La estación de esquí, que lleva una década en concurso de acreedores y que el año pasado requirió una inyección millonaria de dinero público para seguir abierta, se enzarza en litigios contra la mancomunidad forestal propietaria de los terrenos que explota con sus pistas y contra el ejecutivo de Lambán con los objetivos de evitar pagar el canon que le permite ocupar esas tierras y de presentar su negocio privado como una concesión pública.
