Stop Desahucios relanza la campaña #AragónSinDesahucios, en esta ocasión para “señalar a los responsables” institucionales

Este pasado 24 de julio el colectivo Stop Desahucios Zaragoza retomó la campaña #AragónSinDesahucios. “La apertura de los juzgados el pasado día 4 de junio está teniendo unas consecuencias terribles para las familias más vulnerables en materia de vivienda tal como denunciamos las plataformas de vivienda y el Plan de Choque Social”, señalan desde el colectivo.

Foto: Cris Aznar | crisaznar.com

En Aragón todas las familias vulnerables tienen derecho a una alternativa habitacional en caso de pérdida de su vivienda habitual. Lo dice el artículo 19.2 de la Ley aragonesa conocida como 10/16. “Sin embargo los poderes públicos y el propio Gobierno de Aragón están actuando vulnerando este derecho reconocido, como demuestra el caso de Esperanza y sus tres hijos -y lo han demostrado otros casos anteriores al coronavirus-”, denuncia Stop Desahucios.

“Sabemos que disponen de herramientas legales y que podrían multiplicar la inversión en garantizar el derecho a la vivienda en Aragón. Cuando hablamos de derechos humanos no hay excusas, no hay nada en que ampararse para su vulneración. Y quienes lo hacen desde las instituciones demuestran una profunda falta de empatía con sus iguales. No es solo una cuestión política, es también una cuestión de dignidad personal. Vamos a exigir esa dignidad a quienes ostentan la representación del pueblo aragonés en las Cortes de Aragón”, afirman.

Además las perspectivas de profundización de la crisis anuncian que muchas familias que hasta ahora pagaban a duras penas sus alquileres e hipotecas no podrán hacerlo, de hecho ya hay muchas que no pueden hacer frente a las pagos.

Por ello, dese el colectivo mantuvieron una reunión con la Dirección General de Vivienda de la DGA, y en ella la plataforma realizó “tres peticiones no negociables, sencillas de cumplir y con las que PSOE, Podemos, y Chunta Aragonesista se comprometieron ya en 2015 (junto a otras fuerzas como Izquierda Unida, Puyalón o FIA):”

  • Que el Gobierno de Aragón se comprometiera en aplicar el 19.1 y el 19.2 de la Ley 10/16, en lugar de aplicar el restrictivo Convenio (Gobierno de Aragón-CGPJ-FAMCP) del Gobierno de Rudi. Ambos puntos obligan a las administraciones públicas aragonesas a dotar de alternativa habitacional a todas las familias vulnerables que enfrentan desalojos forzosos (judiciales).
  • Que el Gobierno de Aragón se comprometa en reglamentar el punto 24 de la Ley 10/16, que habilita la “cesión obligatoria” de los pisos del sector financiero que procedan de ejecuciones hipotecarias. Un punto clave para dotarse de viviendas para resolver (en parte) la emergencia que estamos viviendo que amenaza con profundizarse.
  • Que se diera respuesta (alternativa habitacional) a las familias de Esperanza y Husein. Recordamos que suman seis menores de edad a cargo y fueron desalojados judicialmente el pasado 7 de julio.

“Ninguna de las tres peticiones ha sido aceptada, solo hemos encontrado terribles justificaciones que implican la visión más restrictiva del ordenamiento jurídico y por supuesto contraviniendo lo estipulado en la Ley aragonesa 10/16 respecto al derecho a la alternativa habitacional (derecho de las familias aragonesas vulnerables)”, explican desde StopDesahucios.

“Señalaremos a los y las responsables”, anuncian desde Stop Desahucios

A mediados de mes “terminó el plazo a los grupos de las Cortes de Aragón y al ejecutivo aragonés para que no permitan más vulneraciones de los Derechos Humanos”. La plataforma realizó una asamblea en el Anfiteatro de Echegaray Caballero “para arrancar una campaña de movilización que pretende lograr una Aragón sin desahucios y señalar a quienes los amparan y permiten desde las administraciones públicas aragonesas aún contando con herramientas legales para impedirlo”.

“También nos sumaremos a la campaña estatal por un Decreto Stop Desahucios, la manifiesta incapacidad de las Comunidades Autónomas en dar respuesta a la situación”, obligan al Gobierno del Estado español “a establecer una moratoria real de desahucios de todas las familias vulnerables. Y debería durar hasta que las Comunidades Autónomas sean capaces y muestren la voluntad de ejercer sus competencias en favor de las familias más vulnerables que son las primeras que están sufriendo el arranque del tsunami que en materia de vivienda se está desarrollando a lo largo de todo el estado”.

“Hacemos un llamamiento a los vecinos y las vecinas de la ciudad para que participen en tantas acciones, como movilizaciones, que proponga Stop Desahucios y el resto de plataformas por el derecho a la vivienda. Es posible y de justicia: queremos un Aragón sin desahucios”, reclaman.

