El pasado 20 de noviembre, "creemos que con afán provocador, PP y Vox anunciaron la derogación de la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón. Quieren derogarla en las Cortes el próximo mes de febrero. Insisten en que hay que acabar con las leyes de memoria democrática que 'incitan al rencor y que fomentan la división entre españoles'. Para la derecha ultra y reaccionaria que nos gobierna la memoria democrática no existe. Quieren imponernos, otra vez, la ley del silencio".
Así de contundente comenzó la comparecencia de este jueves de la Plataforma de Acción por la Memoria en Aragón (PAMA), que agrupa a 19 asociaciones memorialistas de las distintas comarcas aragonesas. Fue la primera rueda de prensa que ofrecía PAMA, y lo hacía para mostrar su rotundo rechazo a las políticas sobre memoria democrática que el Gobierno PP-Vox, capitaneado por Jorge Azcón, quiere llevar a cabo en Aragón. Las personas que pusieron voz a las demandas de PAMA fueron Anabel Lapuente, su presidenta; Adolfo Barrena, secretario de la entidad; y Elena Blasco, integrante de la Junta Directiva.
"No es más que el pago tardío de una deuda contraída con quienes han tenido que guardar su agravio en la memoria privada de la infamia"
"Según PP y Vox, esa parte del siglo XX que este país vivió, ese gobierno legítimo republicano que fue 'derogado' por un golpe fascista, los tres años de salvaje guerra que siguieron, los 40 años de dictadura franquista, las miles y miles de personas asesinadas, torturadas, esclavizadas, exiliadas, expoliadas, los bebés robados… No forman parte de nuestra historia, no es una parte de nuestro pasado reciente que hay que conocer, explicar y proteger", denunció Anabel Lapuente.
El Gobierno PP-Vox justifica su ataque por una supuesta "ideología sesgada" de la Ley de Memoria, "pero la Memoria Democrática no es cuestión de izquierdas y derechas, es cuestión de derechos y democracia". "Si se pide la condena del franquismo no es porque fueran de derechas, sino porque fueron una dictadura asesina. PP y Vox no entienden que una legislación que abomina de los crímenes y las prácticas de represión, y da el estatuto de víctimas a quienes las padecieron no es un resentimiento sectario, ni aspira a ninguna revancha. No es más que el pago tardío de una deuda contraída con quienes han tenido que guardar su agravio en la memoria privada de la infamia", subrayó la presidenta de PAMA.
"Con su revisionismo equidistante nos dicen que tenemos que hablar de concordia en vez de reivindicar memoria, verdad, justicia y reparación"
Adolfo Barrena criticó duramente el Plan de Concordia propuesto por el Ejecutivo aragonés, que "según señalan, tiene como objetivo preservar y fortalecer la concordia, la reconciliación y la convivencia entre todos los aragoneses y aragonesas". "Con su revisionismo equidistante nos dicen que tenemos que hablar de concordia en vez de reivindicar memoria, verdad, justicia y reparación que 'solo sirve para reabrir heridas y atentar contra ese espíritu de concordia de la transición que supuso la Ley de Amnistía de 1977'. Pero esa ley es la que a pesar de las reiteradas recomendaciones de la ONU, en 45 años de democracia, no se ha derogado, ni tan siquiera se ha modificado, para que puedan ser perseguidos los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista", aclaró Barrena.
En este sentido, comentó que PAMA hizo una petición de reunión a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, para hablar de memoria democrática. "La enviamos el 14 del pasado mes de diciembre. En vez de responder a PAMA lo que han recibido algunas, no todas, de las asociaciones integradas en nuestra plataforma ha sido una invitación a participar en reuniones sobre los ejes que han decidido que tenga su Plan de Concordia", afeó para dejar claro que desde PAMA se han negado a asistir y participar en esas reuniones.
Tres demandas al Gobierno de Azcón: cesar de sus cargos a declarados franquistas, retirar la derogación de la Ley de Memoria y condenar el franquismo
La razón de esta negativa es muy sencilla. "Creemos necesario, para poder hablar de concordia, que el Gobierno de Jorge Azcón tiene que demostrar su voluntad de diálogo", y para ello PAMA exige tres mínimos: cesar de sus cargos a declarados franquistas, retirar su propuesta de derogación de la Ley de Memoria democrática y condenar el franquismo, como piden organismos internacionales.
"Así se lo hemos transmitido por carta a la consejera", informó Barrena para añadir que desde PAMA "asumimos nuestro compromiso de luchar contra el olvido, de defender la dignidad y memoria de quienes fueron perdedores y perdedoras, de reconocer su compromiso con la defensa de la libertad, de la democracia y de la legalidad republicana y de seguir exigiendo memoria, verdad, justicia y reparación".
Llamamiento generalizado a defender la Ley de Memoria
Por último, desde PAMA hacen un llamamiento generalizado a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a las organizaciones políticas a defender la Ley de Memoria, para "exigir que no se derogue porque la memoria democrática no es una cuestión del movimiento memorialista y de las familias de las víctimas. Es una cuestión social, es un asunto de estado. La memoria democrática nos interpela a todas y a todos", afirmó Elena Blasco. "Pretender derogar la memoria colectiva es un episodio más de los recortes en derechos que la coalición PP-Vox viene imponiendo", zanjó.
