Hay muchas Maricarmen. La imagen de una mujer de 87 años saliendo en camilla de la casa madrileña en la que había vivido durante siete décadas ha convertido su nombre en símbolo de una realidad que se repite cada día, muchas veces lejos de cámaras, concentraciones multitudinarias y titulares.
Este jueves, esa rabia llegó a Aragón. Cientos de personas respondieron a una convocatoria urgente del Sindicato de Inquilinas y se concentraron en la plaza San Pablo de Zaragoza bajo un lema que ampliaba deliberadamente el foco: “Por todas las Maricarmen”. La protesta se celebró, además, en el mismo barrio donde otro desahucio estaba previsto para apenas cuatro días después.
Y fue allí donde llegó la noticia: el lanzamiento de Kheira, vecina del número 2 de la calle José Zamoray, previsto para el lunes 28 de septiembre, había quedado suspendido después de que la Sareb solicitara paralizar el procedimiento.
Una victoria parcial en Zaragoza mientras el desahucio de Madrid seguía provocando una enorme conmoción social. Y una coincidencia que resume el problema: Maricarmen acababa de perder su casa; Kheira acababa de ganar tiempo.
Cientos de personas han respondido en Zaragoza a la convocatoria de los Sindicatos de Inquilinas con una concentracion en la Plaza San Pablo pic.twitter.com/MDIaMVorFZ
— Pablo H. 🔻 spartakusbund (@SpartakusbundKP) September 24, 2026
Maricarmen salió de su casa en una camilla
Maricarmen tiene 87 años y llevaba alrededor de siete décadas viviendo en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. Su padre había firmado en 1956 un contrato de renta antigua que posteriormente fue subrogado. El edificio pasó en 2018 a Urbagestión, que intentó incrementar su alquiler un 275%.
El de este miércoles era el cuarto intento de desahucio. Cientos de personas trataron de impedirlo desde la calle. La Policía retiró a quienes permanecían sentados ante el portal y se produjeron cargas y momentos de tensión. Finalmente, la comisión judicial ejecutó el lanzamiento y sanitarios del Samur sacaron a Maricarmen en camilla entre los gritos de “no estás sola” de quienes seguían concentrados. Fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
Su defensa había pedido un aplazamiento de entre quince días y un mes, alegando razones humanitarias y la necesidad de encontrar una alternativa habitacional. También existía una oferta económica de una donante para completar el alquiler de Maricarmen. La propiedad rechazó suspender el lanzamiento.
El caso abrió inmediatamente un cruce de responsabilidades entre administraciones. El Ministerio de Vivienda responsabilizó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de no haber garantizado una alternativa adecuada. El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida sostuvo, por el contrario, que había emitido el informe de vulnerabilidad y ofrecido diferentes recursos asistenciales y, el mismo día del desahucio, aseguró que mantenía disponible un recurso habitacional inmediato. Entre las opciones señaladas por el Sindicato de Inquilinas figuraba una residencia privada con un coste superior a 1.200 euros mensuales, que la organización consideraba inasumible para Maricarmen.
La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, tampoco proporcionó una solución que permitiera a Maricarmen permanecer en una vivienda. Antes del lanzamiento, tanto el Sindicato de Inquilinas como el Ministerio de Vivienda habían reclamado la intervención de las administraciones autonómica y municipal.
La ONU: “La jueza debería haber suspendido temporalmente el desahucio”
El caso tiene además una dimensión que va mucho más allá del enfrentamiento político entre administraciones. Naciones Unidas había pedido al Estado español medidas cautelares para evitar el lanzamiento mientras estudiaba el caso. Tras consumarse el desahucio, el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Koldo Casla, sostuvo que “la jueza debería haber suspendido temporalmente el desahucio” para impedir un daño irreparable y permitir que el Estado cumpliera sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Casla ha insistido en que un desahucio que pueda dejar a una persona sin hogar no debería ejecutarse hasta que las administraciones competentes garanticen una alternativa habitacional viable y adecuada. Según el relator, el Estado español debía actuar de buena fe ante las medidas solicitadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
La legislación estatal mantiene además hasta el 31 de diciembre de 2026 mecanismos extraordinarios para solicitar la suspensión de determinados procedimientos de desahucio cuando concurren situaciones de vulnerabilidad económica y ausencia de alternativa habitacional, aunque su aplicación depende del supuesto jurídico concreto y de los requisitos establecidos en la norma.
“Maricarmen no es un caso aislado”
La respuesta trascendió rápidamente Madrid. Las imágenes del lanzamiento provocaron movilizaciones en diferentes ciudades y, este jueves, Zaragoza fue una de ellas. En la plaza San Pablo, el Sindicato de Inquilinas situó las responsabilidades tanto en el PP madrileño como en el Gobierno estatal de PSOE y Sumar.
“Nos hemos concentrado para denunciar la violencia policial sufrida por nuestras compañeras, y para señalar la responsabilidad que comparten el PP de Ayuso y el Gobierno del PSOE y Sumar en lo ocurrido”, afirmó la organización durante la protesta.
Para el Sindicato, el caso no puede explicarse únicamente por las decisiones adoptadas alrededor de una mujer concreta: “Maricarmen no es un caso aislado: cada día se ejecutan decenas de desahucios como el suyo”. Su diagnóstico apunta a un problema estructural en el que “los políticos profesionales se pliegan sistemáticamente a los intereses de rentistas y explotadores, que hacen negocio con nuestras vidas, y la policía y los tribunales les protegen”.
