Este jueves, "el Gobierno PP-Vox-PAR ha venido al pleno de las Cortes de Aragón a contarnos milongas". Así de claro se ha expresado el Coordinador General y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, tras la comparecencia de la consejera de Presidencia de este Gobierno de las derechas, Tomasa Hernández, para presentar su 'Plan de concordia, reconciliación, recuerdo y reconocimiento de las víctimas que padecieron persecución o violencia, por razonas políticas, ideológicas o de creencia religiosa'. Un plan que ha conseguido unir a toda la oposición para rechazarlo al considerarlo una "vergüenza".
Sanz ha denunciado la actitud del PP "porque resulta evidente que les da igual la convivencia, tras semanas agitando el avispero para intentar tumbar la posibilidad de un gobierno democrático, acusándolo de ilegal, hablando de golpe de Estado, incitando a confrontar entre españoles y señalando como culpables, poniendo en la diana con nombre y apellidos a personas que no piensan como ustedes".
"Han sembrado odio y miedo, sin importarles las consecuencias", ha denunciado Sanz para acusar al PP de "hablar de diálogo mientras su práctica cotidiana es de rodillo continuo y eso que acaban de llegar". "Hoy el Gobierno ha venido a las Cortes a hablar de un Plan que no ha publicado, porque así es más fácil contar solo lo que quieran contar y los demás no pueden hablar con propiedad, pero eso les da igual porque no quieren debatir y confrontar ideas, solo saben imponer", ha continuado Sanz.
"Nos dijeron da igual que seamos franquistas, déjennos trabajar y ya lo hemos visto como han homenajeado a Franco en su primer 20N en el gobierno comenzando la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón. Ustedes no han venido ha hablar de concordia sino a defender equidistancia llamando a 40 años de franquismo a desencuentro entre españoles. Es vergonzoso", ha denunciado el diputado de IU.
Sanz ha recordado que desde la ONU "se lleva tiempo insistiendo en que se derogue la ley de amnistía de 1977" porque "no cabe amnistía para graves crímenes internacionales", porque "impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias que se llevaran a cabo en el régimen franquista".
"No, no todos hicieron atrocidades por igual. Una cosa es el frente de batalla y otra es el exterminio consciente y declarado", ha apuntado Sanz para exigir que cumplan con la ley de Memoria Democrática estatal porque, aunque no quieran, "es su obligación".
Duras críticas del resto de la oposición
El diputado del PSOE, Daniel Alastuey, ha criticado al PP por "venir aquí solamente a camuflar la mayor desfachatez que ha cometido plegándose a los intereses de Vox". En este sentido, ha lamentado la "ignorancia" sobre la Ley de Memoria Democrática cuya derogación anunció el Gobierno de Azcón el 20N como "exaltación del franquismo". "Las leyes de memoria son precisamente una vacuna contra las amenazas a la democracia", ha zanjado.
Para el portavoz de CHA, José Luis Soro, el llamado 'Plan de concordia' es un "trampantojo". "Nos viene con algo que hoy nos ha demostrado que no hay nada, que es una ocurrencia de última hora. ¿Cómo van a financiar ese plan, si no hay funcionarios, si no hay dinero?", ha reprochado para defender la actual Ley de Memoria aragonesa y la provocación que supone que se presente su derogación "el día más franquista del año".
Por su parte, el diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha calificado de "vergüenza" que se llame régimen de estado a 40 años de dictadura y que se argumente que un plan para "dignificar a todas las víctimas cuando ya lo recoge la Ley de Memoria Democrática en su artículo 5, desde el golpe de Estado a la dictadura".
El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha afirmado que "no hay motivos para la derogación de esa ley salvo que se pretenda negar hechos históricos o plantear una batalla cultural". Así, ha recordado que las familias "solo quieren recuperar los restos de las víctimas enterradas sin la más mínima dignidad". Por último, ha asegurado que "la reparación y el reconocimiento de las víctimas, son cuestiones morales, no políticas".
