Para qué quería Explotaciones Turísticas de Candanchú (Etucsa), la empresa que explota la estación pirenaica de esquí del mismo nombre, los dos millones de euros que el año pasado le inyectó el Gobierno de Aragón para que pudiera seguir funcionando?
Se supone que para financiar su operativa, aunque entre sus prioridades no se encontraba el pago de los algo más de 100.000 euros a los que asciende el canon anual que le permite ocupar las tierras sobre las que se extienden las instalaciones que desde 1968 viene explotando, adscritas al término municipal de Aísa -Viello Aragón- y propiedad de la Mancomunidad Forestal del Valle de Aísa que integran tres de sus pueblos (Aísa, Esposa y Sinués).
De hecho, su oposición a resarcir al territorio por la ocupación de las tierras ha llevado a Etucsa, declarada insolvente en noviembre de 2012 y que sigue sin saldar definitivamente sus deudas aunque hasta la fecha va cumpliendo el calendario de pagos, a emprender una batalla judicial contra la mancomunidad y contra el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) en la que, al menos hasta ahora, los tribunales le están dando la razón a la mancomunidad y al órgano ambiental del ejecutivo.
El episodio, más allá de su propio itinerario judicial, y también de los discursos oficiales y los posicionamientos institucionales, destapa un velo de formalismos para mostrar una inquietante panorámica sobre la calidad real de las relaciones entre la industria turística y el territorio en el que aquella desarrolla sus actividades.
Eso, en este caso, añade un nuevo vector de tensión a los tres existentes en torno al proyecto de unir mediante telesillas las estaciones de esquí del Valle del Aragón, en el que antes de las demandas de Candanchú contra el territorio, el posicionamiento crítico de una parte de la población local y la contestación del movimiento ecologista ya convivían con las dudas sobre su financiación, en principio diseñada en torno a los fondos europeos aunque las dotaciones aprobadas no son suficientes, y con las notorias discrepancias surgidas acerca de su eventual trazado entre las instituciones locales (ayuntamientos, básicamente) y las estaciones afectadas, que son las privadas Astún y Candanchú y la semipública Formigal, esta última del grupo Aramón.
Candanchú cerró por ‘fuerza mayor’ mientras Astún abría
El conflicto por el pago del canon arranca en 2020, cuando, tras el confinamiento decretado a mediados de marzo de ese año por la pandemia, la Mancomunidad Forestal, un órgano de cooperación de los pueblos para explotar el monte, decide aplicarle a Etucsa una rebaja del 22% en el canon, que es el porcentaje en el que, según sus propias estimaciones, habían caído en esa temporada los ingresos de la estación.
El canon es el precio que Etucsa debe pagar por la ocupación de terrenos, para la que dispone de una autorización de 30 años sobre varios parajes del municipio de Aísa y que el Inaga, como organismo público encargado de supervisar la gestión de los montes públicos refundió a mediados de 2005, tres años después de que la estación se declarase insolvente y entrara en concurso de acreedores, en una ‘concesión de uso privativo del dominio público forestal’ tasada en 90.609 euros anuales.
La rebaja acordada por la mancomunidad para 2020 redujo para ese año a 73.682 euros la factura del canon.
Unos meses después, en febrero de 2021, Etucsa presentaba una nueva solicitud, reiterada en dos ocasiones, en la que reclamaba una nueva exoneración del pago del canon “al estar cerrada la estación y no poder servirse de los terrenos concesionales”, una situación que el complejo invernal presentaba como “de fuerza mayor” a pesar de que la vecina Astún sí había abierto sus pistas.
Ayuda millonaria cuando se aprueba el calendario de pago de la deuda
La mancomunidad desestimó la petición y reclamó el pago, decisión que poco después avaló el Inaga, por un total de 112.023 euros: 95.219’96 por el canon y 16.803,52 “en concepto de fondo de mejoras”.
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, dependiente del Gobierno de Aragón, tomó su decisión el 15 de septiembre del año pasado, en vísperas de que el ejecutivo autonómico anunciara públicamente que Candanchú iba a disponer de dos millones de euros para mantenerse a flote (y otros 600.000 euros para Astún) y que dispondría de tres años con uno de carencia, es decir, hasta el otoño de 2025, para devolverlos.
Sin embargo, la estación de esquí decidió llevar al juzgado la decisión de la mancomunidad y el Inaga mediante una demanda que acabó desestimando el magistrado del Juzgado de lo Contencioso de Uesca: Etucsa la había dirigido contra un acto no impugnable como era la propuesta de cobro del órgano forestal, que siempre iba a depender del criterio del Inaga.
Unos meses antes, a primeros de julio, y cuando la estación de esquí llevaba casi una década en situación de concurso de acreedores, el Juzgado Mercantil de Uesca había dado su visto bueno a la última versión del convenio que regula el calendario de pagos que la empresa debe cumplir para saldar sus deudas (recortadas y aplazadas) y volver a operar con normalidad.
¿Qué es eso de la concesión?
La posición de la estación de esquí encerraba dos posicionamientos que hasta la fecha han pasado prácticamente desapercibidos en el en ocasiones intenso debate público sobre el modelo del esquí que se desarrolla en Aragón.
Por una parte, no disponer del dinero inyectado por el Gobierno implicaba no poder hacer frente a sus obligaciones de pago, lo que entrañaba un riesgo claro de incumplir el calendario de pagos del convenio de acreedores y, si eso llegaba a suceder, de incurrir en una de las causas legales de disolución que contempla la normativa sobre insolvencias.
