El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de la capital aragonesa ha pedido al gobierno de PP-Cs que garantice en la ciudad el derecho a una alternativa habitacional digna a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad, que se vea privada de su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago, o de desahucio por falta de pago de la renta, así como a otras personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad o emergencia social. El portavoz de Zaragoza en Común y exalcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, ha realizado esta petición en rueda de prensa, acompañado por representantes de Stop Desahucios y la PAH.
Según han explicado, la delicada situación de emergencia social que atraviesa una parte importante de la sociedad aragonesa ha derivado en la consecuente disminución de los ingresos de las familias, impidiendo la satisfacción de las necesidades de vivienda o generando dificultades para afrontar otros gastos necesarios, lo que ha conducido a estas personas a una situación de precariedad e imposibilidad de vivir con dignidad y con una mínima calidad de vida.
Esta descripción de la realidad es la que consta en el Preámbulo de la LEY 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en el territorio.
“Nos encontramos con que la pandemia solo ha hecho que empeorar la realidad que afecta a miles de familias en esta ciudad y que refuerzan los motivos que llevaron a las Cortes de Aragón a la aprobación de esta ley y, en especial en lo que tiene que ver con las medidas recogidas en materia de vivienda, en están aún más vigentes”, ha expresado Santisteve.
Cumplimiento de la ley que garantiza el acceso a una vivienda digna
La formación ha presentado una moción al próximo pleno para instar al Gobierno de la ciudad a dar "inmediato cumplimiento" al artículo 19 de la LEY 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en el territorio, es decir, la garantía de una vivienda digna.
También solicitan que se establezcan los mecanismos de colaboración institucional necesarios para la efectiva aplicación de las medidas en materia de vivienda contempladas en esta ley: la suspensión de los lanzamientos en situación de especial vulnerabilidad, medidas para promover el arrendamiento y la cesión de viviendas por parte de sus propietarios, en especial entidades financieras y de activos inmobiliarios, y la creación del registro de Viviendas Desocupadas de Aragón.
Además, la formación también ha solicitado recuperar las medidas adoptadas por Zaragoza Vivienda en los últimos años para paliar la emergencia habitacional: la Oficina de Mediación Hipotecaria, de Alquiler y de usurpación de buena fe, el Programa Alegra tu Vivienda, para ampliar el parque municipal de vivienda, y la incorporación a los presupuestos de 2021 de la partida destinada a la construcción y rehabilitación eficiente de vivienda pública municipal con financiación del BEI, recientemente eliminada.
“Solo unas semanas después del levantamiento de la moratoria estatal que impedía los desahucios en esta ciudad, hemos visto cómo varias familias -entre las que se encuentra, por ejemplo, Esperanza, vecina del barrio de Torrero y sus dos hijos- se quedaban en la calle, sin que este Ayuntamiento cumpliera con su obligación de proporcionar una alternativa habitacional”, ha expresado el portavoz.
La gravedad de esta crisis sanitaria, que en la actualidad nos enfrenta a nuevos rebrotes y sus consecuencias sociales y económicas, va a imposibilitar -según el grupo municipal- "el pago de alquileres o hipotecas de muchas familias y va a traer consigo una emergencia habitacional que obliga a la inmediata asunción de responsabilidades al Ayuntamiento de Zaragoza, con la consiguiente colaboración institucional con el Gobierno de Aragón para dar cumplimiento a esta ley y garantizar el derecho a la vivienda digna, un derecho que como estamos comprobando es fundamental para contener esta crisis sanitaria".
Sin embargo, -y según explican desde ZeC- "el Gobierno de PP-CS, en un año de mandato, ha revertido muchos de los avances en materia de protección al derecho a la vivienda realizados en los últimos años”; como el protocolo de coordinación entre ZGZ Vivienda y Servicios Sociales que hacía referencia a las situaciones de usurpación, la creación de la Oficina de Mediación Hipotecaria, de Alquiler y de usurpación de buena fe, la captación de vivienda para la ampliación del parque de vivienda de alquiler social municipal con el Programa Alegra tu Vivienda y la construcción de vivienda Pública con financiación Europea del BEI, recientemente retrasada de nuevo.