Desde Stop Desahucios afirman que “Verónica Villagrasa debe de dimitir inmediatamente”

El 7 de julio fue un día "que hemos definido como de 'la vergüenza'. En un mismo día dos familias de la plataforma (la de Esperanza y la de Husein que suman seis menores a cargo) perdieron su vivienda sin alternativa habitacional pese a lo previsto en los puntos 19.1 y 19.2 de la ley aragonesa conocida como 10/16. Ambos puntos dotan de protección a todas las familias vulnerables garantizando alternativas en todos los casos de pérdida de vivienda habitual. De hecho el 19.2 fue redactado precisamente para proteger a las familias en exclusión residencial que no tienen contratos de alquiler ni títulos de propiedad como le ocurre a Esperanza y sus tres hijos menores", explican desde Stop Desahucios Zaragoza.

"También tenemos que denunciar el uso torticero que la Dirección General de Vivienda realiza de los realojos: a Husein le ofrecieron una vivienda fuera de Zaragoza pese a todas las recomendaciones de no romper el arraigo escolar, familiar y social de la familia. Además de la ausencia de carnet y vehículo familiar. Les obligaron a renunciar, en una decisión complicadísima para la familia y sin ningún sentido. Recordemos que Gobierno de Aragón mantiene más de diez viviendas vacías en Zaragoza (cedidas por Zaragoza Vivienda). Es inaceptable para la administración que ostenta las competencias en materia de vivienda", denuncian.

Desde esta plataforma social recuerdan "a las Administraciones Públicas que la ONU ha declarado en repetidas ocasiones que los desahucios sin alternativa habitacional adecuada son una vulneración de los Derechos Humanos. Que detrás de los desalojos forzosos hay vidas rotas e incluso personas que han decidido terminar con ella fruto de la desesperación. El terror e incertidumbre que han sufrido (y continúan sufriendo) las dos familias, como la que están pasando otras muchas, es inaceptable para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad".

Asimismo, afirman que "la frialdad de la Directora General, así como el desprecio demostrado a la plataforma y a las familias (tanto en redes sociales como en la propia reunión) nos obliga a pedir su inmediata dimisión. No podemos permitir en estos momentos tan duros una administración aragonesa que nos niega la interlocución e incluso la información sobre las situaciones de las familias organizadas en la plataforma".

Y, concluyen haciendo "un llamamiento a Pepe Soro -consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, del Gobierno de Aragón- para que asuma la responsabilidad de dar respuesta a la plataforma y las familias. Aún está a tiempo de rectificar e incluso de convocarnos a una reunión (que solicitaremos, aunque pensamos que no debería de ser necesario ante la gravedad de lo sucedido)".

Primera acción de la nueva campaña #AragónSinDesahucios: Stop Desahucios señala a Chunta Aragonesista

La pasada semana arrancaba la campaña #AragónSinDesahucios “con un objetivo de mínimos e irrenunciable: que se cumpla la norma aragonesa 10/16 que en sus puntos 19.1 y 19.2 garantizan el derecho a una alternativa habitacional de todas las familias vulnerables residentes en Aragón”.

“Los desahucios de las familias de Husein y de Esperanza, producidos el pasado 7 de julio, demuestran que la administración aragonesa no está cumpliendo con sus propia norma. De hecho sigue aplicando un convenio sin rango de ley, y actúa con manifiesta mala fe cuando decide ‘realojar’: siempre propone traslados forzados de las familias fuera de Zaragoza. Y eso sabiendo, como sabemos, que DGA tiene viviendas vacías en Zaragoza”, explican desde StopDesahucios.

Por todo ello, el pasado viernes 25, “en una pequeña acción sorpresa, un grupo de activistas y afectados de Stop Desahucios Zaragoza han señalado las responsabilidades de Chunta Aragonesista en las vulneraciones de los Derechos Humanos y los derechos de la infancia. Entre las consignas: Sí se puede, pero no quieren o Pepe Soro no te hagas el sordo”.

“Es la primera de muchas acciones dirigidas a denunciar la situación, señalar a los y las responsables, así como exigir algo tan simple como que cumplan las normas aragonesas vigentes”, anuncian desde esta plataforma ciudadana.

Desde CHA se recuerda “la apuesta decidida por políticas sociales de vivienda”

Por su parte, desde Chunta Aragonesista se recuerda “la apuesta decidida por políticas sociales de vivienda, el impulso a subvenciones para el pago del alquiler y la respuesta habitacional para los casos de desahucios de alquiler e hipotecarios en cumplimiento de la ley”.

Y, en este sentido, se reitera “que la ocupación ilegal de viviendas no puede ser un cauce para la obtención de una vivienda social y que, sin informe de vulnerabilidad y de buena fe, no se cumplen los requisitos para la respuesta habitacional. Además, se recuerda que la actuación en material social debe ser integral y en todos los aspectos de la unidad de convivencia”.

Nueva acción de la campaña #AragónSinDesahucios: Stop Desahucios señala al PSOE

En la tarde del martes 28 y “después del desahucio de 20 personas sin hogar de un hotel propiedad de la SAREB, hemos adelantado otra acción de señalamiento de los responsables de los desahucios sin alternativa habitacional: El PSOE”, explicaban desde Stop Desahucios Zaragoza.

Asimismo, este colectivo indicaba que “el PSOE mira hacia otro lado para permitir la vulneración de los Derchos Humanos incumpliendo de forma manifiesta la Ley 10/16. No es negociable, hay vidas en juego. Ningún desahucio más sin alternativa habitacional”, y se preguntan “¿seguirá callado el Presidente Javier Lambán?”.

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