El Tribunal Constitucional paraliza la Ley de Derechos Históricos de Aragón tras un recurso del Gobierno de Sánchez

Esta norma, impulsada por CHA, fue aprobada en las Cortes de Aragón gracias a los votos a favor de Podemos, PAR, IU y el PSOE aragonés, cumpliendo así el acuerdo de investidura que Javier Lambán había firmado con Chunta Aragonesista

Mesa de las Cortes de Aragón.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recursos del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) contra la Ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón que reconocía el territorio como “nacionalidad histórica de naturaleza foral”.

Esta norma, impulsada por CHA, fue aprobada en las Cortes de Aragón gracias a los votos a favor de Podemos, PAR, IU y el PSOE aragonés, cumpliendo así el acuerdo de investidura que Javier Lambán había firmado con Chunta Aragonesista. Ahora con la legislatura prácticamente cumplida, ha sido el mismo partido en dejar en suspenso esta ley hasta que el Supremo resuelva el recurso.

El auto del Constitucional recuerda que el pasado mes de octubre el PP también recurrió la ley.

Según el Gobierno español se incurre en “diferentes reproches de inconstitucionalidad” entre los que incluye, “a vulneración de los principios de soberanía nacional y constitucionalidad y del derecho a la autonomía; la vulneración de la reserva estatutaria; la vulneración de la reserva de ley orgánica en relación con el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos y en relación con el régimen electoral general. Y la infracción de las competencias estatales en tres ámbitos específicos: Patrimonio, Hacienda y Justicia”.

Entre las muchas cuestiones que critica, el recurso asegura que tampoco son procedentes los términos de “nacionalidad histórica de origen foral” y los derechos históricos que residen en el pueblo aragonés son "anteriores a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a la legislación emanada de la Unión Europea".

Cabe destacar que el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, señaló que el ejecutivo aragonés iba a estar “siempre a la defensa del Estatuto de Autonomía”, el cual reconoce la posibilidad de actualizar estos derechos históricos.

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