El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, después de siete décadas viviendo en la misma casa de Madrid, ha desencadenado una oleada de movilizaciones que ha llegado hasta el Consejo de Ministros. La mujer podrá regresar a su vivienda tras un acuerdo con Urbagestión, la empresa propietaria, mientras el Gobierno español ha aprobado dos decretos en materia de vivienda. Pero las organizaciones que han impulsado las protestas advierten de que el conflicto está lejos de resolverse.
La acampada de la Puerta del Sol continúa, también en otras ciudades, los Sindicatos de Inquilinas preparan nuevas movilizaciones y sus asambleas han planteado incluso la posibilidad de una huelga general por el derecho a la vivienda. Las reivindicaciones van mucho más allá del caso que desencadenó las protestas: impedir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, garantizar la estabilidad de los contratos y cerrar las vías legales que, según denuncian las organizaciones, permiten convertir el acceso a una vivienda en un negocio especulativo.
Los dos decretos aprobados este martes, 29 de septiembre, incorporan algunas de esas demandas, pero no todas con el alcance reclamado. Además, el Gobierno ha separado las medidas en dos textos que deberán superar votaciones independientes en el Congreso. Los sindicatos advierten de que esa división puede dejar fuera algunas de sus principales reivindicaciones.
Dos decretos para responder a cinco reivindicaciones
El Consejo de Ministros aprobó este martes dos reales decretos leyes en materia de vivienda tras unas negociaciones entre PSOE y Sumar que se prolongaron hasta poco antes de la reunión del Ejecutivo.
En lugar de una única norma que reuniera las cinco reivindicaciones del movimiento inquilino, el Gobierno optó por separar las medidas. Según las informaciones publicadas por El Salto y elDiario.es, la decisión estuvo condicionada por las dificultades para reunir apoyos parlamentarios, especialmente ante las objeciones de Junts y el PNV a determinadas propuestas sobre la estabilidad de los contratos.
El primer decreto, publicado en el BOE este miércoles, es el Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. Contiene disposiciones sobre desahucios, alquileres de temporada y habitaciones, prórrogas contractuales, fiscalidad inmobiliaria y financiación para el acceso a la vivienda.
El segundo texto aborda la renovación automática de los contratos de alquiler. Su contenido ha sido difundido por elDiario.es, que explica las diferencias entre las prórrogas extraordinarias del primer decreto y la continuidad contractual prevista en el segundo. Al cierre de esta información, seguía pendiente de publicación oficial en el BOE. Según ha anunciado el Gobierno, se publicará este viernes.
La separación tiene consecuencias: el Congreso podrá convalidar uno de los textos y rechazar el otro. La votación de ambos está prevista para este viernes, 2 de octubre.
Los Sindicatos de Inquilinas habían planteado cinco exigencias bajo el nombre de “Decreto Maricarmen”: una moratoria efectiva de los desahucios, contratos indefinidos, renovación automática, regulación del alquiler de temporada y habitaciones, y congelación de las subidas de las rentas.
El Gobierno ha respondido con medidas relacionadas con esas reivindicaciones, aunque con condiciones, excepciones y diferencias respecto a lo reclamado por el movimiento de vivienda.
La comparación permite identificar las principales diferencias. La protección frente a los desahucios no es universal, las prórrogas extraordinarias del primer decreto no equivalen a contratos indefinidos y las restricciones a determinadas actualizaciones tampoco suponen congelar todos los alquileres.
El segundo decreto aborda la demanda de renovación automática, pero su recorrido parlamentario independiente introduce otra incertidumbre.
Los Sindicatos de Inquilinas cuestionan la fragmentación de las medidas y advierten de que los vacíos legales pueden reducir considerablemente su eficacia. Su exigencia es que las garantías reclamadas desde las movilizaciones se traduzcan en derechos efectivos para las personas inquilinas, no únicamente en anuncios gubernamentales.
Desahucios: la ampliación hasta 2030 no garantiza que nadie se quede en la calle
El primer decreto amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 determinados mecanismos extraordinarios de suspensión de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional.
La medida responde parcialmente a una de las principales demandas del movimiento: impedir que las personas que carecen de recursos suficientes sean expulsadas de sus viviendas sin disponer de otro lugar donde vivir. Sin embargo, la protección no supone una paralización universal de todos los desahucios.
