La Deuda Histórica del Estado español con Aragón supera los 20.000 millones de euros

Ya en 2016 el Pleno de las Cortz d’Aragón aprobó por unanimidad la creación de una Comisión Especial de estudio sobre la Deuda Histórica con el objetivo de concretar “el cálculo estimado al que asciende la deuda histórica que el Estado tiene contraída con Aragón por las decisiones tomadas en los últimos treinta años,…, y del incremento que día a día la misma pueda sufrir, en tanto que no se dé por saldada”.

Foto: PSOE en Aragón

Ni el Estado español ha saldado su deuda con Aragón, ni la Comisión Especial de estudio sobre la Deuda Histórica -aprobada por unanimidad en las Cortz d’Aragón- ha emitido informe oficial alguno con el importe de la misma actualizado. Pero las últimas valoraciones -del 2008- ya cifraban esta deuda por encima de los 20.000 millones de euros, algo más de 15.000 euros por aragonés o aragonesa.

Unanimidad para reivindicar al Estado español el pago de su deuda histórica con Aragón

En diciembre de 2016 se aprobó unánimemente la Resolución del Pleno de las Cortz d’Aragón por la que se creaba una Comisión especial de estudio sobre la Deuda Histórica que decía literalmente: La Comisión especial de estudio sobre Deuda Histórica será el foro donde los diferentes Grupos Parlamentarios puedan trabajar sobre cifras detalladas y alcanzar acuerdos, a poder ser unánimes, acerca del cálculo estimado al que asciende la deuda histórica que el Estado tiene contraída con Aragón por las decisiones tomadas en los últimos treinta años y, asimismo, sobre el establecimiento de los mecanismos parlamentarios adecuados para hacer un seguimiento de dicha deuda y del incremento que día a día la misma pueda sufrir, en tanto que no se dé por saldada. El objeto de la Comisión es elaborar un dictamen que cuantifique la deuda, y que sirva al Gobierno de Aragón como base de negociación de la misma con el Gobierno de España. La composición de la Comisión constará de un representante por cada formación política con representación parlamentaria, y será asistida por los Servicios Jurídicos de las Cortes de Aragón, adoptando los posibles acuerdos mediante voto ponderado. Los miembros de la Comisión elegirán en su seno un coordinador a quien corresponderá las funciones de convocar y ordenar el debate de la misma. La convocatoria podrá ser solicitada igualmente por un Grupo Parlamentario. La Comisión podrá acordar la incorporación a la misma, a efectos de asesoramiento, de especialistas en la materia objeto de estudio. El plazo en el que la Comisión deberá elaborar su dictamen, en el que en todo caso se cuantifique la deuda histórica, es de tres meses desde su constitución.

Sin embargo, a la fecha, no existe informe oficial -o no es de dominio público- de la Comisión especial de estudio sobre la Deuda Histórica, y por tanto, no existe una cifra ‘oficial’ y asumida por el conjunto de grupos parlamentarios aragoneses. El último informe oficial al respecto fue el emitido, también en el 2016, por el Gobierno de Aragón.

En aquella Propuesta del Gobierno de Aragón sobre cuantificación de la Deuda Histórica el Estado español con Aragón, se establecía un mínimo de 7.566 millones de euros adeudados a Aragón, cifra obtenida al sumar únicamente las mermas tributarias con los importes de las competencias transferidas e infradotadas económicamente. Establecía 835 millones de euros por las mermas tributarias, y respecto a la infradotación de competencias: 535 millones de euros por Gasto Social-Dependencia, 82 millones en Educación, 4.887 en Infraestructuras, y 1.227 en Sanidad.

Pero en esta propuesta gubernamental, del 2016, se dejaba intencionadamente sin valoración concreta la Deuda contraída por el Estado español con Aragón al excluir sistemáticamente a nuestro país del Objetivo 1 de los Fondos Estructurales Europeos, así como del Fondo español de Compensación Interterritorial, señalando que “no es intención de este Gobierno proponer cifras a tanto alzado, pero ello no obsta, al reconocimiento de la existencia de un déficit en la financiación derivado de dichos conceptos, por difíciles de cuantificar que resulten”, dejando “este capítulo abierto a un mejor criterio de la Cámara -Cortz d’Aragón-”, y sabiendo que las estimaciones más templadas establecen en más de 10.000 millones la suma de ambos conceptos.

