La Declaración de Interés General (DIA) de los centros de datos de Forestalia publicada en el BOA deja en evidencia la permisividad del Gobierno de Aragón para sacar adelante un polémico proyecto, que contó con alegaciones de hasta cinco ayuntamientos: Gallur, Calatorao, Alcalá de Moncayo, Tarazona y Exeya.
Si recientemente destapamos las mentiras de Azcón en favor de la empresa de Fernando Samper, esta vez, AraInfo ha podido comprobar cómo la dirección general de Política Económica emitió un informe favorable a esta DIA sin evaluar el requisito de impacto laboral. A tenor de lo observado en este documento oficial, esta irregularidad se debe a que Forestalia no detalló las categorías profesionales, ni el número de puestos de trabajo directos que generarían sus centros de datos (en su autodenominado Proyecto Búfalo) cuando estén en funcionamiento.
Lo grave de este hecho es que el mismo documento reconoce que los requisitos para declarar inversiones de interés para Aragón se definen en el artículo 6 del Decreto Ley 1/2008 de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón. Incluso cita textualmente como uno de los requisitos: “el impacto en términos de creación o mantenimiento en Aragón de puestos de trabajo directos equivalentes a tiempo completo y en cómputo anual”. Sin embargo, la entidad pertinente para dicha evaluación, la dirección general de Política Económica, encabezada por Javier Martínez Suárez, eludió esta responsabilidad. Argumentó este requisito con una surrealista explicación en base al número de personas paradas en Magallón, Botorrita y Alfamén a fecha de septiembre de este mismo año.
Al no detallar Forestalia la cifra de empleos directos, esta dirección general expuso los datos de personas paradas en septiembre proporcionados por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST): Magallón (35), Botorrita (18) y Alfamén (44). Apuntadas estas 97 personas paradas, concluye que el desarrollo de los tres centros de datos en las citadas localidades “supondría un impulso para la reducción del desempleo local”. Esta afirmación es una obviedad que, nada tiene que ver con el requisito de impacto laboral que marca la normativa citada para la declaración de interés para Aragón.
Otra argumentación hueca es afirmar que el proyecto tendría “un destacado impacto social al generar empleo local cualificado”. Sin embargo, en el apartado de descripción del proyecto de la DIA sorprende que no se cite ni una sola categoría profesional de los trabajos creados. Así, por ejemplo, pese a no cumplir tampoco el requisito de impacto laboral de su ‘nube’, al menos, Microsoft detallaba un listado de profesionales como: gestión de campus, gestión de personal, operaciones en entornos críticos, formación y desarrollo, operaciones de IT, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, contratistas de seguridad y mantenimiento de edificios.
La dirección general de Javier Martínez Suárez reincide en su valoración infundada sobre la calidad de dicho trabajo. En un párrafo posterior, afirma, sin citar fuente, que el empleo generado es de mayor calidad “como la teoría y evidencia empírica económica han demostrado”. Y lo ratifica apelando a una “menor tasa de temporalidad” y a la “cualificación exigida”, que no aparece indicada en el documento. Con esta vaga evaluación sobre el impacto laboral y otras generalidades sobre algunos objetivos de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA), la dirección general emitió el informe favorable a la DIA.
¿Qué afirma Forestalia sobre el impacto laboral?
En el apartado de descripción del proyecto aparecen dos ratios diferenciadas: en construcción y en operación (cuando estén en pleno funcionamiento). Es habitual que los promotores de centros de datos insistan en los empleos mientras se construyen, porque, los generados cuando están en marcha, son mínimos. Sin embargo, estos últimos son los exigidos por la actual normativa en cuanto a impacto laboral. A este respecto, Forestalia afirma, sin citar fuente, que generarían: “Tres empleos directos, indirectos e inducidos por Mw IT en fase de operación”.
La empresa de Fernando Samper, investigada recientemente por la UCO, no concreta una cifra de trabajos directos. Hecho que sí hizo Jorge Azcón mintiendo durante la presentación del proyecto al afirmar que generaría más de 3.000 empleos directos. Este número es dado por Forestalia en base a la ratio anteriormente mencionada (tres por megavatios dedicados a infraestructuras de tecnologías de la información). Así, el DCM ‘Data’ de Magallón y el DCM ‘Dédalo’ de Botorrita’, con 275 Mw IT ambos, generarían 825 empleos cada uno, mientras que el DCM ‘Blue’ de Alfamén, con 450 Mw IT, crearía 1.350 empleos. Un cálculo con una ratio que carece de informe, investigación o estudio que lo avale.