La norma establece diferentes supuestos y procedimientos, con requisitos relacionados con la vulnerabilidad de las personas afectadas, las características de la entidad demandante y otras circunstancias previstas legalmente.
El decreto distingue determinados procedimientos promovidos por entidades dedicadas a la adquisición de inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados a precios inferiores a su valor de mercado. También contempla mecanismos de suspensión para otras situaciones de vulnerabilidad, con condiciones específicas, y regula una enervación extraordinaria de determinadas acciones de desahucio vinculadas al impago de rentas.
Como advierte El Salto en su análisis del texto publicado en el BOE, la norma no prohíbe los desahucios con carácter general. La ampliación temporal de determinadas suspensiones tampoco elimina las excepciones ni las diferencias entre procedimientos.
Esta es una de las principales distancias respecto al “Decreto Maricarmen” reclamado por los Sindicatos de Inquilinas: las organizaciones exigen una moratoria efectiva que impida expulsar de sus viviendas a personas vulnerables sin garantizarles una alternativa habitacional.
Los sindicatos denuncian que los mecanismos anteriores han dejado hogares sin protección y advierten de que prolongar su vigencia no resuelve necesariamente esas limitaciones.
El caso de Maricarmen ha situado precisamente esas deficiencias en el centro de las movilizaciones. Su desahucio se ejecutó pese a la oposición vecinal y sindical, mientras que el acuerdo para su regreso llegó después, tras varios días de protestas.
Para el movimiento inquilino, la reivindicación no consiste únicamente en prolongar una suspensión temporal, sino en garantizar que ninguna persona vulnerable pierda su vivienda sin una alternativa habitacional efectiva.
Fondos buitre: el decreto tampoco prohíbe la compra especulativa de viviendas
La regulación de las adquisiciones inmobiliarias constituye otra de las diferencias entre los anuncios del Gobierno y el alcance efectivo del primer decreto.
El texto publicado en el BOE establece hasta el 31 de diciembre de 2028 restricciones sobre determinadas compras realizadas por entidades inmobiliarias cuando la adquisición sea gratuita o el precio sea inferior al 70% del valor de tasación de mercado, con las excepciones legalmente previstas.
Pero no establece una prohibición general de las compras de viviendas por fondos de inversión ni impide todas las operaciones con finalidad especulativa.
El Salto señala en su análisis que la redacción no cierra legalmente la capacidad de actuación especulativa de empresas y fondos buitre. Una restricción sobre determinadas operaciones por debajo de un umbral de precio no equivale a excluir a esos operadores del mercado residencial.
La norma contempla excepciones, entre ellas determinadas adquisiciones destinadas a vivienda asequible o social durante un periodo mínimo, residencias para personas que precisan atención sociosanitaria y alojamientos para colectivos vulnerables. También excluye operaciones derivadas de determinados procedimientos judiciales de ejecución o ejecución hipotecaria.
La distinción resulta especialmente relevante en un contexto de movilizaciones que denuncian la utilización de la vivienda como negocio y reclaman garantías para quienes necesitan habitarla.
El decreto introduce una limitación concreta, pero deja abiertas otras vías de adquisición inmobiliaria. Su alcance debe explicarse, por tanto, a partir de lo que dispone el articulado y no de una interpretación general de los anuncios gubernamentales.
Alquileres de temporada y habitaciones: cerrar las vías de elusión de la LAU
La regulación de los alquileres temporales y por habitaciones constituye una de las principales reivindicaciones de los Sindicatos de Inquilinas. Las organizaciones denuncian que ambas modalidades se utilizan en ocasiones para eludir las garantías de los contratos de vivienda habitual, facilitar incrementos de renta y reducir la estabilidad de quienes necesitan una residencia permanente.
El primer decreto modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para reforzar la exigencia de una causa real y acreditable que justifique el carácter temporal de determinados contratos. Cuando esa temporalidad no esté debidamente justificada, el arrendamiento deberá recibir el tratamiento jurídico correspondiente a una vivienda habitual en los supuestos previstos por la norma.
El texto incorpora también reglas para evitar que la sucesión de contratos temporales sobre una misma vivienda permita incrementos de renta al margen de los límites establecidos.
En los alquileres por habitaciones, dispone que la suma de las rentas de los contratos parciales vigentes simultáneamente no pueda superar la renta correspondiente al alquiler unitario de la vivienda completa. En las zonas declaradas de mercado residencial tensionado deberán respetarse, además, las limitaciones específicas aplicables.
