El recurso contencioso-administrativo presentado por SOS Ribagorza contra la sanción de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) al Ayuntamiento de Benás por las obras en el río Ésera ha sido admitido a trámite. La asociación impugna la resolución del pasado 23 de julio, que impuso una multa de 4.000 euros al consistorio pese a constatar ocho incumplimientos de las condiciones autorizadas, sin valorar económicamente las afecciones ambientales ni esclarecer las posibles responsabilidades de otras entidades implicadas.
El recurso, interpuesto el 3 de noviembre, no busca simplemente aumentar la cuantía de la sanción. SOS Ribagorza reclama una investigación completa sobre las actuaciones ejecutadas en el cauce, sus consecuencias ambientales, la restauración del río y las responsabilidades de quienes promovieron, contrataron, dirigieron y realizaron las obras.
El proyecto autorizado contemplaba una intervención mínima en el Ésera. Sin embargo, las inspecciones de la CHE constataron la construcción de dos grandes plataformas de trabajo dentro del río, de aproximadamente 240 y 100 metros de longitud, además de un vado para el paso de maquinaria que obstaculizaba las corrientes.
También se documentaron movimientos de sedimentos, eliminación de vegetación del lecho y las márgenes y trabajos realizados fuera del plazo autorizado.
Las irregularidades fueron denunciadas desde agosto de 2025 por Ecologistas en Acción, ANSAR, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y otras organizaciones vinculadas a la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, además de SOS Ribagorza.
La CHE inició el expediente sancionador el 14 de agosto de aquel año. Pese a ello, los trabajos continuaron, lo que lleva a la asociación a cuestionar por qué las administraciones responsables no garantizaron durante meses el cumplimiento de las condiciones ambientales.
La retirada de las plataformas no elimina los posibles daños temporales
Uno de los principales argumentos del recurso se centra en la ausencia de una valoración económica de los daños ambientales. La CHE consideró que, una vez retiradas las plataformas y el vado, no permanecían daños en el dominio público hidráulico. Por ello, no realizó una valoración económica de las afecciones y aplicó una atenuante por las medidas correctoras adoptadas.
Sin embargo, según SOS Ribagorza, los propios informes de la Confederación señalaban en abril de 2026 que todavía quedaban plantaciones pendientes de ejecutar.
La asociación advierte de que la ausencia de daños permanentes no significa que no existieran daños temporales. Durante meses se alteraron los sedimentos, la vegetación y los hábitats acuáticos, unas afecciones que, a su juicio, deberían haberse estudiado antes de cerrar el expediente y calificar la infracción como leve.
SOS Ribagorza también reclama esclarecer el papel del Instituto Aragonés del Agua (IAA), responsable de la contratación y dirección de los trabajos, y de la empresa adjudicataria, VIACRON S.A.
El IAA adjudicó las obras con una baja del 21,86%, bajo unas condiciones ambientales expresamente exigibles. Sin embargo, la dirección facultativa justificó posteriormente determinadas actuaciones no autorizadas alegando razones técnicas y económicas.
La asociación recuerda que el pliego de contratación calificaba el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas por el INAGA como una obligación esencial. Su incumplimiento podía dar lugar a penalidades e incluso, en los supuestos legalmente previstos, a la resolución del contrato.
En este sentido, plantea que la utilización de una metodología menos restrictiva pudo facilitar la ejecución de los trabajos o reducir los costes para la constructora.
También exige conocer si el IAA formuló reparos a VIACRON, ordenó corregir las actuaciones o propuso aplicar las penalidades contractuales previstas. Según la documentación examinada por SOS Ribagorza, estas medidas no constan acreditadas.
El Ayuntamiento conocía las irregularidades desde agosto de 2025
El comunicado cuestiona igualmente las explicaciones públicas del alcalde de Benás, Manuel Mora. En septiembre de 2025, Mora reconoció que los trabajos realizados dentro del cauce no estaban autorizados, aunque posteriormente describió la sanción como un defecto formal de comunicación.
SOS Ribagorza considera que esa explicación no responde a los incumplimientos materiales documentados por la CHE.
