En junio de 1949, George Orwell publicaba su novela ‘1984’. En ella mostraba una visión distópica del futuro en la que el control, la vigilancia y la censura -entre otras- se asentaban en la sociedad bajo el influjo del único líder político existente bajo un concepto: el ‘Gran Hermano’. Así, el ojo que todo lo ve ejerce su poder ante la sumisión y resignación de la ciudadanía, y se convierte, por ende, en un régimen totalitario.
Pero volvamos a la realidad, al siglo XXI. La pandemia del COVID-19 ha transformado de manera súbita nuestra manera de relacionarnos como sociedad y como individuos. La crisis sanitaria, social y económica han puesto de manifiesto lo que ya sabíamos: la economía estatal se derrumba en el momento en el que el sector del turismo deja de tener ingresos. A esto, por supuesto, hay que sumar las miles de empresas que han tenido que echar la persiana debido a esta crisis que afecta directamente a tres ámbitos.
¿Y en Aragón? Aquí fue donde surgieron los primeros rebrotes tras un periodo de cierto desasosiego. El territorio se convirtió en noticia por una relevancia cuantitativa en los contagios que lo situó a la cabeza de las estadísticas en toda Europa.
De la mano de su presidente, Javier Lambán, y tras la vuelta a la ‘nueva normalidad’, el Ejecutivo comenzó a tomar en la capital del Ebro una serie de medidas que han rozado el estado policial. Véase los controles policiales establecidos –con la colaboración del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón- como método de control de transmisión del virus.
BOA: 9 de septiembre de 2020
Y aunque es de justicia reconocer que los datos de nuevos contagios parece que están doblando la curva y descendiendo, el presidente del Ejecutivo ha vuelto a realizar un nuevo salto con doble tirabuzón y este pasado miércoles el BOA publicaba una Orden por la que se establece que el Gobierno de Aragón podrá proporcionar “a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las policías locales”, los datos de las personas contagiadas por coronavirus o que sean sospechosas de serlo. Todo ello –según indica el BOA-, con la finalidad de poder vigilar que dichas personas cumplen con el confinamiento o cuarentena a las que están obligadas, y “en el marco de la normativa de protección de datos de carácter personal, sanitaria y de salud pública y sujeta, lógicamente, a las garantías ordinariamente establecidas, especialmente intensas dada la naturaleza de los datos comunicables”.
Recuerda además el Ejecutivo aragonés –en la mencionada Orden- que “el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), en conexión con la normativa de salud pública y atendidas las actuales circunstancias, permite el tratamiento de datos personales, que debe considerarse lícito cuando sea necesario para proteger un interés esencial para la vida del interesado o la de otra persona física”. Veremos que recorrido tiene en el ámbito judicial llegado el momento.
Censura y control a los centros educativos: la guinda del pastel
No obstante, los tentáculos del Gobierno aragonés no se quedan ahí. Este pasado jueves pudimos conocer de la mano del sindicato, CGT, que el Departamento de Educación -de la mano de Felipe Faci- trasladaba a los equipos directivos de los centros educativos del territorio, una serie de “indicaciones” a los centros para relacionarse con los medios de comunicación, justificándose en “descargar a los centros educativos de la presión mediática que pudiera producirse”.
El escrito, que ha circulado por las redes, ha generado sorpresa e indignación entre el colectivo docente. En la comunicación se puede leer que “todas las llamadas, requerimientos, solicitudes de entrevista, petición de información y datos que cualquier medio de comunicación pudiera hacerles llegar deberán ser trasladadas -antes de ser respondidas- a los asesores de prensa adscritos al Departamento o al periodista de guardia en fin de semana. De esta manera, serán ellos los encargados de autorizar las entrevistas y peticiones de información, ayudándoos en vuestra tarea”. [sic].
Así es, mediante esta “indicación”, cualquier intención que tengan los centros educativos de relacionarse con los medios de comunicación, ya sea para proporcionar información o realizar una denuncia pública, debe pasar inexcusablemente por el Ejecutivo. Una medida que, cuanto menos, vulnera derechos fundamentales al restringir la libertad de expresión.
Vulneración de los derechos fundamentales del personal sanitario durante la pandemia
Hasta tres condenas acumulan las administraciones aragonesas (DGA, Servicio Aragonés de Salud e Instituto Aragonés de Servicios Sociales) por vulnerar derechos fundamentales del personal sanitario durante la pandemia por COVID-19.
El juzgado de Zaragoza -anteriormente fueron Uesca y Teruel- condenaba a finales del mes de julio a la DGA, al SAS, y al IASS a proporcionar a los empleados públicos sanitarios, “funcionarios, personal estatutario y personal laboral, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, sanitarios, asistenciales o no, que prestan servicios en centros de trabajo ubicados en la provincia de Zaragoza, los equipos de protección individual adecuados por riesgos de exposición ante el agente biológico virus SARS-CoV-2 y el riesgo de contagio o infección desarrollando la enfermedad Covid-19 y reponerlos cuando sea necesario, previa evaluación individual del riesgo y en función del grado de exposición al riesgo a que están sujetos en el desarrollo de su trabajo o prestación de servicios, en cumplimiento estricto de la legislación de prevención de riesgos laborales”.
A finales del mes de junio, el magistrado del Juzgado de lo Social de Uesca, Eduardo Bernués, hacía lo propio con dichas administraciones, y las instaba a proporcionar al personal sanitario del Grupo “A” los equipos de protección individual (EPIs) adecuados ante los riesgos de exposición al virus SARS-CoV-2 y ante el riesgo de contagio o infección del COVID-19.
Y a principio del mismo mes, la magistrada del juzgado de lo Social de Teruel, Elena Alcalde, dictaba una sentencia en la que estimaba la demanda presentada por el sindicato FASAMET contra la Diputación General de Aragón (DGA), Servicio Aragonés de Salud (SAS) y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y las condenaba a cumplir con los mismos parámetros establecidos anteriormente.
Incompetencia, omisión en el ejercicio de sus funciones y extralimitación en las mismas... cada cual que saque sus propias conclusiones en base a la realidad, aunque en ocasiones esta no supere, o iguale, a la ficción.