La reforma se relaciona con la propuesta sindical denominada “Ley Antiestafas Inquilina”, que reclama cerrar las vías utilizadas para esquivar las garantías de la legislación ordinaria.
Los Sindicatos de Inquilinas han recibido con cautela estas modificaciones. Consideran necesario estudiar su redacción completa para determinar si las nuevas disposiciones impiden realmente las prácticas que denuncian.
Las organizaciones advierten de que anteriores reformas han dejado excepciones y vacíos jurídicos aprovechados por determinados operadores inmobiliarios. Por eso insisten en que el reconocimiento formal de derechos debe ir acompañado de mecanismos que permitan exigir su cumplimiento.
Prórrogas de hasta dos años, pero no contratos indefinidos
El primer decreto establece una prórroga extraordinaria por anualidades, hasta un máximo de dos años adicionales, para determinados contratos de vivienda habitual. La medida debe ser solicitada por la persona arrendataria y está sujeta a requisitos. Entre ellos, encontrarse al corriente del pago del alquiler y haber cumplido mensualmente esa obligación durante los ocho meses anteriores.
La disposición también contempla excepciones relacionadas con determinadas necesidades acreditadas de recuperación de la vivienda por parte de la propiedad y otros supuestos previstos legalmente. Por tanto, no establece contratos indefinidos con carácter general.
La diferencia resulta fundamental respecto a la principal reivindicación del movimiento inquilino: que la continuidad de las personas arrendatarias no dependa periódicamente de la finalización de un contrato y de una nueva negociación con la propiedad.
El segundo decreto anunciado por el Gobierno aborda precisamente la renovación automática. Según la información publicada por elDiario.es, plantea un mecanismo de continuidad de los contratos distinto de la prórroga extraordinaria del primer texto.
La separación de ambas medidas permite que una pueda superar la votación parlamentaria y la otra no, circunstancia que ha motivado las críticas de los Sindicatos de Inquilinas.
En materia de precios, el primer decreto establece limitaciones extraordinarias a determinadas actualizaciones anuales hasta el 31 de diciembre de 2027.
Cuando la renta supere el límite máximo del sistema de índices de referencia aplicable, la disposición impide incrementarla mediante esa actualización. En los demás supuestos regulados, permite un nuevo acuerdo entre las partes y, si no existe, establece un incremento máximo del 2%. No se trata, por tanto, de una congelación universal de todos los alquileres.
El paquete incorpora igualmente modificaciones fiscales, medidas relativas a determinados usos inmobiliarios y un mecanismo de financiación denominado “TU CASA”.
Este último, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, contempla préstamos complementarios para acceder a una primera vivienda habitual hipotecada, sin intereses ni comisiones, por el menor importe entre el 20% del valor de la vivienda y 50.000 euros, con las condiciones previstas en el decreto.
El conjunto combina restricciones sobre determinadas prácticas inmobiliarias, mecanismos de protección de las personas arrendatarias e incentivos fiscales y financieros.
Los Sindicatos de Inquilinas mantienen sus reservas sobre el alcance de estas medidas y reclaman reformas que garanticen una estabilidad residencial duradera.
Los Sindicatos de Inquilinas llaman a una movilización generalizada este fin de semana
Los Sindicatos de Inquilinas han anunciado nuevas movilizaciones durante el fin de semana del 3 y 4 de octubre, después de conocerse tanto el acuerdo para que Maricarmen regrese a su vivienda como la aprobación de los decretos en el Consejo de Ministros.
En su comunicado, las organizaciones atribuyen a la presión popular y sindical los cambios producidos durante los últimos días. Consideran que las movilizaciones han obligado a Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen, y a las instituciones a modificar sus posiciones. Pero rechazan dar por concluido el conflicto.
Los sindicatos insisten en que el Gobierno debe respetar el contenido de las cinco reivindicaciones planteadas bajo el nombre de “Decreto Maricarmen”, especialmente los contratos indefinidos y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular eficazmente los alquileres temporales y por habitaciones.
Advierten contra lo que denominan un “decreto farsa”: una regulación que anuncie protección para las personas inquilinas, pero permita mantener prácticas abusivas mediante excepciones o vacíos legales.
Las organizaciones han explicado que estudiarán íntegramente las normas para comprobar su alcance real antes de emitir una valoración definitiva.
