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El Supremo retrasa el arranque del macrojuicio del 1-O al 12 de febrero

Además de fijar la fecha de inicio del macrojuicio, el Tribunal Supremo ha hecho público este viernes el auto en el que se pronuncia sobre la pertinencia de las pruebas propuestas por las acusaciones y defensas, en la llamada ‘causa del Procès’. El Alto Tribunal ha rechazado la presencia de observadores internacionales y varias periciales clave presentadas por las defensas. Sin embargo, acepta todas las peticiones de Fiscalía y Abogacía, y unos 60 testigos propuestos por la acusación particular que ejerce el partido ultraderechista Vox.
| 1 febrero, 2019 17.02
El Supremo retrasa el arranque del macrojuicio del 1-O al 12 de febrero
Foto: La Directa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado el inicio del macrojuicio del 1-O para el próximo martes 12 de febrero, lo que supone un retraso de una semana respecto a la primera fecha que se barajaba, que era “en torno al 5 de febrero”. El Alto Tribunal lo anuncia con apenas 11 días de antelación.

Los siete magistrados que enjuiciarán este caso han dictado este viernes el auto en el que se pronuncia sobre la pertinencia de las pruebas, en la llamada ‘causa del Procès’, para el que han tenido que tener en cuenta argumentaciones expresadas por las defensas de las doce personas encausadas en escritos que se extienden por más de 1.800 folios y los más de 300 que tienen los de las acusaciones ejercidas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por el partido ultraderechista Vox.

Entre los centenares de testigos que el Tribunal acepta figura el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el lehendakari Iñigo Urkullu, el actual president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá, la excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el exdelegado de Gobierno en Catalunya, Enric Milló.

Además comparecerán como testigos ciudadanos y ciudadanas que resultaron heridos por las cargas policiales en los hechos enjuiciados, así como agentes de policía y guardias civiles. De hecho, ocho de cada diez testigos de la acusación en el juicio son agentes de las fuerzas del orden público.

Por otro lado, la Sala rechaza testificales como la de Felipe de Borbón “porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, “al no admitir nuestro sistema el ‘testigo por sustitución'”. También han sido excluidos Carles Puigdemont, Marta Rovira y algunas de las personas procesadas que se encuentran exiliadas.

El Alto Tribunal rechaza también la prueba propuesta como testigo de Ignacio Cosidó, actual portavoz del Senado por el PP, protagonista de los whatsapp enviados a los 146 miembros de su grupo parlamentario, en el que asumía con naturalidad el reparto de poder con el PSOE para el próximo gobierno del nuevo Consejo General del Poder Judicial, del que el presidente del tribunal que juzgará a los dirigentes catalanes, Manuel Marchena, iba a ser nuevo presidente. En la resolución se indica que “las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal de enjuiciamiento ya fueron hechas valer por las defensas en el incidente de recusación tramitado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, incidente rechazado por unanimidad de los magistrados que integran esa Sala especial”.

Tampoco se investigará al teniente coronel Daniel Baena, jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Catalunya, como solicitaba ERC que constató que está detrás de una cuenta de Twitter desde la que habría reprendido a políticos a los que él mismo habría estado investigado, además de criticar a partidos independentistas, según informa el periodista Alejandro Torrús en Público.

Además, no ha sido declarada pertinente la prueba pericial de Derecho internacional propuesta por Oriol Junqueras y Raül Romeva, encaminada a que un relator internacional y un experto independiente explicaran al Tribunal Supremo “el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación”. Los magistrados justifican el rechazo de esa pericial en que “la Sala no acepta una prueba encaminada a explicar a sus integrantes el alcance y significado de un derecho cuyo contenido material se obtiene a partir de las declaraciones internacionales suscritas por España y de la dogmática que se ha ocupado de su estudio. Hacer depender de la opinión de dos juristas -cuya neutralidad y preparación no se cuestiona- la conclusión acerca de la legalidad internacional del derecho a decidir, supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional”.

Sin embargo, el Alto Tribunal acepta todas las peticiones de Fiscalía y Abogacía, y unos 60 testigos propuestos por la acusación particular que ejerce el partido ultraderechista Vox.

