Política

El Tribunal Constitucional español confirma, ahora legalmente, que Aragón es una nacionalidad histórica

Al Estado español, por vía de su Tribunal Constitucional, no le ha quedado más opción que reconocer legalmente lo obvio: que Aragón es una nación milenaria, que su soberanía política reside en el Pueblo aragonés, y que sus derechos históricos, civiles, y políticos, son anteriores al orden constitucional español vigente
| 31 julio, 2019 07.07
El Tribunal Constitucional español confirma, ahora legalmente, que Aragón es una nacionalidad histórica

En un edicto fechado el pasado 18 de junio, y publicado en el BOA con fecha 4 de julio, el Tribunal Constitucional español anuncia el levantamiento de la suspensión de la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón, manteniendo en suspenso únicamente su artículo/apartado 7.1.c, dónde la ley reconoce “la condición política de aragoneses” a “los ciudadanos españoles con vecindad civil aragonesa, aunque residan fuera de Aragón, siempre que lo soliciten de acuerdo con lo dispuesto en la ley”. Del edicto de este tribunal, y a la espera de una sentencia definitiva, se colige pues la vigencia y obligado cumplimiento de la citada Ley.

Como señala nuestro compañero Eduardo Bayona en su artículo publicado en ElDiario.es del pasado lunes “El Constitucional rehabilita la Ley de Derechos Históricos de Aragón, el gobierno español del PSOE presidido por Pedro Sánchez, denunció “el derecho de Aragón a acceder al más alto grado de autogobierno y, como mínimo, al que se reconozca a cualquier otra nacionalidad del Estado español en cualquier ámbito competencial, institucional o financiero”, cuestión que por ahora estará vigente tras el levantamiento de la suspensión realizada por el alto tribunal.

La Ley de Derechos Históricos de Aragón no es una Declaración Unilateral de Independencia (como han llegado a sugerir desde los mentideros políticos cercanos al españolismo y la ultraderecha), esta ley, aprobada con un altísimo consenso, prácticamente dos tercios de las Cortes de Aragón y el apoyo de cinco de los siete grupos parlamentarios (hablamos de la anterior legislatura), realiza un intachable ejercicio de realidad histórica, y dota a la ciudadanía aragonesa de un texto legal con el que apoyarse ante las manipulaciones históricas de los nacionalismos que nos rodean, fundamentalmente del español y catalán, y blinda legalmente derechos sociales y civiles para toda la ciudadanía aragonesa.

Y es que el caso de Aragón es paradigmático. Una de las naciones europeas con más peso histórico y mayor influencia en el pasado político del continente, se ve sometida a la presión de nacionalismos fuertes que la rodean por los cuatro puntos cardinales (francés, vasco, español y catalán), lo que habitualmente implica la manipulación interesada de nuestra rica y larga historia en beneficio de alguno de estos cuatro nacionalismos. Con esta ley Aragón le explica brevemente al mundo, y así misma, cual ha sido su historia, sin fantasías ni alardes, pero parece que cuando nuestro pequeño país escribe su historia la histeria cunde entre los más fuertes.

Una vez que la Ley vuelve a tener vigencia, y a la espera de sentencia definitiva ¿cómo valoran los actuales socios del PSOE del nuevo gobierno de coalición en la DGA el edicto del Tribunal constitucional? 

Para Chunta Aragonesista (CHA), por boca de su presidente nacional, José Luis Soro «era una prioridad la aprobación de una Ley que actualizara los derechos históricos del pueblo aragonés, reconocidos y amparados por la Constitución y, desde 1982, por el Estatuto de Autonomía». Así, señala que «fue un hito fundamental la aprobación de la Ley la pasada Legislatura, una Ley que consolida a Aragón como nacionalidad histórica de naturaleza foral y proclama su derecho a acceder al más alto grado de autogobierno, y que considera los derechos históricos no como algo del pasado, sino como un instrumento para construir el futuro y garantizar los derechos sociales del estado del bienestar», para culminar afirmando que «la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión de la Ley, salvo en un aspecto muy concreto, es una gran noticia. Demuestra que, a priori y a falta de la sentencia definitiva, el texto legal es respetuoso con la Constitución y el Estatuto. Ahora, hay que seguir defendiendo su constitucionalidad y, hasta que se resuelva definitivamente, desarrollar sus previsiones».

Por su parte, y también en declaraciones a AraInfo, Nacho Escartín, secretario general de Podemos Aragón explica que «votamos sí a esta ley, que salió aprobada en las Cortes de Aragón por una amplia mayoría (dos tercios del parlamento y el apoyo de 5 de los 7 grupos parlamentarios, excepto PP y Cs), porque la consideramos justa y necesaria». Continua afirmando que «las y los aragoneses no pretendemos ser más que nadie, pero tampoco menos. Por eso consideramos que expresar y reconocer nuestra historia y nuestros derechos colectivos como pueblo, en un texto legal que nos blinde de manipulaciones históricas, es un deber esencial como formación política aragonesa», y concluye asegurando «que el Tribunal Constitucional rehabilite la Ley de Derechos Históricos de Aragón nos refirma en la validez jurídica de la misma».

Por último, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, manifiesta a AraInfo que «es una buena noticia que el Tribunal Constitucional entienda que la Ley Derechos Históricos de Aragón recoge la aspiración de este Pueblo aragonés» que «contribuyó a la formación del Estado español» y «al final, esa singularidad que también viene recogida en nuestro Estatuto, sea entendida por el Tribunal». Aliaga añade que aunque «no es la sentencia definitiva, lo que quiere decir es que las y los aragoneses tenemos unos derechos históricos que pueden y deben de ser reconocidos porque forman parte de nuestra propia identidad».

31 julio, 2019

Autor/Autora

Integrantes del Consello d´AraInfo y dos de sus cofundadores. (@igoiz17 / @chtricas)


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