Segunda condena a las administraciones aragonesas por vulnerar derechos fundamentales del personal sanitario durante la pandemia

En su sentencia el magistrado de Uesca, estima la demanda presentada por el sindicato FASAMED y concluye que se ha producido una vulneración del derecho a la salud y a la integridad física del personal sanitario, y que la administración no actuó con la toda la diligencia que le es exigible al empleador para protegerlos

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Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. Foto: DGA.

Una nueva sentencia, dictada esta vez por el magistrado del Juzgado de lo Social de Uesca, Eduardo Bernués, condena al Servicio Aragonés de Salud (SAS), al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), y a la Diputación General de Aragón (DGA) a proporcionar al personal sanitario del Grupo “A” los equipos de protección individual (EPIs) adecuados ante los riesgos de exposición al virus SARS-CoV-2 y ante el riesgo de contagio o infección del COVID-19.

Especifica el magistrado en su sentencia que en cumplimiento de lo previsto en la legislación de prevención de riesgos laborales, en el momento en que las administraciones dispongan de los EPIs, y en función del grado de exposición al riesgo, estos equipos de protección han de proporcionarse a todos los centros sanitarios, unidades sanitarias, centros socio-sanitarios o sociales, públicos, concertados y privados intervenidos, dirigidos o coordinados, del Alto Aragón.

El magistrado estima en su resolución la demanda presentada por el sindicato de sanitarios FASAMET contra las administraciones y, apoyándose en la vasta jurisprudencia existente, fundamenta su decisión en las obligaciones que las direcciones tienen en materia de prevención y protección de los riesgos laborales subrayando que “la seguridad en el trabajo es un derecho esencial”.

Considera que “era absolutamente necesario adoptar las medidas preventivas más exigentes, en un ámbito de protección de la salud pública, no sólo por el riesgo de que el personal sanitario se viera afectado por el virus sino por la propia incidencia en la propagación que tiene el que, el colectivo más expuesto por su profesión, no tuviera los medios necesarios para prevenir el contagio”. En este sentido señala que la Unión Europea, en las distintas directivas dictadas, hace referencia a las medidas que se han de promover para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores y que la Constitución obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

El magistrado reconoce que “es un hecho notorio” que ha existido una situación de desabastecimiento de equipos y medios de protección para el personal sanitario en febrero y marzo pero apunta también que “desde finales de enero se puso de manifiesto que nos encontrábamos en un contexto de emergencia sanitaria internacional” y que a principios de febrero la OMS avisó para que se adquirieran equipos de protección personal para las plantillas, “lo que en el ámbito que nos encontramos, por cuestiones de salud pública, determinaba la obligación del empleador de situarse en una situación de prevención”. “En definitiva –afirma-, lo cierto es que no se actuó con la toda la diligencia exigible por el empleador para la protección de los trabajadores sanitarios”.

Respecto a la vulneración de derechos fundamentales expresa: “El personal sanitario ha desarrollado su trabajo bajo la existencia de un riesgo grave para la salud, por su exposición al agente biológico COVID-19, propiciado por la escasez de EPIS. Dicho riesgo se ha materializado en un alto índice contagios entre el personal sanitario, con mayor incidencia que el resto de la población. Ante esta constatación, atendiendo al riesgo y el resultado provocado por el incumplimiento de las partes demandadas, debo entender que ha existido lesión del derecho a la integridad física, íntimamente vinculado al derecho a la salud en los términos expuestos en la Jurisprudencia constitucional”.

Contra la sentencia ahora dictada se puede interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación de la sentencia.

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