El Supremo rechaza la presencia de observadores internacionales

Tampoco ha aceptado el Tribunal Supremo la testifical de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston. Los magistrados argumentan que “las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores –algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar ‘…sobre los hechos objeto de acusación'”.

Otra de las propuestas probatorias solicitadas por las defensas era la presencia de observadores internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas procesadas. El Supremo también rechaza esa posibilidad justificándose en que las sesiones del juicio serán televisadas en directo y mediante streaming en la web.

Amnistía Internacional y la International Trial Watch habían pedido al Supremo estar presentes en la sala durante el juicio como observadores internacionales para hacer un seguimiento exhaustivo del proceso judicial y documentar las posibles vulneraciones de derechos que cometan el tribunal y las acusaciones.

En total, son veintidós personas acusadas en el macrojuicio del 1-O, doce de las cuales procesadas por el Tribunal Supremo español -las y los nueve presos Dolors Bassa, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, más Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila-.

Seis más –acusados de desobediencia: Mireia Boya, Lluís Maria Coromines, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet– serán juzgadas en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Además, el mayor Trapero y el ex-cúpula de los Mossos -Pere Soler, Cèsar Puig y Teresa Laplana- serán juzgados a la Audiencia Nacional española.

Para las doce personas que serán juzgadas en el Supremo, la Fiscalía pide penas de entre 7 y 25 años de prisión al considerarles autores de delitos de “rebelión”, “sedición” y “malversación de caudales públicos”, mientras que la Abogacía pide penas entre 7 y 12 años de cárcel, al acusar por “sedición” y no por “rebelión”, además de los otros delitos.

El juicio, que comenzará el martes 12 de febrero, lo seguirán más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación.

Las penas que piden Abogacía del Estado y Fiscalía:

Oriol Junqueras

  • Abogacía: 12 años de cárcel por sedición
  • Fiscalía: 25 años de cárcel por rebelión

Jordi Sànchez

  • Abogacía: 8 años de cárcel por sedición
  • Fiscalía: 17 años de cárcel por rebelión

Jordi Cuixart

  • Abogacía: 8 años de cárcel por sedición
  • Fiscalía: 17 años de cárcel por rebelión

Joaquim Forn

  • Abogacía: 11 años de cárcel por sedición
  • Fiscalía: 16 años de cárcel por rebelión

Jordi Turull

  • Abogacía: 11 años de cárcel por sedición
  • Fiscalía: 16 años de cárcel por rebelión

Josep Rull

  • Abogacía: 11 años de cárcel por sedición
  • Fiscalía: 16 años de cárcel por rebelión

Carme Forcadell

  • Abogacía: 10 años de cárcel por sedición
  • Fiscalía: 17 años de cárcel por rebelión

Dolors Bassa

  • Abogacía: 11 años de cárcel por sedición
  • Fiscalía: 16 años de cárcel por rebelión

Raül Romeva

  • Abogacía: 11 años de cárcel por sedición
  • Fiscalía: 16 años de cárcel por rebelión

Meritxell Borràs

  • Abogacía:  7 años de cárcel por malversación y desobediencia
  • Fiscalía: 7 años de cárcel por malversación

Carles Mundó

  • Abogacía: 7 años de cárcel por malversación y desobediencia
  • Fiscalía: 7 años de cárcel por malversación

Santi Vila

  • Abogacía: 7 años de cárcel por malversación y desobediencia
  • Fiscalía: 7 años de cárcel por malversación

Lluis Guinó

  • Abogacía: 30.000 euros de multa por desobediencia
  • Fiscalía: 30.000 euros de multa por desobediencia

Anna Simó 

  • Abogacía: 30.000 euros de multa por desobediencia
  • Fiscalía: 30.000 euros de multa por desobediencia

Ramona Barrufet

  • Abogacía: 30.000 euros de multa por desobediencia
  • Fiscalía: 30.000 euros de multa por desobediencia

Lluís Corominas

  • Abogacía: 30.000 euros de multa por desobediencia
  • Fiscalía: 30.000 euros de multa por desobediencia

Joan Josep Nuet

  • Abogacía: 30.000 euros de multa por desobediencia
  • Fiscalía: 30.000 euros de multa por desobediencia

Mireia Boya

  • Abogacía: 30.000 euros de multa por desobediencia
  • Fiscalía: 30.000 euros de multa por desobediencia
1 febrero, 2019

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