Y, sin embargo, el rescate con cargo a las arcas públicas, negociado bajo una densa presión mediática y política construida en torno a un mantra según el cual un eventual traspiés económico de la estación de esquí pondría en riesgo la actividad económica en todo el Valle del Aragón, no era para sus gestores incompatible con el intento de cortar de la línea de pago a un organismo como la Mancomunidad Forestal, que en la práctica es una de las principales vías de ingresos del municipio en el que opera, Aísa, la cuantía de cuyo presupuesto anual viene oscilando entre el millón y los dos millones de euros en los últimos años.
Las condiciones del préstamo contemplaban la posibilidad de utilizarlo para hacer frente a obligaciones de pago contraídas hasta siete meses antes de recibir el dinero, algo que, salvo que un juez dictamine otra cosa, no suponía ningún impedimento para liquidar el canon de ocupación de los terrenos sobre los que se extienden las pistas y el resto de instalaciones del complejo invernal.
El segundo posicionamiento, algo más peliagudo por su carácter jurídico, afecta de lleno a la propia concepción del negocio por parte de los responsables del complejo invernal y queda claro cuando en su demanda aparece una expresión como “provocar el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión”.
La demanda de Etucsa, que asegura que la compañía acumuló pérdidas por valor de 1,828 millones de euros al “no haberse abierto la estación en la temporada 2020-2021 por la pandemia y las medidas administrativas de restricción de movimientos de personas” y en la que se llega a afirmar que “no ha podido recibir ayudas por estar en situación de concurso” pese a haber recibido dos millones del Gobierno, mantiene que “se ha dado un supuesto de fuerza mayor al que le es aplicable el principio ‘rebus sic stantibus (mientras todo siga igual)’ para conseguir el reequilibrio prestacional”.
La clave está en las dos últimas palabras, es decir, en la apelación al “reequilibrio prestacional”, que es un concepto que se aplica en los contratos de explotación de concesiones para resarcir a los concesionarios por las pérdidas imprevistas, pero que no tiene lugar cuando de lo que se está hablando es de un negocio que dispone de una autorización para ocupar terrenos públicos, como es el caso.
La aplicación del primero de esos conceptos puede, por uno de aquellos misterios del alambicado sistema jurídico español, acabar dando lugar a indemnizaciones con cargo al erario público para negocios privados si las cuentas de estos últimos no cuadran, mientras que lo segundo establece, las más de las veces y esta es una de ellas, una mera obligación de pago por un aprovechamiento de recursos ajenos, que en este caso son los terrenos de monte por los que discurren las pistas y en los que se asientan el resto de las instalaciones del complejo invernal.
“Aquí no hay ninguna concesión de un contrato de explotación, sino una ocupación del monte”, explican fuentes jurídicas.
¿Por qué Candanchú no abrió y Astún sí lo hizo?
Sin embargo, ese planteamiento, el que intenta introducir la apariencia de que las estaciones de esquí, o la de Candanchú cuando menos, están explotando contratos de concesión, se encuentra en la base de la segunda ofensiva judicial emprendida por los responsables del complejo invernal contra el Inaga, en una demanda presentada ante los tribunales de lo Contencioso de Zaragoza y que han hecho extensiva a la Mancomunidad Forestal del Valle de Aísa.
Resulta obvio que no pintan buenos tiempos en las relaciones entre la industria del esquí, que en este caso llega a presentarse como concesionaria de un negocio, y el territorio en el que esta está siendo explotada; al menos, en el área más occidental del Pirineo oscense.
Candanchú alega que sus pérdidas para la segunda temporada pandémica ascendieron a 1.818.068,10 euros tras haber reducido su volumen de negocio de 4.646.452 a 183.134 por no haber abierto, algo que, por el contrario, no ocurrió en la vecina Astún, la cual abrió sus pistas para los esquiadores oscenses, los únicos que podían acceder a ella por las restricciones a la movilidad.
Etucsa, sociedad a la que la ayuda del Gobierno le da de sobras (según sus propios números) para enjugar esas pérdidas pague o no pague el canon, defiende en su demanda que las apelaciones del Inaga a la reanudación de la actividad en Astún en el invierno de 2020/2021 tendrían como finalidad “crear la falsa apariencia de que la no apertura fue un acto evitable”, aunque, a renglón seguido, confiesa el motivo por el que Candanchú permaneció cerrado: “se hubiera obtenido unas pérdidas superiores a las obtenidas”, asegura, mientras recuerda que el complejo vecino “tuvo un resultado económico muy malo”.
Y eso equivale a admitir que el cierre de la campaña 2020-2021 obedeció, básicamente, a una decisión de carácter empresarial y no a motivos de otro tipo: pretendían evitar un mal año en el negocio.
Tanto la Mancomunidad Forestal como el Inaga vienen sosteniendo que “no existió ninguna prohibición gubernamental para que pudieran abrir la estación en el periodo 2020/2021” y que en ningún caso procede plantear que en Candanchú exista ningún tipo de concesión de explotación de un negocio ni, en consecuencia, que pueda hablarse de obligaciones de ‘reequilibrio económico’, es decir, de asunción de pérdidas privadas con cargo al erario público. Ningún contrato lo respalda, destacan.
Y eso, vistas las obligaciones de pago derivadas de la ocupación del suelo y la cuantía de la inyección económica aplicada por el Gobierno de Aragón en el otoño de 2021, lleva a plantear de nuevo la cuestión inicial: ¿para qué, entonces, querían ese dinero los responsables de Candanchú?