La asociación recuerda que el Ayuntamiento conocía oficialmente las irregularidades al menos desde agosto de 2025. Tras una inspección realizada el día 12, la Confederación requirió al consistorio el 14 de agosto que justificara las desviaciones y presentara un plan de restauración. El Ayuntamiento presentó alegaciones el día 25.
Además, el acuerdo de inicio del expediente ofrecía una reducción de hasta el 40% de la sanción mediante el reconocimiento de responsabilidad y el pago voluntario, con renuncia a recurrir en vía administrativa.
El consistorio optó por discutir su responsabilidad. SOS Ribagorza pide que el alcalde explique los motivos de aquella decisión y su eventual coste, recordando que la multa se paga con cargo al presupuesto municipal y no personalmente por quienes adoptaron las decisiones.
Una intervención de 1,58 millones vinculada también a la telecabina
El conflicto ambiental se enmarca en las actuaciones hidráulicas relacionadas con la telecabina Benás-Sarlle (Benasque-Cerler), un proyecto cuestionado reiteradamente por colectivos sociales y ecologistas.
Las obras en el Ésera se justificaron por la necesidad de proteger el casco histórico frente a avenidas con un periodo de retorno aproximado de diez años.
Según los datos recogidos por SOS Ribagorza, la CHE estimó que la riada de 2013 alcanzó unos 300 metros cúbicos por segundo, mientras que el estudio municipal sitúa la avenida de diez años de periodo de retorno en 339 metros cúbicos por segundo. El nuevo muro se diseñó para evitar determinados desbordamientos hasta unos 340 metros cúbicos por segundo.
El proyecto contaba con un presupuesto de 1,58 millones de euros, IVA incluido.
La asociación cuestiona qué mejora hidráulica adicional justificaba semejante inversión después de las reparaciones realizadas en 2013 y qué importancia tuvo la necesidad de intervenir sobre los terrenos inundables de la estación inferior de la telecabina.
La documentación del proyecto relaciona los estudios hidráulicos y los movimientos de tierras con ese ámbito. Entre las actuaciones previstas figuraba elevar tres parcelas hasta la cota de 1.129,40 metros.
Sin embargo, SOS Ribagorza denunció en febrero de 2026 que los rellenos no habían alcanzado esa altura en toda la superficie prevista. La CHE había advertido de que las limitaciones derivadas de la inundabilidad continuarían vigentes hasta completar las medidas previstas.
Por ello, la asociación exige comprobar las cotas finales y la situación actual de flujo preferente, así como aclarar si se ejecutó la escollera prevista para el cauce de aguas bajas y si el azud de piedras observado en el río estaba contemplado en el proyecto o recibió autorización posterior.
La cuestión, subraya SOS Ribagorza, no se limita a los incumplimientos ambientales: también debe determinarse si realmente se ejecutaron todas las actuaciones previstas en el proyecto autorizado.
El nuevo recurso llega en un contexto de controversia judicial sobre la telecabina. El Tribunal de Instancia de Uesca ha rechazado recientemente la suspensión cautelar de las obras solicitada por SOS Ribagorza, al considerar que únicamente quedaba por ejecutar el 1,70% de la infraestructura.
Aquella decisión sobre las medidas cautelares no resolvía el fondo del procedimiento judicial ni las denuncias ambientales que han acompañado al proyecto.
SOS Ribagorza ha venido alertando de la situación de inundabilidad de la estación inferior y su aparcamiento, así como de las consecuencias de continuar las obras pese a resoluciones judiciales previas sobre la aprobación del proyecto.
En este nuevo procedimiento, la asociación solicita que la justicia revise la suficiencia de la investigación realizada por la CHE, la valoración de las afecciones temporales, la calificación de los incumplimientos, la restauración efectiva del Ésera y las eventuales responsabilidades adicionales.
No pide que el tribunal imponga directamente una sanción más elevada, sino que examine la legalidad de la resolución administrativa y determine, en su caso, las medidas procedentes.
Para SOS Ribagorza, el caso plantea una cuestión que trasciende la cuantía de una multa: si las administraciones pueden permitir que una obra pública se ejecute incumpliendo sus obligaciones ambientales y dar por resuelto el expediente sin investigar todas sus consecuencias y responsabilidades.
La asociación reclama transparencia, protección efectiva del Ésera y responsabilidad en la utilización de los fondos públicos frente a las urgencias constructivas.
