En rueda de prensa celebrada este martes en la sede de la Federación de Barrios de Zaragoza, la Plataforma 13M - Aragón por la Racionalidad Energética ha confirmado la presentación de una denuncia en los juzgados “por irregularidades” en el despliegue de energías renovables en nuestro país.
Con la información recogida en su ‘Informe sobre irregularidades en la gestión de la implantación de instalaciones de energía renovable en Aragón’ hecho público el pasado 29 de enero, y ampliando el contenido del mismo, aseguran que hay argumentos suficientes para sustanciar la denuncia judicial.
Así, en la rueda de prensa se ha detallado “la difusión que se ha hecho hasta el momento del Informe” y como se ha formulado “la correspondiente denuncia de las actuaciones actuales ante los juzgados que pueden resolver sobre las competencias de las entidades y personas denunciadas”.
El texto presentado por Plataforma 13M recoge la exposición de motivos mostrada en su informe, fundamentando la base de las presuntas ilegalidades. “Una ilegalidad que también se apoya en las noticias publicadas a raíz de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) en las oficinas de Forestalia y las noticias que revelan posibles prácticas irregulares en las tramitaciones de algunos proyectos, así como de las demostradas puertas giratorias que han podido influir en decisiones que deberían ser sólo técnicas”, subrayan.
“Se han autorizado proyectos de Forestalia definiendo infraestructuras como ‘líneas de evacuación’ privadas cuando, por su tensión (400 KV), longitud (centenares de km) y capacidad, constituyen auténticas redes de transporte eléctrico que es competencia exclusiva de Red Eléctrica de España (REESA). En este ámbito, el MITERD ha autorizado a Forestalia líneas similares a otras denegadas a otros promotores por motivos ambientales”, detallan desde la entidad.
Además, sostienen que “la misma irregularidad se ha detectado en autorizaciones de parques a Forestalia en ubicaciones similares a los de otras promotoras, denegados por el mismo Ministerio para la transición Ecológica y Reto Democrático (MITERD) por afectaciones ambientales”, así como que “un aspecto central en la denuncia es el fraccionamiento de proyectos, ya investigado desde la Guardia Civil. Se aceptan proyectos fragmentados en múltiples subparques y líneas de menor entidad para eludir una evaluación ambiental estratégica conjunta. De esta forma se obvia el impacto acumulativo y sinérgico sobre el territorio. Esta fragmentación de proyectos se ha observado también en proyectos tramitados por el Gobierno de Aragón”.
“La ubicación de proyectos en zonas protegidas por el ordenamiento municipal, por la Ley de Montes de Aragón o en zonas agrarias protegidas por la propia DGA es una irregularidad presente en todas las comarcas aragonesas”, enfatizan desde la Plataforma 13M, y alertan asimismo “sobre la externalización de proyectos para realizar evaluaciones ambientales a empresas relacionadas profesionalmente con SARGA o Forestalia”.
Continúa la plataforma detallando que “se constatan EIAs deficientes o incompletas y otras irregularidades en la tramitación, como la no comunicación a interesados, modificaciones sustanciales sin volver a iniciar el trámite o la presencia de informes no presentados en exposición pública y aportados con posterioridad sin posibilidad de conocimiento por parte de la ciudadanía”.
En materia ambiental “se detecta una valoración incorrecta de los riesgos reales para la avifauna por parte de MITERD y realización de informes por el promotor carentes de imparcialidad y objetividad”, destacan desde la Plataforma 13M - Aragón por la Racionalidad Energética.
Por otra parte, explicaron que la denuncia también recoge “la incapacidad financiera detectada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia al constituir Forestalia cientos de microempresas sin apenas capital y sin que esto haya supuesto ningún problema para las aprobaciones.”.
“Se contemplan también irregularidades en la concesión de Autorizaciones Administrativas Previas de L.A.T. fuera del plazo marcado por la administración y autorizaciones de parques para autoconsumos industriales”, y que “en muchos casos se han incumplido los hitos relativos a la obtención de la autorización administrativa previa, por tanto la administración denunciada, que en este caso sería la Dirección General de energía y minas, estaría manteniendo de forma fraudulenta la tramitación de unas autorizaciones caducadas”.
Finalmente, y de acuerdo a todo lo expuesto, solicitan que “durante los procesos de investigación en curso o de los que se puedan suscitar a raíz de esta denuncia”, se proceda a “la paralización de todas las tramitaciones de implantación de instalaciones relacionadas con energías renovables en tanto no exista garantía jurídica de su plena legalidad”.
