Colectivos defensores de derechos humanos denuncian que en los centros de privación de libertad se producen torturas y muertes

Una serie de colectivos han firmado un comunicado titulado “No podréis silenciar que en las cárceles se tortura” donde se argumenta que hay un intento de criminalizar a las redes de solidaridad y denuncia debido a que en los últimos años están creciendo las querellas contra quienes visibilizan estos casos

tortura

Una docena de colectivos, asociaciones y personas a título individual han dado a conocer hoy un comunicado en el que denuncian que en los centros de privación de libertad -cárceles, CIEs y comisarías- del Estado español se producen torturas, maltrato y muertes por sobredosis, suicidios, desatención médica o agresiones.

Las entidades firmantes de este documento llegan desde varios territorios, de Aragón se encuentran AISA (Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón), ALAZ (Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza), CAMPA (Colectivo apoyo mujeres presas en Aragón), el Grupo de Derechos Civiles 15M Zaragoza, Marcha contra la macrocárcel de Zuera. También lo firman desde Euskal Herria Altsasuko Gurasok, Salhaketa Nafarroa (Asociación de Apoyo a personas presas, ex-presas y sus familiares), Etxerat y Sare Herritarra.

La lista se completa con Irídia (Centre per la defensa dels Derts Humans) y el OSPDH (Observatori del sistema penal i els Drets Humans) desde Catalunya y la APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía). Asimismo, las entidades que se han adherido al citado texto titulado “No podréis silenciar que en las cárceles se tortura” han mostrado su “total apoyo a las personas que en este momento están siendo sometidas a procesos judiciales por defender los derechos de personas presas”.

Esta afirmación ha sido constatada por diferentes organismos como el Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos y degradantes (órgano del Consejo de Europa), los últimos informes del Defensor del Pueblo donde se alerta sobre los elevados casos de suicidios en las cárceles y las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español.

Según se explica en el comunicado, “al mismo tiempo que la tortura dentro de espacios privativos de libertad está muy lejos de desaparecer, en los últimos años están creciendo las denuncias y querellas contra quienes defienden los derechos de las personas privadas de libertad”. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de Instituciones Penitenciarias y sindicatos de funcionarios de prisiones “están tratando de acallar a quienes tratan de visibilizar las distintas realidades que sufren muchas personas bajo custodia”.

Algunos ejemplos de esta situación son los procedimientos judiciales penales contra Iñaki Rivera (Universitat de Barcelona y Director SIRECOVI y Observatori DDHH) y Lorena Ruiz (Asociación Libre Abogadas Madrid). De la misma manera que Idrissa Gueyé (presidente de la asociación de inmigrantes senegaleses de Aragón) que tras presentar un dossier con testimonios de víctimas de abusos policiales fue denunciado por injurias y calumnias. Además de la sentencia de la Audiencia Nacional a 47 personas vascas entre las que se encuentran familiares, abogadas y médicas. Todas ellas por denunciar públicamente diferentes casos de torturas.

“Creemos que estamos ante una serie de ataques frontales hacia la dignidad de las personas presas mediante un intento de silenciar y criminalizar las redes de solidaridad y de denuncia pública en casos de torturas y malos tratos centros de privación de libertad”, sostienen las entidades firmantes, quienes también han manifestado su “firme decisión de continuar defendiéndolos”.

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