El ya cercano final de legislatura certifica que el PSOE ni deroga, como prometió en elecciones, ni reforma, tras fracasar sus negociaciones parlamentarias, la conocida como Ley Mordaza. Otra oportunidad perdida para la protección de los Derechos Humanos en el Estado español.
Este martes se presentó en Madrid el informe "Criminalización del derecho a la protesta: patrones, actores e instrumentos" elaborado por el centro de investigaciones OMAL y coorganizado por Anticapitalistas y el grupo de la izquierda europea The Left. En el acto, estuvo presente Javier Aijón, uno de los seis de Zaragoza.
Según se ha acordado este martes en una reunión en el Congreso español, la negociación sobre la posible reforma de la Ley Mordaza continuará hasta el próximo martes, 31 de enero. Esto evidencia la división entre las fuerzas del Gobierno y EH Bildu, formación que señala que la reforma se ha vaciado de contenido.
Representantes de colectivos y organizaciones como No Somos Delito, Amnistía Internacional, Greenpeace, Iridia o la PDLI, se han concentrado este viernes en silencio frente a la sede del Congreso español para denunciar siete años de mordazas y exigir el fin de las devoluciones en caliente
Las reivindicaciones de varias entidades en defensa de los DDHH están alineadas con las preocupaciones expresadas en la carta remitida al Gobierno por la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović
La Policía española ha denunciado a Diego Díaz, director del medio, y a otras dos personas por la publicación de un artículo en el que cuestionaban una actuación policial
Representantes de diez entidades se unen a la plataforma No Somos Delito para reclamar cambios más profundos frente al Congreso en la semana clave en las negociaciones para la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana
Así lo denuncia la Plataforma No Somos Delito que valora la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de “tibia e incompleta” así como “poco garantista”. “Se seguirán socavando” derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión, información y a la intimidad.
No se podrá sancionar por la toma y difusión de imágenes, solo deberán comunicarse las manifestaciones de eventos previstos y las multas seguirán criterios de progresividad y proporcionalidad atendiendo a la capacidad económica de la persona sancionada
El actual presidente del gobierno del Estado español, Pedro Sánchez, se comprometió públicamente a derogar la Ley Mordaza, todavía no ha cumplido su promesa, y mientras, la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica siguen lejos de los estándares internacionales de derechos humanos, así lo entienden numerosas entidades de defensa de los Derechos Humanos.
Un activista de la PAH Fraga denunció a través de Facebook una identificación arbitraria racista el pasado 21 de junio. La Policía Local de Fraga decidió ese mismo día que una publicación en una red social era una infracción de la Ley Mordaza e interpuso una propuesta de sanción grave que ha llegado 10 meses después.
Amnistía Internacional lamenta que la sentencia del Tribunal Constitucional avale aspectos de la ley que no cumplen los estándares internacionales como determinados registros corporales, sancionar a quienes graban imágenes de Fuerzas de Seguridad, faltas de respeto a la autoridad y rechazos en frontera
El Tribunal Constitucional solo ha declarado la inconstitucionalidad del inciso "no autorizado" del artículo 36.23 de la ley, que prevé como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o integrantes de las FSE
Solo la ultraderecha, PP y Vox, se han posicionado en contra. La Ley Mordaza, aprobada en 2015 en solitario por el PP, lleva cinco años vulnerando derechos fundamentales, y en solo tres meses, ha sido la norma más empleada para sancionar a más de un millón de personas durante el estado de alarma.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha calificado como “muy mala noticia para la libertad de expresión” la confirmación, por parte del Tribunal Supremo español, de la pena de medio año de prisión a los raperos de ‘La Insurgencia’ por las letras de sus canciones
La plataforma antirracista recuerda cinco años después de la aprobación de la Ley Mordaza, que esta ley aún en vigor y que en el marco de la situación de crisis provocada por el COVID19, se está utilizando para imponer cientos de miles de sanciones sin que existan criterios claros para su aplicación
En el año 2015, el 84% de las sanciones de la Ley de Seguridad Ciudadana estaban relacionadas con la posesión droga. Este dato bajó al 64% en 2016 y subió al 69% en 2017. De éstas, la gran mayoría son por tenencia de cannabis en un lugar no visible y perteneciente a la esfera de la intimidad de la persona.
Todos los integrantes del grupo musical fueron identificados e instruidas diligencias por parte de la Guardia Civil en el acto organizado este domingo por la reapertura de Canfranc. Tras conocerse estos hechos, han sido muchas las personas y colectivos aragoneses quienes lo han denunciado.
La entrada en vigor de la LOSC ha supuesto la ampliación de la potestad sancionadora de la Administración, aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana, sin introducir mecanismos de control adecuados que impidan los abusos
Con un vídeoclip que parodia el último éxito de la cantante latina Jennifer López, la Plataforma ciudadana No Somos Delito ha lanzado la campaña #SinMordazasPaCuando para denunciar el retraso y el bloqueo de la paralización de las conocidas como leyes mordaza, y exigir su derogación definitiva
Las personas identificadas este domingo por hacer repicar las campanas de la parroquia de Altsasu durante el acto ultra convocado por "España Ciudadana" van a ser denunciadas por una "infracción grave" en aplicación de la ley de Protección de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza
Sara López Martín, letrada perteneciente al Grupo de Análisis Jurídico de 'No Somos Delito', volverá a transmitir en Sede Parlamentaria las demandas por parte de la Sociedad Civil para una nueva regulación que garantice la expresión de los derechos fundamentales "en vez de denigrarlos"
La Proposición de Ley (PL) presentada por Unidos Podemos ha contado con los votos a favor de PSOE, ERC, PNV, PDeCAT y Compromís; mientras que Partido Popular, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias han votado en contra. Cabe recordar que precisamente este asunto ha sido uno de los que se han incluido en el pacto presupuestario firmado por el Gobierno español y Unidos Podemos.
Recuerdan que no es necesaria una Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, ya que la mayor parte de los hechos regulados en la LPSC ya están contemplados en otras normas. Asimismo, añade que urge una normativa respetuosa con los derechos fundamentales que rompa definitivamente con la falsa dicotomía entre seguridad y libertad.
Su abogado, ha recordado que el Código Penal de un Estado aconfesional no está para proteger religión alguna, algo que sí sucedía con el Código Penal de la dictadura militar franquista. El auto del juez también incluye un comentario de 2015 sobre la Virgen del Pilar.
El tribunal consolida así la doctrina de imponer la condena mínima en los casos en el que se “enaltezca” a organizaciones denominadas “terroristas” que se encuentran “desmanteladas o inactivas”
Según afirma No Somos Delito, la jornada, que tendrá lugar este jueves en el Congreso, ha sido creada y consensuada por más de 40 organizaciones y colectivos de todo el Estado español, a la que se han adherido más de 200 entidades sociales y alrededor de mil personas y tiene como objetivo