Así pues, ya en 2016 los informes aragoneses reclamaban al Estado español el pago de más de 17.000 millones de euros en concepto de Deuda Histórica, a lo que habría que añadir las correspondientes actualizaciones de los últimos cinco años.

Cabe destacar que ya en el 2008, aparecía la cifra de 20.000 millones de euros como importe de partida para la negociación del pago de la deuda. Así, el entonces candidato al Congreso español por CHA, Eduardo Pueyo, explicaba que “por Deuda Histórica debe entenderse el concepto político que comprende aquellos déficits, tanto relativos a la financiación como a las infraestructuras, e incluso otros de carácter político, con sus consecuencias en el territorio y en la sociedad misma, detectados desde una nacionalidad de la periferia interior como Aragón, cuyo reconocimiento y pago debe exigirse a los poderes centrales del Estado”, y añadía que “a nuestro juicio, todo eso ha generado una deuda del Estado para con Aragón que estimamos superaría los 20.000 millones de euros, lo que supone hablando en términos exclusivamente comparativos, hablar de una cifra equivalente al Presupuesto -de Aragón- de cuatro años”.

Reunión bilateral Aragón-Estado español: Hacienda Foral Aragonesa, transferencias pendientes, infraestructuras, y energía

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, aseguraba este pasado viernes, 10 de septiembre, que “están próximos a fijar la fecha” de la próxima Reunión bilateral Aragón-Estado español.

Esta Comisión Bilateral se constituyó el 9 de enero de 2008 y ha celebrado seis reuniones más, el 8 de enero de 2009, el 24 de noviembre de 2009, el 18 de julio de 2012, el 22 de octubre de 2012, el 2 de octubre de 2013, el 27 de junio de 2017 y el 19 de noviembre de 2018, y, tal y como obliga el Estatuto de Aragón, debe trabajar “de forma especial la participación territorializada de Aragón en los tributos generales ,…, la Administración General del Estado y Aragón suscribirán un acuerdo bilateral que se formalizará en Comisión Mixta y podrá ser revisado periódicamente de forma conjunta, deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y atenderá singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial”, en su articulado el Estatuto de Aragón también establece que para determinar la financiación que le corresponde a Aragón “se atenderá al esfuerzo fiscal, su estructura territorial y poblacional, especialmente, el envejecimiento, la dispersión, y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales”.

Bien, pues los gobiernos estatales llevan décadas incumpliendo la ley -su ley-, y relegando a nuestro país a la cola de la financiación estatal, o, aún peor, excluyendo a nuestro país de los Fondos Estructurales Europeos.

Por no remontarnos en exceso, recordamos que en la previa a la Bilateral del 2017, el presidente de Aragón, Javier Lambán, exigía al entonces presidente del Estado español, Mariano Rajoy, “que Aragón cuente con Agencia Tributaria propia -Régimen Foral- que se haga cargo de la recaudación de los impuestos que pagan los aragoneses”, pues entendía que “es necesario desarrollar en toda su extensión el Estatuto de Autonomía para resolver los problemas de financiación y despoblación”, y reclamaba al gobierno español “un acuerdo bilateral que establezca la relación económica” entre Aragón y España que “sirva para pagar a Aragón la Deuda Histórica”.

Sin embargo, en la previa a la Bilateral del 2018, y ya con Pedro Sánchez como presidente del gobierno del Estado español, a Javier Lambán se le quedaron en las pozas del Pigalo anteriores exigencias de cumplimiento de la ley y el Estatuto, y la reunión entre ambos presidentes, preparatoria de la Bilateral, quedo un listado de peticiones en infraestructuras: el Canfranc, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, carreteras pendientes, alternativas al cierre de la Térmica de Andorra, etc, y una leve referencia a la financiación sin reclamar la necesidad de la Hacienda Foral Aragonesa, recordando, eso sí, la necesidad de “mejorar la financiación de los territorios por el sobrecoste que acarrea para los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o los servicios sociales, elementos como la baja densidad, la dispersión o el envejecimiento de la población”.

Para la próxima Reunión bilateral Aragón-Estado español, para la que la DGA asegura que “están próximos a fijar la fecha”, tal y como afirma la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, tan solo ha trascendido la intención del gobierno de Lambán de tratar asuntos como “la continuidad de infraestructuras hidráulicas -pantanos- y carreteras, el nuevo modelo energético”, o ligeras referencias a “una financiación justa”.

