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El Supremo rechaza las peticiones de las defensas y no aplazará el macrojuicio contra los dirigentes soberanistas

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de varias defensas de aplazar el inicio del macrojuicio del "procés", señalado para el día 12, y de poner en libertad a los acusados en prisión provisional tras las denuncias de "trato degradante" en los traslados a las cárceles madrileñas.
| 8 febrero, 2019 12.02
El Supremo rechaza las peticiones de las defensas y no aplazará el macrojuicio contra los dirigentes soberanistas
Los presos políticos catalanes en Lledoners, en una imagen difundida por Òmnium Cultural.

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de varias defensas de aplazar el inicio del macrojuicio del «procés», señalado para el día 12, y de poner en libertad a los acusados en prisión provisional tras las denuncias de «trato degradante» en los traslados a las cárceles madrileñas.

En un auto, la sala que enjuiciará los hechos desestima las solicitudes de las defensas de Oriol Junqueras, Raul Römeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart para acordar un aplazamiento de tres semanas al alegar que necesitaban tener acceso a la prueba documental, dado que aun no la habían recibido íntegramente tras el auto de admisión de prueba.

Pero el Supremo recuerda a las defensas que, «la prueba documental, a diferencia de lo que expresan los escritos de las defensas, se practica en el plenario, no se anticipa al plenario».

El tribunal añade que «hablar de prueba documental anticipada para referirse a los documentos que han sido reclamados, supone distanciarse del genuino significado procesal de la prueba anticipada», que está contemplado para supuestos de previsible irrepetibilidad de una determinada declaración testifical y que se conoce también como prueba preconstituida.

La Sala también responde en su auto a algunas quejas manifestadas por las defensas en relación a la supuesta vulneración de los derechos de los acusados presos a su dignidad y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes en los traslados policiales.

En concreto, el letrado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull denunció las condiciones del traslado de los presos a cárceles madrileñas, después de que un guardia civil grabara y difundiera un vídeo con «fines de burla y humillación» que denota un «trato degradante».

Pero el Supremo recuerda que el Ministerio del Interior ya está depurando las posibles responsabilidades derivadas de este suceso -el agente fue suspendido y se le abrió un expediente- y que es en ese ámbito donde deben formularse las alegaciones pertinentes.

De manera que el Supremo rechaza acceder a la petición de medidas alternativas a la prisión a raíz de la conducta de alguno de los responsables de la custodia y traslado de los procesados, dado que las razones por la que los nueve acusados se encuentran en la cárcel siguen intactas «y no pueden ser neutralizadas» por este episodio.

El pasado viernes, 1 de febrero, Tribunal Supremo fijó la fecha de comienzo del macrojuicio para el martes 12 e hizo público el auto. El Alto Tribunal rechazó varias periciales clave presentadas por las defensas pero aceptó todas las peticiones de Fiscalía y Abogacía. Aceptó también 57 de los 60 testigos presentados por la acusación particular que ejerce el partido ultraderechista Vox, que a pesar de que presume de que su actuación durante el proceso estará basada en «pruebas» no ha presentado ni una sola prueba documental o pericial, tal y como informa Público.

El Supremo también rechazó la presencia de observadores internacionales en el macrojuicio alegando que sería televisado. No obstante, organizaciones como Amnistía Internacional y la International Trial Watch han confirmado que harán un «seguimiento exhaustivo» del proceso judicial y documentarán las posibles vulneraciones de derechos que cometan el tribunal y las acusaciones.

Para las doce personas que serán juzgadas en el Supremo -las y los nueve presos Dolors Bassa, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, más Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila-, la Fiscalía pide penas de entre 7 y 25 años de prisión al considerarles autores de delitos de “rebelión”, “sedición” y “malversación de caudales públicos”, mientras que la Abogacía pide penas entre 7 y 12 años de cárcel, al acusar por «sedición» y no por «rebelión», además de los otros delitos.

Durante el tiempo que dure el macrojuicio entidades y partidos soberanistas han llamado a diversas movilizaciones en Catalunya, Madrid y Euskal Herria y a secundar la huelga general del próximo día 21 en Catalunya, convocada por la Intersindical CSC.

8 febrero, 2019

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