La sección contencioso-administrativa del Tribunal de Instancia de Uesca ha desestimado la solicitud de suspensión cautelar de las obras de la telecabina que conecta Benás con Sarllé / Cerler. La petición había sido presentada por SOS Ribagorza en el marco del recurso interpuesto contra el Ayuntamiento de Benás, con el Gobierno de Aragón y la empresa adjudicataria personados como partes interesadas.
En su auto, el tribunal subraya que a la infraestructura únicamente le resta por ejecutar “el ínfimo porcentaje del 1,70% de la obra”, por lo que considera que una paralización cautelar “carece, de forma evidente, de sentido técnico y económico”. El fallo no impone condena en costas.
La solicitud de SOS Ribagorza planteaba, como medida principal, la paralización inmediata de las obras y, de manera subsidiaria, la suspensión de cualquier actuación destinada a la puesta en funcionamiento de la telecabina mientras se resolvía el fondo del procedimiento judicial.
Un proyecto marcado por la contestación social

El rechazo de la medida cautelar no pone fin al conflicto en torno a la telecabina Benás – Sarllé, uno de los proyectos más controvertidos del Pirineo aragonés en los últimos años. Colectivos ecologistas y vecinales han denunciado reiteradamente que la infraestructura se ha impulsado pese a la existencia de irregularidades urbanísticas, afecciones ambientales y advertencias técnicas.
Tal y como ha venido informando AraInfo, tanto la estación como el aparcamiento asociado a la telecabina se ubican en zona inundable, una circunstancia que ha sido señalada como especialmente grave por SOS Ribagorza y otras entidades sociales. Además, el colectivo ha denunciado la continuidad de actuaciones que consideran ilegales incluso después de resoluciones judiciales previas que declaraban la nulidad de determinados trámites administrativos.
En este contexto, SOS Ribagorza ha reclamado en varias ocasiones la paralización del proyecto y ha instado directamente al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a frenar una obra que consideran “un símbolo del modelo de desarrollo impuesto en la montaña”, orientado al turismo intensivo y alejado —sostienen— de la protección del territorio y de las necesidades reales de la población local.
La decisión judicial conocida este martes supone un respaldo puntual a la continuidad material de la obra, pero no cierra el debate político, social y ambiental que rodea a la telecabina Benás – Sarllé, ni el procedimiento judicial principal que sigue su curso.




