Tercera condena a las administraciones aragonesas por vulnerar derechos fundamentales del personal sanitario durante la pandemia

La titular del juzgado de lo Social nº1 de Zaragoza, en la sentencia hecha pública esta mañana, reconoce la gravedad del riesgo a que han estado sometidos los sanitarios de, en este caso, Zaragoza, y condena a la DGA, al SAS y al IASS a proporcionar equipos de protección individual -EPIs- adecuados.

Foto: DGA

Por tercera vez en nuestro país, la Diputación General de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud, y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales han sido condenadas por vulnerar derechos fundamentales del personal sanitario durante la pandemia por COVID-19. Esta sentencia condenatoria se suma a las anteriores de los juzgados de Teruel y Uesca.

El juzgado de Zaragoza condena a la DGA, al SAS, y al IASS a proporcionar a los empleados públicos sanitarios, “funcionarios, personal estatutario y personal laboral, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, sanitarios, asistenciales o no, que prestan servicios en centros de trabajo ubicados en la provincia de Zaragoza, los equipos de protección individual adecuados por riesgos de exposición ante el agente biológico virus SARS-CoV-2 y el riesgo de contagio o infección desarrollando la enfermedad Covid-19 y reponerlos cuando sea necesario, previa evaluación individual del riesgo y en función del grado de exposición al riesgo a que están sujetos en el desarrollo de su trabajo o prestación de servicios, en cumplimiento estricto de la legislación de prevención de riesgos laborales”.

En esta nueva sentencia la magistrada, titular del juzgado de lo Social nº1 de Zaragoza, estima la demanda presentada por el sindicato de sanitarios Fasamet contra las tres administraciones y rechaza las alegaciones de “fuerza mayor” realizadas por las demandadas para justificar que no les sea exigible el cumplimiento de sus obligaciones, en materia de prevención.

La jueza recuerda a las Administraciones Públicas Aragonesas que la Ley 5/2014 de 26 de junio de Salud Pública de Aragón contempla tanto los principios generales de acción en salud pública, recogidos en la Ley General de Salud Pública, como el principio de prevención según el cual “las actuaciones públicas en materia de salud pública se inspirarán de forma prioritaria en los objetivos de detectar, anticiparse y evitar los posibles daños a la salud de la población, abordando especialmente los diversos determinantes de la misma”.

Añade la magistrada que “estos principios permiten comprobar la necesidad de adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar un colapso de la salud pública que, en parte, pudo venir propiciado por la falta de medios que se proporcionaron a los profesionales sanitarios”.

Por ello concluye que las administraciones demandadas “han incurrido en una infracción en materia de prevención de riesgos laborales, y han vulnerado de forma innegable el derecho a la integridad física del personal sanitario”, asimismo, expresa que “la conducta omisiva de las administraciones, en cuanto a la falta de acopio o almacenaje e insuficiente aportación de EPIs para su personal, ha supuesto durante un determinado periodo de tiempo, un riesgo inminente de que la lesión pudiera producirse, generando ese peligro grave y cierto para la salud, que la doctrina constitucional exige para entender vulnerado el derecho fundamental la vida y la integridad física. Debiendo añadirse que el riesgo, lamentablemente, además consta materializado, pues un médico de atención primaria (CS San Pablo de Zaragoza) ha fallecido por la COVID, y son numerosos los sanitarios de Zaragoza que han resultado contagiados”.

Concluye la magistrada recordando que “contra esta sentencia cabe presentar recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Aragón, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la presente resolución”.

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