Chile: en marcha hacia el plebiscito por una nueva Constitución que borre el legado del dictador

En medio de un escenario marcado por la pandemia global, el estado de excepción impuesto en el país, la vulneración de derechos humanos y la reactivación de las manifestaciones sociales a un año del "estallido social", este domingo, el pueblo chileno tiene una histórica cita con las urnas. 14,5 millones de personas tienen la oportunidad de llevar a cabo una reforma constitucional que borre de una vez por todas el legado del dictador Augusto Pinochet.

Foto: Amnistía Internacional

El plebiscito constitucional que se celebra este domingo, 25 de octubre, en Chile, y previsto originalmente para el pasado mes de abril, llega en medio de un escenario marcado por la pandemia global, el estado de excepción impuesto en el país y la reactivación de las manifestaciones sociales. Durante la jornada, se reducirán las horas de vigencia del toque de queda, decretado a mediados de marzo.

Esta consulta, podría suponer el cambio de la actual Constitución, aprobada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, y que ha sido señalada como el gran escollo para construir un Estado más justo para la ciudadanía.

Para muchas personas, la nueva Constitución chilena "podría abrir fórmulas democráticas que ajusten las fallas de un modelo que dejó espacios a la desprotección social", según afirma el alcalde de la comuna de Recoleta, el comunista Daniel Jadue, a TeleSur.

"El acuerdo de plebiscito para preguntar por la nueva Constitución y su mecanismo de redacción es el triunfo de miles en las calles", subraya, para recordar que "detrás de la consulta popular sobre la Carta Magna se encuentra la voz de miles de personas que exigieron, en jornadas de manifestaciones populares, el regreso a la democracia".

La oposición de izquierdas se muestra partidaria del cambio constitucional. Por su parte, los cuatro partidos de derechas que integran la coalición gubernamental están divididos, siendo la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) la que lidera el "Rechazo".

Además, la ciudadanía chilena también decidirá este domingo con su voto quién debería redactar la nueva Constitución: una convención compuesta por 155 ciudadanos y ciudadanas especialmente designados para ese fin o una convención mixta de 172 integrantes, compuesta en partes iguales por parlamentarios (50% y 50%).

Chile despertó

Fue el 25 de octubre de 2019, cuando más de 1,2 millones de personas se concentraron en la céntrica Plaza Italia, en Santiago de Chile, en "la marcha más grande de Chile" tras una semana de protestas en todo el país contra las políticas neoliberales del presidente Sebastián Piñera.

Las protestas fueron duramente reprimidas, torturas y desapariciones a la orden del día haciendo volver los viejos fantasmas del pasado. Pero Chile despertó. Chile "abrió los ojos y no piensa volver a cerrarlos".

Pocos días después, la madrugada del 15 de noviembre, el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana, anunciaba el acuerdo para enterrar la Constitución redactada durante la dictadura de Pinochet, y convocaba para abril de 2020 el plebiscito para que la ciudadanía decidiera si querían cambiar el documento de 1980.

Tras 41 días de protestas, las más importantes desde el fin de la dictadura de Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de personas heridas, el 28 de noviembre de 2019 el Senado de Chile firmó un acuerdo por la paz, los derechos humanos y orden público para "avanzar en el proceso de reunificación social", a la vez que se instaba al Gobierno a implementar una agenda de cambios estructurales.

Un año después, el pasado viernes, 17 de octubre, decenas de miles de personas volvieron a inundar la misma plaza donde comenzó todo, en la protesta más multitudinaria que se celebra desde el inicio de la pandemia en marzo y a pocos días del primer aniversario del llamado "estallido social".

En un ambiente festivo, las personas asistentes corearon lemas como "Chile despertó" y "El pueblo unido jamás será vencido", mientras grupos tocaban "El derecho a vivir en paz", del cantautor chileno Víctor Jara, torturado y asesinado por la dictadura.

"Gracias valiente juventud", decía el cartel que portaba José Sarabia, de 73 años, cuyos dos hijos resultaron heridos por impacto de balines durante las marchas del año pasado. "Estamos en la calle desde hace un año. La pandemia nos ha pesado, pero seguimos. Lo que queremos es que haya dignidad para la gente", manifestó Juan José Rainao, dirigente de la etnia mapuche, la más grande del país.

Violaciones de derechos humanos

El cuerpo policial de Carabineros está en el punto de mira por su crudeza y violencia en la represión de las marchas y diversos organismos internacionales, como la ONU, les han acusado de haber cometido violaciones a los derechos humanos. Según el Ministerio Público, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad, pero sólo 75 agentes han sido imputados.

ONGs como Amnistía Internacional reclaman que los mandos de Carabineros sean investigados penalmente por violaciones de derechos humanos cometidas durante el llamado "estallido social".

En 'Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social', la organización analiza la actuación de oficiales de Carabineros entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019 y concluye que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la integridad personal de las y los manifestantes de manera generalizada.

La ONG apunta a que se siguieron registrando casos de "uso excesivo de la fuerza policial" hasta mediados de marzo de 2020 -momento en que las manifestaciones cesaron temporalmente debido a la pandemia-. Recientemente, y tras la activación de algunas manifestaciones en Santiago, se registraron nuevos episodios de violencia policial, como el del caso de un joven de 16 años que fue arrojado desde un puente tras ser empujado por un carabinero, imputado por homicidio frustrado.

"Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa, a través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional considera que la política que los mandos estratégicos de Carabineros llevaron a cabo no podría haberse dado si la administración del presidente Sebastián Piñera hubiera ejercido un control adecuado. "Los intentos del Ejecutivo fueron insuficientes y el discurso de apoyo a la labor de Carabineros favoreció la continuidad de dicha estrategia", concluye la ONG.

A un año del "estallido social", el clima en Chile se torna nuevamente de manifestación y respuesta a las víctimas. En este complejo escenario se desarrollará el plebiscito.

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