El pasado jueves 28 de abril el Congreso dio el visto bueno al RDL 6-2022 de medidas urgentes consecuencia de la guerra Ucrania, pero “la crisis humanitaria que se está viviendo en Ucrania no ampara destruir nuestras tierras y nuestra vida”, señalan las asociaciones y plataformas de vecinos y vecinas afectadas, ecologistas, culturales, y otros tipos de entidades hasta un total de 382 que se han sumado a la iniciativa.
Dicho Real Decreto está actualmente siendo tramitado como Proyecto de Ley urgente (Núm. expte. 121/000100), estando abierto el periodo de enmiendas hasta este 1 de junio.
El capítulo III afectaría a los procesos de tramitación de los parques eólicos y fotovoltaicos, facilitándolos. La norma reduce la tramitación ambiental en los proyectos de energías renovables de hasta 75 MW (eólicos) y 150 MW (fotovoltaicos) a un informe de determinación de afección ambiental que no estudia en detalle los diferentes impactos y al que no se podrá presentar recurso alguno.
Por lo que el texto “arrebata el derecho de los afectados y afectadas a señalar impactos no contemplados o subestimados así como errores técnicos y suprime la participación pública en el que supone una clara vulneración del Convenio de Aarhus” del que el Estado español forma parte.
Ante la gravedad de las consecuencias de la eventual aprobación de dichos artículos, “382 entidades del Estado español de 16 comunidades autónomas han redactado una propuesta de enmienda al mencionado Proyecto de Ley (Núm. expte. 121/000100)” que están haciendo llegar a todos los grupos parlamentarios y a sus diputados y diputadas como representantes de la ciudadanía en la cámara del Congreso con “el objetivo de la retirada de los Artículos 6 y 7 y las disposiciones mencionadas”.
“Si esta norma sigue adelante sería dejar en manos del oligopolio el reto que supone la urgencia y el cambio climático. Parece como si la ministra de las autorizaciones energéticas hubiera atendido expresa y diligentemente a los promotores para resolver de un golpe maestro las trabas que muchas luchas ciudadanas estaban imponiendo para evitar atropellos a los intereses ambientales comunes y los derechos de la gente”, denuncian las entidades.
Desde la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel se suman a esta solicitud, “nos basamos en la experiencia de estos dos últimos años, visto que, aún exigiendo evaluación ambiental y estudio de impactos, se detectan múltiples incumplimientos de la legislación con las consiguientes afecciones negativas a la biodiversidad y al medio”.
“Si se suprime la evaluación ambiental, si se reduce todo estudio a una simple manifestación de la empresa sobre los posibles impactos que pueda provocar su proyecto, entonces las cosas irán a peor, los incumplimientos serán flagrantes y el daño será irremediable”, concluyen.