En sus declaraciones recogidas por El Salto, Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha valorado que la continuidad contractual entre en el debate legislativo, aunque ha cuestionado que se tramite por separado.
Los sindicatos consideran que las movilizaciones han permitido conseguir avances, pero sostienen que hacen falta reformas estructurales más profundas para garantizar el derecho a la vivienda. Por eso llaman a ampliar las protestas y a mantener la organización colectiva durante las próximas semanas.
Sol no se levanta: continúa la acampada y se plantea una huelga general
Así las cosas, la acampada instalada en la Puerta del Sol desde la noche del sábado continúa. De hecho, no ha dejado de crecer. Durante cuatro noches consecutivas, las personas participantes han mantenido las tiendas de campaña, las asambleas y las actividades de organización colectiva en el centro de Madrid.
El movimiento insiste en que el caso de Maricarmen no es aislado y lo vincula con problemas más amplios relacionados con los precios del alquiler, la precariedad residencial y la falta de alternativas habitacionales.
Las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río y Valeria Racu, han cuestionado la decisión de dividir las medidas gubernamentales en dos decretos.
Racu ha denunciado que esa separación debilita la respuesta a las reivindicaciones del movimiento y puede facilitar que algunas de ellas decaigan durante la negociación parlamentaria.
En las asambleas también se ha planteado la posibilidad de impulsar una huelga general por el derecho a la vivienda. Por el momento, se trata de una propuesta debatida por el movimiento y no de una convocatoria formal con fecha establecida.
La continuidad de la acampada ha provocado además una nueva amenaza institucional. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado a la Delegación del Gobierno español que proceda al desalojo de la plaza, mientras las personas concentradas mantienen las protestas.
Para los Sindicatos de Inquilinas, la solución al caso de Maricarmen no elimina las razones que llevaron a instalar la acampada. Las organizaciones mantienen su exigencia de garantías generales para evitar nuevas expulsiones sin alternativa habitacional.
Maricarmen podrá regresar a la casa de la que fue desahuciada
Maricarmen Abascal podrá regresar a su vivienda cuando reciba el alta del Hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada después del desahucio ejecutado el 23 de septiembre. La mujer, de 87 años, había vivido durante siete décadas en esa casa del distrito madrileño de Retiro.
El acuerdo alcanzado con Urbagestión, con la participación de su representación legal, el Sindicato de Inquilinas y la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, contempla un nuevo contrato de ocho años.
Según las informaciones difundidas sobre el pacto, la renta no podrá superar el 30% de sus ingresos, una cantidad aproximada de 500 euros mensuales. La formalización del contrato y la fecha efectiva de regreso siguen pendientes de los trámites correspondientes y de su recuperación médica.
Su abogada, Beatriz Duro, ha relacionado el acuerdo con la presión de las movilizaciones, al señalar que la empresa no había mostrado anteriormente disposición a negociar en los mismos términos. El Sindicato de Inquilinas también atribuye el cambio de posición de Urbagestión a la organización colectiva y a las protestas desencadenadas por el desahucio.
El acuerdo abre la posibilidad de que Maricarmen recupere su vivienda, pero las organizaciones recuerdan que muchas otras personas continúan afrontando situaciones de vulnerabilidad residencial sin una solución equivalente.
El Congreso afronta dos votaciones con apoyos todavía inciertos
El Congreso tiene previsto debatir este viernes, 2 de octubre, la convalidación de los dos decretos aprobados por el Gobierno. La división de las medidas permite que los grupos parlamentarios voten de manera diferente sobre cada decreto, precisamente el escenario que cuestionan los Sindicatos de Inquilinas. Por ello, el movimiento de vivienda ha reclamado a los partidos que voten a favor de ambos textos.
PSOE y Sumar han defendido el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros, aunque las negociaciones entre ambos socios han evidenciado diferencias sobre la duración de los contratos y el alcance de las medidas. Junts ha planteado objeciones relacionadas con determinadas obligaciones para los propietarios y con la estabilidad contractual. El PNV también ha expresado reservas sobre algunas de las propuestas.
Podemos ha reclamado reformas de mayor alcance y ha cuestionado la fragmentación del paquete, sin confirmar aún el sentido de su voto. Por su parte, EH Bildu, ERC, BNG y Compromís han participado en iniciativas y posicionamientos relacionados con la protección de las personas inquilinas, y presumiblemente votarán “sí” a ambos decretos por “responsabilidad” aunque sean “insuficientes”, tal y como ha avanzado Oskar Matute.
