial contra la expansión de los centros de datos de Amazon por el impago de ICIO. Ante el peligro que les pueda causar este juicio, el gobierno de Azcón y la multinacional están negociando con este consistorio para llegar a un acuerdo. Aragón Existe denunció recientemente la opacidad de este proceso con la ciudadanía.
La legislación que regula los proyectos PIGA no expresa el impago o anulación del ICIO, es una interpretación jurídica de los promotores, que asume en silencio el ejecutivo aragonés. Entre los objetivos de esta normativa están: agilizar los tiempos y simplificar los trámites administrativos. Para no pagar los 285 millones de euros, Blackstone se ampara en que no está sujeta a la obtención del título habilitante de naturaleza urbanística. Sin embargo, omite que esta condición puede ser suspendida por el Gobierno de Aragón o la autoridad judicial competente. Dado el colaboracionismo de Azcón, la vía judicial es el único camino que queda a los municipios para poder recaudar un ICIO, que sí pagan ciudadanos y resto de empresas locales.
¿Cuento de hadas o pesadilla ambiental?
El verano pasado, QTS (filial de Blackstone) organizó para la población de Calatorao un evento comunitario de blanqueamiento de colonización corporativa, calificado con el eslogan: “Nuestro compromiso de ser un buen vecino”. En noviembre, el ayuntamiento también colaboró con esta narrativa en la presentación del proyecto de desarrollo y construcción del polígono de centro de datos QTS. El fondo de inversión editó un documento en el que, además de su compromiso con la sostenibilidad, afirmaba que su proyecto promovía: “un paisaje sostenible e integrado que fomenta la biodiversidad” y “una urbanización dinámica y activa, que fomenta la vida saludable a través de espacios peatonales y de encuentro social”.
Sin embargo, en Estados Unidos, QTS se ha visto envuelta en varias polémicas sobre el impacto ambiental de sus centros de datos. La más reciente surgió el pasado mayo en Fayette County, condado de Georgia. Para la construcción de sus centros de datos, la promotora consumió 13 millones de galones de agua (aproximadamente 49.210m³) sin ser registrados. Ante el enfado de la población, en un comunicado oficial, la administración atribuyó este problema a un error técnico durante la transición a medidores inteligentes.
En Virginia, el proyecto PW Digital Gateway de QTS, valorado en 24.700 millones de dólares, se ha retrasado debido a la amplia oposición local. Actualmente es objeto de demandas judiciales presentadas por grupos activistas. Según informa Data Center Watch: “Los opositores han expresado su preocupación por el impacto medioambiental del proyecto, la contaminación acústica, la sobrecarga de la red eléctrica y los posibles daños a los lugares históricos cercanos”.