La movilización zaragozana reunió a cientos de personas y convirtió la plaza en una protesta contra los desahucios y la situación de la vivienda, con consignas como “No estás sola, Maricarmen”, “Gobierne quien gobierne, desahucian a la gente” y “Vecina despierta, desahucian en tu puerta”.
4.005 lanzamientos en tres meses, 52 en Aragón
Los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial ayudan a dimensionar lo que el movimiento por la vivienda denuncia detrás del caso de Maricarmen. Entre enero y marzo de 2026 se practicaron 4.005 lanzamientos judiciales en el Estado español: una media de 44,5 cada día. De ellos, 2.600 —el 64,9%— estuvieron relacionados con procedimientos de alquiler y 971 con ejecuciones hipotecarias. La cifra global descendió un 45,4% respecto al primer trimestre de 2025.
En Aragón fueron 52 lanzamientos durante esos tres meses, un 71,6% menos que en el mismo periodo de 2025. Los relacionados con ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 72,7% y los derivados de procedimientos por impago del alquiler, un 70,5%.
La fuerte reducción, sin embargo, necesita contexto. El propio CGPJ registra simultáneamente un incremento del 19,2% en los lanzamientos recibidos por los servicios comunes y una subida del 17,5% en las ejecuciones hipotecarias presentadas. Además, colectivos por el derecho a la vivienda advierten de que las estadísticas judiciales no contabilizan las expulsiones que se producen sin llegar a un lanzamiento: hogares que abandonan su vivienda ante una subida inasumible del alquiler, la finalización del contrato o después de alcanzar acuerdos para marcharse.
Es decir: las cifras del CGPJ contabilizan lanzamientos judiciales ejecutados, no todas las formas en las que una persona pierde su vivienda.
Kheira iba a ser la siguiente
A pocos metros de donde Zaragoza se concentró por Maricarmen vive Kheira. Es vecina del número 2 de la calle José Zamoray, en el Gancho, desde 2017. El edificio pertenecía anteriormente a Eduardo Lacasta y acabó en manos de la Sareb en 2024. Según explica el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, el cambio de propiedad dejó a las familias del inmueble en una situación de incertidumbre contractual.
Kheira y el resto de vecinas y vecinos se organizaron entonces como Bloque en Lucha. La movilización permitió frenar un primer intento de desahucio, previsto para el 25 de noviembre de 2025. Pero el problema siguió abierto.
Según el Sindicato de Inquilinas, hace casi un año se solicitó la incorporación a la bolsa de vivienda de la Sareb para las 13 viviendas del bloque sin que se haya conseguido todavía regularizar su situación mediante nuevos contratos. La organización denuncia además las dificultades para establecer una interlocución efectiva con la entidad y con Aliseda, la gestora que interviene en estas viviendas.
Un segundo lanzamiento contra Kheira había quedado señalado para este lunes, 28 de septiembre, a las 11:00. El Sindicato ya preparaba una nueva movilización para tratar de impedirlo. Pero este jueves, mientras centenares de personas se concentraban en San Pablo, llegó la noticia. La Sareb había solicitado la suspensión del procedimiento.
El Sindicato comunicó la noticia en la propia concentración y este viernes ha celebrado lo ocurrido, aunque dejando claro que el conflicto continúa abierto. “No es una solución definitiva, no pararemos hasta firmar contratos para todo el bloque, pero celebramos esta victoria parcial”, afirma la organización, que atribuye la suspensión a la movilización mantenida por las propias vecinas y el movimiento por la vivienda. “Organizarse sirve. Ganar es posible”, resume el Sindicato.
Dos lecturas sobre la suspensión
Sumar Aragón, Izquierda Unida Aragón y Zaragoza en Común también han celebrado la paralización y han reclamado a la Sareb que abra una negociación con las familias para formalizar contratos de alquiler social adaptados a sus ingresos.
Las tres organizaciones reconocen como determinante el trabajo del Sindicato de Inquilinas y señalan también las gestiones realizadas desde ZeC ante el Ministerio de Vivienda y por la diputada de Sumar Laura Vergara.
Su lectura política, sin embargo, difiere abiertamente de la del Sindicato. Sumar e IU reivindican el trabajo realizado desde el Gobierno estatal en materia de vivienda y reclaman ahora nuevas medidas de protección para los hogares vulnerables.
El Sindicato de Inquilinas, por el contrario, responsabiliza también al Ejecutivo de PSOE y Sumar de una política que considera “insuficiente” y acusa a la Sareb —entidad de mayoría pública— de mantener una “estructura opaca, con intermediarios y enormes dificultades para negociar directamente soluciones para las familias”.
Precisamente por eso, la suspensión de Zamoray no cierra el conflicto: Kheira conserva su vivienda, pero el bloque continúa reclamando contratos que garanticen de forma estable que sus vecinas y vecinos puedan permanecer en sus casas.
Por todas las Maricarmen
En apenas dos días, dos historias separadas por más de 300 kilómetros se han cruzado. En Madrid, cientos de personas no consiguieron impedir que Maricarmen fuera expulsada de la casa en la que había transcurrido prácticamente toda su vida. En Zaragoza, una movilización convocada precisamente por aquel desahucio recibió en mitad de la protesta la noticia de que Kheira no tendría que abandonar su vivienda este lunes.
Una salió de casa en camilla. La otra ha conseguido, por ahora, quedarse.
Pero el Sindicato de Inquilinas insiste en que ninguna de las dos historias puede entenderse de manera aislada. Tras Maricarmen y Kheira están quienes aparecen en las estadísticas judiciales y quienes ni siquiera llegan a aparecer en ellas. Por eso Zaragoza no salió este jueves a la calle únicamente por Maricarmen. Salió “por todas las Maricarmen”.
