Izquierda Unida desconocía el pacto entre Podemos y Equo

Álvaro Sanz ha admitido que se enteraron a raíz del anuncio de preacuerdo que Podemos y Equo escenificaron en Uesca. Aunque ha asegurado que “debilita el espacio de trabajo”, el coordinador general ha subrayado que siguen apostando por las confluencias.

La Fiscalía se contradice: "no es un juicio político" es "en defensa del orden constitucional"

Tras el "Yo acuso" presentado por las defensas este martes, el fiscal del Supremo se ha defendido afirmando que "no es un juicio político" pero si "un juicio en defensa de la democracia española, del orden constitucional". Por su parte, el segundo fiscal ha llegado a decir que los Mossos se situaron "al lado de la rebelión" y hubo "murallas humanas que se lanzaron contra las fuerzas de seguridad del estado". La sesión se retomará este jueves con la declaración de Junqueras.

"No hubo rebelión porque no hubo violencia"

Titulamos la cobertura a la primera jornada de juicio con esta frase del abogado Joan Ignasi Elena que define el porqué este juicio se ve desde muchas posturas como un proceso político. La mayor parte de las defensas han solicitado la suspensión del mismo hasta disponer de todas las pruebas y documentos que se estudiarán durante el procedimiento y han denunciado "vulneración de los derechos fundamentales". Este miércoles se reanuda el proceso con el turno de las acusaciones.

Torra califica el juicio de "un ataque a la democracia" y pide a Sánchez "coraje y valentía" para retomar el diálogo

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido el archivo de la causa, que ha calificado de "ataque a la democracia, a los derechos humanos" y como "una vergüenza indigna" para el siglo XXI. También ha pedido la libertad de los presos políticos para afrontar el juicio y que el tribunal atienda las peticiones de los abogados de la defensa "si quiere tener una mínima imagen de imparcialidad".

El derecho a decidir a juicio

El macrojuicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes por el referéndum del 1 de octubre arranca este martes en el Supremo en un escenario de incertidumbre, con una gran parte de la sociedad civil haciendo llamadas "al diálogo y a la negociación" y con decenas de movilizaciones convocadas para denunciar que no se juzgarán delitos sino derechos fundamentales. La Fiscalía pide penas de entre 7 y 25 años de prisión y la Abogacía del Estado entre 7 y 12 años de cárcel. Las defensas reclamarán la nulidad de la causa.