La aprobación de uno de los textos no garantiza la convalidación del otro. El resultado parlamentario determinará qué disposiciones continúan vigentes y cuáles, en su caso, decaen.
El Pacto Ciudadano exige medidas urgentes en Aragón
La movilización por el derecho a la vivienda tiene también su expresión en Aragón, donde el Pacto Ciudadano por el Derecho a la Vivienda ha reclamado medidas urgentes tanto al Gobierno español como a las administraciones aragonesas.
En un comunicado fechado el 28 de septiembre, las organizaciones que integran el Pacto insisten en que ninguna persona debería ser desalojada sin una alternativa habitacional segura, digna y estable.
Las entidades recogen que durante el primer trimestre de 2026 se ejecutaron 4.005 lanzamientos judiciales en el conjunto del Estado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial citados en su documento. También señalan que el 42,6% de la población situaba la vivienda entre los tres principales problemas del Estado en el CIS de enero de 2026.
A ello añaden que una de cada cuatro personas inquilinas destina más del 40% de sus ingresos al alquiler, según los datos de Eurostat recogidos en el comunicado, y que la tasa de emancipación juvenil apenas alcanza el 15%.
El Pacto reclama protección para las personas mayores, los hogares monomarentales, las personas migrantes, los jóvenes sin apoyo familiar y quienes habitan en el medio rural y encuentran dificultades para acceder a una vivienda. Defiende también contratos de larga duración que permitan reducir la incertidumbre residencial y garantizar la permanencia en el domicilio.
Entre sus reivindicaciones figura la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, una herramienta prevista en la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda cuya aplicación corresponde a las administraciones autonómicas competentes. Las organizaciones reclaman igualmente ampliar el parque público de vivienda, regular los usos turísticos, impulsar la rehabilitación residencial y desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades del medio rural.
El comunicado está respaldado por CCOO Aragón, UGT Aragón, la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA), la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, REAS Aragón y la Fundación ECODES. Las seis entidades apoyan las movilizaciones convocadas en Aragón y reclaman que las administraciones ejerzan sus competencias para garantizar respuestas habitacionales efectivas.
De Torrero a Alcañiz: las movilizaciones continúan
La movilización por el derecho a la vivienda también ha tenido resultados concretos en Zaragoza. Este martes, 29 de septiembre, Esmeralda y su hija de 11 años consiguieron paralizar el desahucio previsto en su vivienda de la calle Orense, en el barrio de Torrero, después de que varias decenas de personas acudieran para acompañarlas e intentar impedir el lanzamiento. La suspensión fue recibida entre aplausos, aunque la familia sigue necesitando una solución habitacional estable.
Las protestas continúan en otros puntos de Aragón. Tras las concentraciones celebradas en Teruel, Uesca y Chaca, la siguiente convocatoria tendrá lugar este jueves, 1 de octubre, en Alcañiz. Stop Desahucios Bajo Aragón ha llamado a concentrarse a las 19:45 en los Antiguos Sindicatos, bajo el lema “Todos somos Maricarmen”.
En Zaragoza, el Sindicato de Inquilinas ha organizado para este jueves, a las 19:00, un taller de pancartas en la sede de CGT, en la calle San Pablo, 23, con el objetivo de preparar la manifestación del sábado. La marcha zaragozana está convocada para el sábado 3 de octubre, a las 18:00, con salida desde la plaza de Santo Domingo, bajo el lema “No más Maricarmen, abajo el negocio de la vivienda”.
Las convocatorias aragonesas se suman a las movilizaciones anunciadas por los Sindicatos de Inquilinas en otros territorios del Estado.
Maricarmen podrá regresar a su casa. Esmeralda y su hija han conseguido detener, por el momento, su desahucio en Torrero. Pero las organizaciones recuerdan que siguen existiendo numerosas situaciones sin resolver y reclaman medidas que impidan nuevas expulsiones sin alternativa habitacional.
Mientras los dos decretos afrontan su examen parlamentario, la acampada de Sol continúa y las movilizaciones se extienden durante el fin de semana. Para los Sindicatos de Inquilinas, los avances conseguidos no ponen fin a las reivindicaciones que desencadenaron las protestas.
