El Decreto, aprobado este lunes, recoge una cláusula que estará incluida en todos los pliegos administrativos y por la cual, todas las empresas que realicen actividades ilegales vinculadas en paraísos fiscales y que hayan sido condenadas por este motivo, no podrán acceder a adjudicaciones con el ayuntamiento o les será rescindido el contrato en caso de que dicha adjudicación fuera anterior a la aprobación del decreto