El Tribunal Constitucional contrario al federalismo de la Ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón

El pasado año 2017, las Cortes de Aragón -Cortz d’Aragón- aprobaron una ley que actualizaba los Derechos Históricos del país como “nacionalidad histórica de naturaleza foral” y garantizaba los Derechos Sociales recuperando “los instrumentos precisos para seguir haciendo realidad el progreso social, cultural y económico de los aragoneses y aragonesas”. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de CHA, PSOE, PAR, Podemos e IU, y sólo votaron en contra PP y Ciudadanos.

Entre otras cuestiones de calado, esta ley profundizaba el modelo federal entre Aragón y el Estado español estableciendo que “con arreglo a la tradición foral aragonesa, los derechos históricos se fundamentan en el valor del pacto como base de la convivencia política”, la cámara legislativa aragonesa también establecía en la Ley que “las decisiones relevantes que afecten a Aragón no podrán ser adoptadas unilateralmente por las instituciones del Estado o por entidades supraestatales, sino que deberán ser negociadas” con los representantes de Aragón “a través de los órganos e instrumentos de relación bilateral instituidos al efecto, especialmente la Comisión Mixta de Transferencias, la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado y la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Aragón”.

Y, en este sentido, el texto aprobado por las Cortz d’Aragón -Cortes de Aragón- establecía la garantía “de los derechos políticos y sociales de los aragoneses, como expresión de los principios tradicionales de libertad, justicia social, igualdad, respeto a la diversidad y pacto”, y reservando para Aragón “el derecho de requerir un régimen financiero propio y una Hacienda Foral, al amparo de lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución”.

Sin embargo, el recorrido de esta ley está siendo tortuoso, pues nada más aprobarse el nacionalismo hispano-madrileño activó todos sus frentes de lucha: político, mediático, y judicial, contra el texto aprobado en la cámara donde reside la soberanía democrática del Pueblo aragonés.

Fue el PP quien dio el primer pistoletazo activando a sus medios de comunicación afines (Heraldo, Abc, OkDiario…) azuzando a la sociedad como si esta ley aragonesa de mejora de la estructura federal del Estado hubiera sido una Declaración Unilateral de Independencia, y recurriendo la ley aragonesa ante el Tribunal Constitucional, su frente jurídico, también conocido como ‘cámara de tercera lectura del PP’. Poco después se le unió el PSOE, que a través de su gobierno en el Estado español también recurrió ante el mismo tribunal negando “el derecho de Aragón a acceder al más alto grado de autogobierno” y, como mínimo, evitando su equiparación con cualquier otra nacionalidad del Estado español en cualquier ámbito competencial, institucional o financiero. Una vez más el PSOE (al menos el español, pues el aragonés ahora calla y otorga) se sumaba al nacionalismo hispano-madrileño desatendiendo los intereses generales de Aragón.

Así las cosas, en marzo del 2019 el Tribunal Constitucional paralizó, de oficio, la aplicación de la Ley de Derechos Históricos de Aragón tras admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero unos meses después, el mismo Tribunal Constitucional confirmaba, ahora legalmente, que Aragón es una nacionalidad histórica. Al Estado español, por vía de su Tribunal Constitucional, no le quedaba más opción que reconocer legalmente lo obvio: que Aragón es una nación milenaria, que su soberanía política reside en el Pueblo aragonés, y que sus derechos históricos, civiles, y políticos, son anteriores al orden constitucional español vigente, pero se permitía el descaro político de cepillar judicialmente, vía sentencia, las decisiones democráticas aragonesas.

La exitosa estrategia de PP y PSOE para obstaculizar el desarrollo legislativo, social, y económico aragonés había dado su fruto una vez más, porque más allá de reconocer lo obvio, que Aragón ha sido durante siglos un estado independiente -BonusTrack: El Tribunal Supremo zanja otro debate: Aragón fue nación con los reyes católicos, los austrias y los borbones- ha conseguido paralizar, por ahora, la creación de la imprescindible Hacienda Foral Aragonesa.

Pero no perdamos la esperanza, quizá en la próxima Comisión Bilateral Aragón-Estado español, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ejerza como tal y arranque un compromiso de su compañero de partido y presidente del gobierno del Estado español, Pedro Sánchez, para desbloquear el embrollo judicial y posibilitar el desarrollo en Aragón de una hacienda y economía adulta y no tutelada por terceras personas ajenas a nuestro territorio.

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