Las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación de Aragón han unido fuerzas contra la regulación transitoria de las actividades complementarias y extraescolares aprobada por el Gobierno de Aragón. CGT, CCOO, STEA-i, UGT y CSIF rechazan la Orden ECU/1254/2026, de 18 de agosto, y exigen al Departamento de Educación una “negociación real” que garantice la seguridad jurídica de todo el profesorado.
El frente sindical responde directamente al discurso mantenido por el Departamento de Educación sobre los efectos de la nueva normativa. “Frente a los mensajes que el Departamento de Educación está difundiendo a la opinión pública, los sindicatos son rotundos: nuestra seguridad jurídica es lo primero y no se puede dar por resuelta con parches normativos que solo generan propaganda y más carga administrativa”, sostienen.
Las cinco organizaciones denuncian que, aunque la Administración asegura que la orden proporciona seguridad jurídica, la regulación “no supone ningún avance práctico ni aporta soluciones de fondo” a los problemas y responsabilidades que afronta el profesorado durante salidas, viajes de estudios o intercambios escolares.
A su juicio, la norma mantiene “las mismas condiciones precarias de cursos anteriores” y añade “un volumen inasumible de burocracia y papeleo” que dificulta la labor docente sin ofrecer a cambio garantías reales.
Una negociación que los sindicatos consideran pendiente
CGT, CCOO, STEA-i, UGT y CSIF recuerdan que la propia Orden ECU/1254/2026 reconoce su carácter transitorio y contempla la posibilidad de acordar condiciones de trabajo mediante la negociación colectiva.
Sin embargo, denuncian que cuestiones que afectan directamente a las funciones y responsabilidades del profesorado, su jornada laboral, los descansos o las compensaciones han quedado fuera de un “proceso negociador real”.
Por ello, las cinco organizaciones han vuelto a solicitar por escrito a la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación la apertura inmediata de una mesa de negociación.
“Nuestra seguridad jurídica es lo primero. La Administración no puede pretender que el profesorado asuma responsabilidades en salidas y viajes escolares sin un marco laboral garantista, negociado y con verdaderas coberturas”, recalcan conjuntamente.
Seguridad jurídica, voluntariedad y condiciones laborales
El frente sindical plantea cuatro grandes exigencias. La primera es una regulación definitiva que garantice realmente la protección jurídica del profesorado durante cualquier actividad desarrollada fuera del recinto escolar.
También reclama que se garantice expresamente la voluntariedad. Los sindicatos recuerdan a centros y equipos directivos que la participación del profesorado en estas actividades es “estrictamente voluntaria”, tal y como establece la normativa de organización y funcionamiento.
La tercera reivindicación pasa por negociar formalmente las condiciones laborales asociadas a estas actividades, con una regulación clara de la jornada, los tiempos de descanso, las compensaciones y la cobertura de los riesgos asumidos durante las salidas.
Finalmente, CGT, CCOO, STEA-i, UGT y CSIF exigen eliminar el “exceso burocrático” introducido por la regulación y suprimir el papeleo que, denuncian, entorpece el trabajo pedagógico sin aportar una mayor seguridad.
Centros que mantienen la suspensión de las extraescolares
La respuesta sindical llega con el curso recién comenzado y con la nueva regulación sin haber conseguido cerrar el conflicto en los centros. AraInfo contó esta semana cómo el Claustro del IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva decidió no realizar actividades complementarias y extraescolares durante todo el curso 2026-2027 después de analizar la orden aprobada por Educación.
El claustro denunció que la regulación “no responde a las demandas que el profesorado venía planteando” y que, lejos de simplificar los procedimientos y aclarar las responsabilidades, aumenta la burocracia y mantiene una importante responsabilidad sobre el profesorado y, especialmente, sobre los equipos directivos.
La decisión del Martina Bescós fue seguida por nuevos anuncios de centros que renunciian a programar este tipo de actividades durante el nuevo curso, prolongando así una protesta que ya llevó a numerosos colegios e institutos aragoneses a suspenderlas durante el pasado curso.
Las advertencias tampoco son nuevas. CGT denunció antes del verano que Educación acudió a la Mesa Sectorial sin una propuesta propia para resolver la inseguridad jurídica y reclamó protocolos, cobertura jurídica, ratios, descansos y compensaciones. Tras publicarse la orden, STEA-i la calificó de “insuficiente” y advirtió de que incorporaba nuevos procedimientos y responsabilidades sin garantizar suficientemente la protección jurídica, los recursos o la compensación del tiempo de trabajo.
“La falta de amparo a los profesionales”
Los cinco sindicatos recalcan que su rechazo a la orden no cuestiona la importancia pedagógica de las actividades complementarias y extraescolares ni la autonomía de los centros educativos. El problema, insisten, es “la falta de amparo a los profesionales” encargados de hacerlas posibles.
CGT, CCOO, STEA-i, UGT y CSIF anuncian que mantendrán la presión sindical hasta conseguir una regulación “definitiva, pactada” que sitúe en el centro los derechos y la protección del personal docente.
