Prohibido hablar de derechos fundamentales: El Luis Buñuel acogerá una jornada censurada por Unizar y el Colegio de Abogados

La Jornada sobre "Lawfare y Derechos Fundamentales" pretendía ser un espacio de reflexión sobre la libertad de expresión para estudiantes y profesorado pero ha acabado convirtiéndose justo en lo que pretendía denunciar: un caso de censura

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Cadena contra el racismo institucional. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

El Decanato de la Facultad de Derecho canceló el permiso que previamente había concedido a la organización para realizar la jornada en este edificio universitario. Tras esta prohibición llegó la censura del Colegio de Abogados de la capital aragonesa que dejó de nuevo sin espacio una jornada sobre derechos fundamentales a la que estaban invitadas e invitados catedráticos de derecho, abogados de otros colegios o integrantes del Observatorio del Sistema Penal de Barcelona.

Una paradoja que ha finalizado agotando las vías institucionales y finalmente, será el Centro Social Comunitario Luis Buñuel quien acoja las palabras de los y las invitadas a esta jornada el miércoles 30 de octubre centrada precisamente en la libertad de expresión y la criminalización de la denuncia.

La censura previa es ilegal

La censura previa que ha sufrido la organización demuestra que ahora más que nunca es necesaria una reflexión sobre la libertad de expresión, la criminalización de la protesta y la crítica del sistema y el racismo institucional que niega a la vez que oculta.

Para la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (ALAZ), una de las entidades organizadoras, los motivos aducidos por la Facultad de Derecho tienen que ver con tener lugar el mismo durante el período electoral. Un razonamiento que no logran comprender dado que "resulta incontestable que el contenido de la jornada en cuestión tiene que ver con derechos constitucionales y no con materias en disputa por los diferentes partidos políticos, produciéndose como añadido un perjuicio en el alumnado de la Universidad al verse privado de las perspectivas enriquecedoras que iban a poder plasmarse en tal debate".

'Mayores Indignados' contra Goliat

Asimismo, aseguran que esta restricción es injusta, ilegal y constitutiva de una censura previa prohibida por la Constitución Española. La Asociación de Abogados Libres de Zaragoza ha recordado que Zaragoza cuenta con un ejemplo reciente resuelto por los tribunales, con clara analogía y razonamientos jurídicos aplicables. Se trata de la organización de una charla-debate en el Centro Cívico Delicias por la entidad “Mayores Indignados” prevista para el 23 de septiembre de 2017, cuya celebración en tal espacio fue suspendida a solicitud del Grupo parlamentario del Partido Popular.

El asunto fue finalmente resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón –Sala de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia 58/2018 de 14 de febrero de 2018)- dando la razón a las personas organizadoras con base en evitar incurrir en “una censura previa proscrita por el art. 20.2 de la 2 Constitución”, y estableciendo que “en la valoración de los intereses en conflicto son más prevalentes el ejercicio de los derechos constitucionales citados”.

Se determinó por el Tribunal que la celebración del debate entraba dentro del ejercicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 20 y 21 de la CE –derecho a la libertad de expresión y derecho de reunión-, por lo que se declaró nula la resolución que suspendió aquella charla. Lamentablemente, la decisión judicial llegó cuando los plazos procesales lo permitieron, y cuando el Grupo del Partido Popular –solicitante de la medida cautelar- ya había conseguido restringir de manera efectiva la celebración del acto en el local solicitado y, en consecuencia, se impidió a las personas afectadas el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de reunión.

Además, ALAZ recuerda que censurar está perseguido por el Código Penal en los artículos 538 y 542: “La autoridad o funcionario público que establezca la censura previa (…) incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta de seis a diez años”, y “pena de inhabilitación especial para empleo de cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”.

Incitación al odio hablar de derechos

Esta jornada pretende visibilizar casos como el de Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona imputado por un presunto delito de calumnias al denunciar que hay torturas en las cárceles catalanas. También se hablará de la querella contra Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, acusado de incitación al odio por cuestionar la versión policial sobre la actuación de los agentes locales en el fallecimiento de Mbaye. La jornada concluirá con una reflexión sobre la querella contra Idrissa Gueye, denunciado por el mismo delito por un sindicato policial zaragozano.

La censura que ha perseguido a estas jornadas no es nueva en Zaragoza y además del caso de "Mayores indignados", se pueden encontrar otros casos de censura como el del profesor Antonio Aramayona y la defensa de la educación pública o la prohibición de la concentración en apoyo a Gamonal en 2014.

Esta jornada ya ha dejado de ser tan solo un espacio para compartir diferentes luchas jurídicas, ahora se ha convertido en un lucha en sí misma, en un nuevo caso de restricción de derechos que a pesar de lo intentos de normalización de las instituciones no se encuentra amparado por la ley.

Para el Grupo de Derechos Civiles del 15M Zaragoza "las prohibiciones y censuras sufridas se convierten en otro argumento para la celebración de la charla, porque las mismas demuestran la necesidad y urgencia de actuar para denunciar estas arbitraridades". En este sentido, recuerdan algunas de las preguntas para las que se pretende aportar pistas en esta jornada y que cobran más sentido que nunca, después de estos hechos: "¿Cuál es la función de un Derecho democrático? ¿Fijar esos márgenes administrando querellas o garantizar la libertad de expresión garantizando una discusión libre? ¿Recurrir al Lawfare o defender el derecho a la crítica? La primera función parece gozar de buena salud. ¿Es posible la segunda?".

La represión de las manifestaciones de ideas u opiniones –incluso aquellas que “chocan, inquietan u ofenden al Estado o a un sector de la sociedad”, en términos del TEDH- sólo puede justificarse cuando tales prohibiciones o injerencias resulten necesarias para salvaguardar los bienes esenciales de la comunidad como la incitación a la comisión de delitos. Unos requisitos que difícilmente iba a provocar una jornada sobre derechos fundamentales.

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