El pasado 29 de marzo, se publicaba en el BOE el Real Decreto-Ley 6/2022 por el que se adoptan “medidas urgentes en el marco del Plan Estatal de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania”. En sus artículos 6 y 7 desarrolla medidas de agilización de los procedimientos relativos a proyectos de energías renovables, algo que eximirá a los promotores de proyectos eólicos de hasta 75 MW y de 150 MW en fotovoltaico, con menos de 15km de línea de evacuación, de cumplir con la ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, una ley promulgada por la transposición de varias directivas europeas que obligan a las empresas en los Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, al Estado español.
Desde las plataformas aragonesas de defensa del territorio y el paisaje, integradas en ALIENTE en Aragón, advierten que esto supone que las empresas “no estarán obligadas a pasar el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, permitiéndoles presentar una simple solicitud de determinación de afección ambiental, menos exigente y mucho más permisiva de cara a las afecciones ambientales y a la salud humana”.
Para estas plataformas, las medidas propuestas en este Real Decreto suponen “un incumplimiento muy grave de la normativa existente sobre la protección del medio ambiente y la biodiversidad, incluidas directivas europeas que el Estado español tiene la obligación de cumplir como la Directiva Hábitat y la Directiva Aves”.
Las plataformas aragonesas recuerdan que la justicia europea y la jurisprudencia española ya ha avalado en numerosas ocasiones que, aunque este tipo de instalaciones industriales se ubiquen fuera del territorio incluido en la Red Natura 2000, provocan una afección a las especies que protegidas. “Se considera que también afecta a la propia Red Natura 2000, esta circunstancia se ha detectado a través del procedimiento que ahora el gobierno del Estado español quiere eliminar, la Evaluación Ambiental, creándose así una vulneración del derecho europeo”, asienten.
Un Real Decreto que elimina la participación de la ciudadanía
Las plataformas aragonesas contrarias a este modelo de implantación de renovables centralizado con macroproyectos consideran que, con lo recogido en este Real Decreto-Ley, “se está intentando esquivar el derecho europeo para favorecer la burbuja que determinadas empresas y fondos de inversión internacionales están llevando a cabo con las energías renovables, particularmente en Aragón, evitando a su vez la participación del territorio y de su ciudadanía”.
Según las plataformas, se suprime el derecho que todo ciudadano o ciudadana tienen a la participación mediante el procedimiento de información pública en aquellos proyectos que puedan afectar al medio ambiente, derecho recogido en el convenio de Aarthus y en la Directiva europea 2003/35.
“Con este Real Decreto nadie podrá denunciar en la vía administrativa a estas empresas especialistas en fraccionar proyectos con el objetivo de evitar trámites ambientales”, afirman. Y añaden: “va a provocar un aumento considerable de la judicialización de muchos de estos macroproyectos al impedir la participación de la población por la vía administrativa, con la consiguiente ralentización de la necesaria transición ecológica y justa y la grave crispación social que todo ello puede provocar”.
Vía libre para las expropiaciones
El Real Decreto reduce los plazos de exposición pública, dejándolo en quince días, lo cual, dicen, “imposibilita la correcta información y análisis de estos proyectos por parte de las partes afectadas y de la ciudadanía”. Esta simplificación de procedimientos no se aplica al resto de actividades que sí deben cumplir con la ley ambiental 21/2013, tal y como explican desde la agrupación desde donde aseguran que causa “discriminación” y atenta “contra otras legislaciones y normativas existentes”, tanto europeas como estatales y nacionales.
Las plataformas critican la medida con la que se permitirá a las empresas solicitar la declaración de utilidad pública en el mismo momento de la solicitud administrativa del proyecto. Esto supone, según la agrupación, “vía libre para las expropiaciones a particulares y para la ubicación de estas macro-centrales de energía y de todas sus infraestructuras necesarias, incluidas las dañinas líneas eléctricas de alta tensión”.
Mediante todos estos argumentos, las plataformas aragonesas integradas en ALIENTE en Aragón solicitan “al gobierno central que retire estos artículos del Real Decreto-Ley” y que los proyectos cumplan “con la misma legislación que es obligada para el resto de actividades económicas”. Además, solicitan que desde el gobierno estatal se apueste “por un nuevo modelo energético que priorice a las personas por delante de las grandes empresas y fondos de inversión que han visto en las renovables un nicho de mercado especulativo y a los que ni les importa la biodiversidad ni sus gentes ni la economía local de todos estos territorios”.
ALIENTE lleva tiempo advirtiendo que los proyectos eólicos con aerogeneradores de más de 200 metros de altura y los proyectos de placas fotovoltaicas de centenares de hectáreas, sus infraestructuras de evacuación, sus kilómetros de nuevos caminos, zanjas eléctricas, torres y tendidos de alta tensión "causan graves afecciones ambientales, sociales y económicas en los territorios”.
Durante la manifestación que tuvo lugar el 13 de marzo en Zaragoza, y en la que participaron más de 6.000 personas, 118 colectivos y plataformas de las comarcas aragonesas afectadas, ALIENTE en Aragón reivindicó bajo el lema ‘Renovables sí, pero no así’ un nuevo modelo energético “más eficiente” que apueste por el autoconsumo, un modelo social y democrático distribuido que facilite el acceso a la energía a todas las personas.
